La alianza legislativa de RC, PSC y ADN queda en vilo tras las polémicas reformas al COIP

El pacto político en la Asamblea Nacional que incluía a la Revolución Ciudadana (RC), Partido Social Cristiano (PSC) y Acción Democrática (ADN) está en su punto más crítico. La raíz está en las discrepancias que provocaron las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Aunque los desacuerdos entre las bancadas se hicieron públicos días antes y era previsible que no habría consensos, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, convocó a sesión para continuar el debate y llamar a votación. Fue ahí, el pasado jueves 22 de febrero de 2024, que los desencuentros entre asambleístas escalaron a desplantes y acusaciones.

La Revolución Ciudadana tiene el control en la Comisión de Justicia y fue el presidente de esa mesa legislativa, Fernando Cedeño, quien incluyó de último momento las reformas cuestionadas.

Específicamente el planteamiento de que ciertas instituciones, como la misma Asamblea, puedan acceder a información reservada que maneja la Policía o Fiscalía en etapa de investigación previa.

Pero la reforma más polémica que se incluyó fue la de ampliar las causales para revisión de sentencias, dando la oportunidad de que condenados se beneficien si hay pronunciamientos de organizaciones internacionales. Cientos de voces de expertos advirtieron que esa era una medida que parecía "hecha a la medida", según detalla el penalista Pablo Encalada.

La primera respuesta de los legisladores del correísmo fue negar que exista la intención de beneficiar a su líder, el expresidente Rafael Correa. Luego presentaron una moción ante el pleno que agrupaba en un bloque los artículos polémicos, sin embargo, se mezcló entre incisos claves a la disposición general, que también normaba las revisiones de las causas.

La bancada Construye, que no forma parte de la alianza legislativa, fue la primera en informar lo que el correísmo pretendía aprobar. Solo a partir de esa alerta reaccionó el Partido Social Cristiano haciendo el primer señalamiento en contra de esas propuestas.

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Sin embargo, la RC responde al PSC que sabían sobre el contenido del informe para el segundo debate. De hecho, el jefe de bancada, Vicente Taiano, es miembro de la Comisión de Justicia, aunque él argumenta que no estuvo presente en la sesión en la que se aprobó el documento.

Por otro lado, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, que también pertenece al PSC, fue criticado por suspender el debate sin que haya consensos, con eso dificulta que las reformas se apruebe, pues solo podrá reinstalarse la sesión para votar la moción pendiente, del oficialismo.

De hecho, el asambleísta Jorge Acaiturri, del PSC, mostró su inconformidad con las decisiones del procedimiento parlamentario, por ejemplo, cuestionó que se haya aceptado la moción de ADN de votar en cuatro bloques.

Además, Henry Kronfle no dirigirá la Asamblea la semana que empieza porque estará de viaje en Europa, eso significa que el correísmo tomará el control con la primera vicepresidenta, Viviana Veloz.

El correísmo también lanza los dardos contra ADN porque asegura que la intención de esa bancada es que las reformas que tienen relación con la consulta popular del presidente Daniel Noboa no se aprueben en la Asamblea Nacional, sino en las urnas.

Varios miembros de ADN abandonaron la sala, junto al correísmo, cuando llegó la hora de mocionar la propuesta de su asambleísta, María Fernanda Araujo, lo que provocó que no haya cuórum y se cancele la sesión.

Araujo es integrante de la Comisión de Justicia, es decir, también debió revisar el documento antes de que llegue al Pleno.

Los 60 días que tiene el Legislativo para tramitar las reformas al COIP coinciden con la consulta popular de Daniel Noboa que será el domingo 21 de abril.

ADN también es cuestionado porque el oficialismo entregó la Comisión de Fiscalización al correísmo sin cuestionamientos.

La comunicación oficial de la Asamblea ya difundió las sesiones del Pleno que están previstas y en ninguna se incluyo la 900, relacionada con las reformas.

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Encalada explica que si bien es mejor dejar la norma como está porque podrían provocar vacíos jurídicos, cree que esa era una norma importante para la ciudadanía, que el Legislativo desatiende.