El primer año de conflicto armado interno desgastó a las FF. AA, aunque la violencia disminuyó

El 9 de enero de 2024 se convirtió en una fecha difícil de olvidar para los ecuatorianos por el secuestro en vivo a los trabajadores de TC Televisión y la posterior declaratoria de conflicto armado interno, en medio de reportes de masacres y atentados a escala nacional.

A un año de ese día, la imagen de las Fuerzas Armadas, entidad a cargo de las operaciones militares contra grupos declarados como terroristas, se ha desgastado, principalmente por la desaparición de los cuatro niños en Guayaquil, tras ser detenidos por una patrulla militar, así como otras denuncias de abusos a los derechos humanos, reportadas por organizaciones sociales.

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Sin embargo, las masacres y sicariatos han disminuido. En la cifra de asesinatos, en este año hay un 18 % menos respecto de 2023, aunque el 2024 todavía es el segundo año más violento de la historia de Ecuador.

Ayer se cumplió un mes de la desaparición y posterior asesinato de Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años. De las circunstancias de su muerte se conoce poco, pero hay la certeza de que una patrulla militar los detuvo y los trasladó hasta Taura.

En un video quedó registrado cómo los uniformados aprehenden a uno de los adolescentes, mientras otro está en la parte posterior de la camioneta, y ambos son golpeados.

La participación de los miembros de las Fuerzas Armadas en ese hecho ha provocado la indignación de políticos, líderes de opinión, defensores de derechos humanos y de la ciudadanía en general. Pero, no solo ha sido criticado el accionar, sino también la respuesta de las autoridades del Gobierno y de la cúpula militar.

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Los familiares de los niños han mostrado su preocupación por la cadena nacional en la que aparece el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, rodeado de militares, pidiéndoles una disculpa, pero rechazando la decisión de la jueza Tanya Loor. En entrevista con Televistazo, contaron que sus hijos continúan siendo estigmatizados y señalados como delincuentes.

Caroline Ávila, experta en comunicación gubernamental y estratégica, explica que al principio de la crisis hubo un doble discurso por parte de las autoridades: primero dijeron que era falso que los militares se llevaron a los niños, y luego aceptaron su participación. A criterio de la experta, desde ese momento se ponía en tela de duda cualquier pronunciamiento sobre el tema.

Lo grave es que el caso Las Malvinas no es el único. En la Asamblea Nacional se conocieron otros cinco casos de desapariciones en el contexto del conflicto armado interno, tras supuestos allanamientos militares.

Lina María Espinosa, abogada defensora de derechos humanos, cuenta que ha conocido denuncias de tortura, uso abusivo de la fuerza y hasta ejecución extrajudicial, en casos en los que presuntamente podrían estar implicados servidores de las Fuerzas Armadas.

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Dice que los uniformados no tienen una adecuada formación en derechos humanos ni están capacitados para actuar en medio de un conflicto armado interno.

Sin embargo, Guillermo Donoso, experto en defensa y exoficial de la Armada, dice que a partir del decreto se actualizaron las manuales de las operaciones militares, para que el personal entienda cómo responder ante la guerra contra terroristas.

Aunque la situación de Ecuador, en materia de seguridad y violencia, todavía es crítica, siendo una de las naciones más peligrosas de la región, el último año hubo una disminución de muertes violentas en un 18 %, según la Policía Nacional.

Sin embargo, los analistas creen que no se podría atribuir únicamente a la declaratoria de conflicto armado interno, sino también a los repetitivos estados de excepción. En 2024 se decretaron ocho.

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En cuanto a la crisis carcelaria, las matanzas también han disminuido, pero los casos no cesan del todo, pese a que las Fuerzas Armadas tienen el control en los recintos penitenciarios. Por ejemplo, en noviembre hubo una masacre con 17 muertos.

El principal objetivo del decreto 111, del conflicto no internacional, es acabar con los grupos terroristas, algo que no se ha logrado y que en cada estado de excepción el Gobierno reconoce que es un problema latente, relacionado con el narcotráfico. Además, hay delitos como el secuestro y la extorsión que no se han logrado mermar.