Cómo se convirtió Guayaquil en una de las 24 ciudades más violentas del mundo
En un año la ciudad porteña pasó del puesto 50 al 24, según informe mexicano, sobre las ciudades más violentas del mundo
Las muertes violentas en Guayaquil no cesan. Una realidad que la ha ubicado en el ranking de las ciudades más violentas del mundo, según el informe elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, organismo que recopila a nivel internacional la situación de criminalidad. Guayaquil ingresó por primera vez en 2021 ocupando el puesto 50, pero un año más tarde pasó al lugar 24.
El informe solo toma en cuenta a las ciudades con más 300.000 habitantes, por lo tanto, no contempla a otros territorios de Ecuador también marcados por la violencia como Esmeraldas. Lo cierto, es que tan solo en un año Guayaquil escaló 26 puestos en el listado de criminalidad, ¿cómo llegamos hasta aquí? y ¿cómo cambiar esta situación? Esto es lo que dicen los expertos.
Crimen trasnacional cambia
Desde el año 2018 en adelante la tasa de criminalidad aumentó drásticamente en Ecuador. En ese año la tasa promedio se ubicó en 5 homicidios por cada 100 mil habitantes. Mientras que, en 2022, la tasa llegó a 25,32, es decir, se quintuplicó.
Para Fernando Carrión, experto en seguridad, aquello se debe a diferentes factores, uno de esos fue el cambió de la dinámica del delito, pues hubo una reestructuración de los carteles y mafias, "se construyeron lo que yo domino como 'holdings', por ejemplo, los mexicanos como Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, se fortalecieron estableciendo formas de articulación con grupos locales".
Lo que implicó que el comercio se terciarizó para el transporte de la droga dentro del territorio. A ello, se añadió, de acuerdo a Carrión que las organizaciones empezaron a pagar no con dinero, sino con droga "esto hizo que los grupos deban organizarse mejor para entrar en el mercado local, lo cual condujo a hechos de violencia de unas bandas con otras".
En resumen, las bandas locales comenzaron a tener otras funciones en las alianzas con el crimen trasnacional.
Se modifica el marco institucional
A este contexto, dice Carrión, se sumó que en 2018 se modificó el marco institucional en cuanto a la seguridad. El ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encargado de las cárceles, fue eliminado, además, "el ministerio del Interior, encargado de la seguridad y la Secretraría de la Política cayó en un solo ministerio, el del Gobierno, además, se contrajeron los presupuestos", expone.
Aunque en marzo de 2022, el presidente Guillermo Lasso decretó la creación de dos carteras de Estado, es decir, se volvió a dividir para según dijo 'fortalecer' la seguridad ciudadana y la gestión política.
Sin embargo, la espiral de violencia tuvo su peor versión en las cárceles, donde desde 2020 han muerto más de 400 presos en distintas matanzas, la peor ocurrió en 2021, en la Penitenciaria del Litoral, cuando 123 reos fueron asesinados.
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Desde entonces, las formas de violencia también se encrudecieron en las calles, al igual que la presencia de otras modalidades para cometer delitos como las extorsiones, secuestros y uso de explosivos, que antes no se registraban en el país. Tal es así que, en la Zona 8, entre 2022 y hasta enero de 2023, se registraron 14 casos de cuerpos desmembrados.
¿Por qué Guayaquil?
La posición geográfica de Guayaquil también cumple un rol estratégico para el narcotráfico.
Según el último Informe Mundial sobre Drogas de las Naciones Unidas, Ecuador es el tercer país del mundo en el que más droga se incauta, detrás Estados Unidos y Colombia, pero el puerto de Guayaquil es el segundo punto de partida más importante del Pacífico para el envío por mar de cocaína fuera de América del Sur.
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Carrión complementa el panorama con otras cifras, según sus datos, desde Guayaquil sale el 65% de todo el ingreso de droga que ingresa a Ecuador, y a ello se suma que la producción de cocaína también se realiza en territorios nacionales como: Guayas, Esmeraldas, Sucumbíos, Santo Domingo, menciona.
Es por eso, que el puerto ubicado en el sur de la ciudad, se ha convertido en un territorio muy disputado por las bandas delictivas y que ha sido intervenido por los militares en múltiples ocasiones.
La impunidad
En los últimos años también se ha cuestionado al trabajo de la justicia que, a criterio del analista "es preocupante". Un claro ejemplo fue la reciente salida de Junior Roldán, alias 'JR', uno de los líderes de Los Choneros obtuvo la libertad, pese a su largo historial criminal.
Pero, no es la primera vez que jueces liberan a lideres de bandas. En 2021, Antonio Benjamín Camacho, alias 'Ben 10', identificado como uno de los cabecillas de los Chone Killers, también salió de la cárcel luego de que un fiscal se abstuviera de acusarlo.
Para Daniel Pontón, sociólogo experto en seguridad, la impunidad es la base de los males que estamos viviendo en la actualidad. En la misma línea, Carrión agrega que según las estadísticas revisadas, "la impunidad no es solo el hecho que se sancione jurídicamente a una persona, sino que esa persona bajo cualquier mecanismo salga, pero para llegar a ser sancionado en Ecuador es francamente imposible", lamenta.
¿Hay soluciones?
Ambos analistas cuestionan que el discurso del Gobierno sobrepone la lucha contra las drogas cuando el origen del problema también es social y estructural, por ello, Pontón dice que es necesario intervenir los sectores marginales para evitar el crecimiento de la violencia, "el gobierno nacional debe liderar una política pública integral".
Se debe trabajar, menciona, en otros frentes, como la labor policial, pero sobre todo la investigación criminal y la inteligencia, para que la Fiscalía tenga insumos para iniciar investigaciones y la justicia lo pueda juzgar, señala Pontón.
"La violencia empieza a ser un elemento degradante del desarrollo de la economía del país, una buena política de seguridad es una buena política económica, pero el Régimen no entiende eso", expresa analista de seguridad.
Por otro lado, Carrión apunta a que es necesario un gran encuentro entre el Gobierno y las nuevas autoridades provinciales electas, "un sistema nacional de seguridad donde estén incorporados municipios, juntas parroquiales y consejos provinciales porque la violencia tiene una geografía y la segunda es la prevención".
Mientras que el Gobierno aún se encuentra en el diagnóstico y con promesas por cumplir como dar más recursos a la policía o la implementación de escáneres en los puertos, las muertes violentas en la urbe porteña no cesan.
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