Consulta popular 2024 | Las preguntas desmenuzadas: ¿era urgente llamar a las urnas?

El presidente Daniel Noboa entregó la propuesta de las 11 preguntas y los anexos para la consulta popular a la Corte Constitucional, el 2 de enero de 2024. Los planteamientos han provocado un amplio debate entre expertos que halagan y cuestionan la iniciativa de democracia directa.

La jueza ponente, Teresa Nuques, está a cargo de realizar el análisis de cada una de las preguntas, en materia constitucional. Es decir, que se cumplan los parámetros establecidos en la norma y en la Constitución.

Luego de pasar ese filtro, el Presidente notificaría al Consejo Nacional Electoral (CNE) el inicio del proceso electoral, que se concretaría a finales de marzo, dependiendo de los tiempos de la Corte.

La primera pregunta es la única que se conocía antes de la difusión de la consulta. El Presidente y la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, explicaron previamente la necesidad de que las Fuerzas Armadas incidan en acciones contra las organizaciones criminales.

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El anexo indica que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) definirá las zonas en las que intervendrán las Fuerzas Armadas, la delimitación de las acciones para prevenir y erradicar la actividad, y los mecanismos de fiscalización del cumplimiento de los derechos humanos.

El experto en seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Daniel Pontón, considera que darle al Cosepe la posibilidad de definir qué es la 'prevención' puede ser discrecional, porque es un concepto ambiguo. Lo mismo en cuanto al criterio sobre derechos humanos. Explica que no aterrizar en qué casos actuaría las Fuerzas Armadas podría ser hasta peligroso.

El decano de la facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEK, Esteban Ron, explica que propuestas similares ya se han aplicado en otros países como Colombia o El Salvador, en el sentido de que se identifican "zonas calientes" y se ordena la intervención.

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El abogado considera que sí era necesario tramitar esta pregunta vía consulta popular porque se necesitaba dictamen previo de la Corte Constitucional.

La segunda pregunta no incluye anexos. Es una de las que más dudas ha provocado entre los analistas porque consideran que no es necesario consultarse algo que ya se está ejecutando.

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El abogado Ron considera que con la Ley de Seguridad Pública y del Estado se podrían amparar esas acciones. Es decir, en ese caso en específico se trataría principalmente de voluntad política, ni siquiera dependería de alguna reforma legal.

En el anexo de la tercera pregunta consta que si llegara a aprobarse, en cinco días, se remitirá el proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la Asamblea deberá tramitarlo en 60 días.

Para el docente universitario, en ese mismo texto está la clave de qué camino pudo utilizarse para conseguir el objetivo: presentar un proyecto de ley.

Sin embargo, considera que en esa norma no se respeta el principio jurisdiccional de que todos sean tratados de la misma manera, tanto uniformados como civiles.

A criterio de Pontón, ya hay las garantías necesarias para militares, policías y guías penitenciarios en la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza, cree que esa pregunta es una manera de atender los requerimientos de las fuerzas del orden.

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El anexo de esta pregunta tiene el mismo sentido que el de la anterior. Para Esteban Ron "lo único que buscan es ganar legitimidad", es decir, es una de las preguntas que popularmente tendrá un importante grado de aceptación.

Sin embargo, el especialista Pontón sí está de acuerdo en que se aumenten las penas para casos como secuestro extorsivo o terrorismo, puesto que son los nuevos retos en materia de seguridad.

Ximena Ron, abogada constitucionalista y experta en política, explica que el trámite nuevamente debe llegar a la Asamblea Nacional y cumplir el trámite convencional, por lo que no se logra mayor cosa convocando a las urnas.

En 12 casos no existirán medidas sustitutivas:

Esteban Ron cree que la Corte Constitucional también puede observar esta pregunta porque habría un trato diferenciado para quienes cometan esos delitos. No hay opción de beneficiarse de esas medidas, a pesar de que los presos podrían padecer de enfermedades catastróficas.

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Nuevamente, es un planteamiento que se resuelve vía proyecto de ley en la Asamblea Nacional.

No está claro cómo la reforma legal cambiaría lo que ya está establecido en la Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios. Los detalles se conocerían una vez que se remita el proyecto de ley al Legislativo

En este ámbito, nuevamente el cuestionamiento es que pudo hacerse un proyecto de reforma. Sin embargo, las observaciones van más allá.

Las armas utilizadas por delincuentes no tienen las características necesarias para que puedan ser aprovechadas por las fuerzas del orden, porque no hay garantías de que cumplan con los estándares.

Eso puede implicar que los uniformados corran riesgos al manipular ese tipo de objetos.

Con esta pregunta, Ximena Ron cree que se aprovecha la coyuntura actual, producto del caso Metástasis, que da cuenta de una red de corrupción alrededor del sistema judicial, para que la consulta tenga respaldo popular.

Esteban Ron, en cambio, dice que la Contraloría ya tiene a cargo esa función y que dependería de que el Consejo de la Judicatura solicite un examen especial para que se haga esa evaluación a fondo, nuevamente es cuestión de voluntad política.

Los especialistas explican que la simplificación de los procedimientos nuevamente es un trámite que se puede hacer con una reforma legal, propuesta en la Asamblea.

El único sentido que podría tener incluirlo en la consulta popular es acelerar el trámite para que en el Parlamento no se extienda la discusión y se ponga a la cola.

En la décima pregunta hay un cuestionamiento de fondo, asegura el constitucionalista Esteban Ron.

"Mientras el Ecuador reconozca ciudadanía universal, no puede aprobarse", indica y añade que es una propuesta discriminatoria que no cabe en un Estado en que extranjeros y nacionales tienen los mismos derechos.

Considera que la Corte Constitucional seguramente cuestionará esa propuesta por ir en contra de derechos.

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Esta pregunta generó dudas porque no se esperaba. En 2011 los ecuatorianos ya se pronunciaron en un plebiscito, determinando la prohibición de negocios relacionados con juegos de azar.

Ahora, Noboa plantea la reapertura de este tipo de negocios, argumentando que se han perdido oportunidades de trabajo.

Los expertos constitucionalistas explican que sí puede volver a consultarse lo que ya se preguntó, sobre todo porque ahora se incluye a casas de apuestas, un negocio que ya ronda en el país.

Sin embargo, Daniel Pontón, dice que los estudios de seguridad revelan que esas compañías se utilizan para lavar dinero de actividades ilícitas.