Cinco claves sobre el conflicto en el Consejo de Participación Ciudadana

La polémica en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social continúa. La crisis estalló el pasado miércoles 9 de febrero de 2022, luego de que cuatros integrantes del Consejo en una sesión autoconvocada, votaran a favor de remover a Sofía Almeida de la presidencia y a David Rosero como vicepresidente.

Acto seguido: Los consejeros designaron como nuevas autoridades a la cabeza de la institución a Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira.

Así las imágenes de la pugna retrataron desde limpias hasta miembros de la Policía Nacional resguardando las instalaciones del organismo. Por su parte, Sofía Almeida, acusó a Ulloa de "usurpar" funciones, y hasta ahora, se mantiene en las instalaciones del organismo junto a Rosero y Javier Dávalos, quienes respaldan su cargo.

Pero ¿quién arreglará el conflicto? ¿para qué fue creado este organismo? ¿puede eliminarse? Veamos.

OBJETIVO SIN EFECTO

En la Constitución de la República de 2008 se estableció la creación del CPCCS. Mauricio Alarcón, director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), explica que, pese a que originalmente fue creado para evitar la partidización en la designación de las autoridades de control, la cura resultó peor que la enfermedad, "el Consejo le ha quedado debiendo al país, las pugnas se profundizaron y dieron como resultado una institución inservible".

Por su parte, Mónica Banegas, exconsejera del organismo, resalta que los problemas del Consejo se agudizaron con la consulta popular realizada en 2018, "cuando decidieron que los consejeros ya no llegarían a los cargos por concurso de mérito y oposición, sino a través de voto popular".

Para Banegas la decisión fue "absurda", ya que al mismo tiempo "se les pedía no hacer proselitismo político, pero no se entiende cómo pueden conseguir los votos ciudadanos sin una organización política que los auspicie", manifiesta. Aquello provocó que al llegar al cargo no puedan ser independientes como fue el objetivo original del organismo. "Ahora se ha convertido en una Asamblea Nacional pequeña donde se pretende hacer control político al Ejecutivo, o al revés, que el Ejecutivo coapte a este organismo".

DESIGNACIONES PENDIENTES

El organismo, entre otras facultades, está a cargo de las designaciones de 11 instituciones, entre ellas, las autoridades en el Consejo Nacional Electoral (CNE), Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Superintendente de Compañías, etc.

Entre los argumentos de la nueva mayoría para reemplazar a Almeida fueron precisamente las irregularidades en los procesos de designación de autoridades. Un ejemplo de ello es el cambio de dos vocales del CNE que, por denuncias sobre el proceso, la designación no avanza, pese a que debió terminar en noviembre de 2021.

Una situación similar sucede con la designación del nuevo contralor, la fecha límite era marzo de 2022, pero actualmente está suspendido debido a las denuncias de irregularidades.

¿FUE ILEGAL?

Tanto Almeida como Ulloa se ampararon por diferentes jueces para alegar la presidencia del organismo. Alarcón señala que debido a ello es complejo hablar de los fundamentos jurídicos, "ninguna de las decisiones tomadas es cien por ciento legal y se han valido de las instituciones de garantías constitucionales para no soltar el poder".

Frente a la acción tomada por los cuatro consejeros, Sofía Almeida sostuvo que era "ilegal". El abogado constitucionalista Ismael Quintana, discrepa, aunque sí cuestiona la forma en cómo que se hizo la convocatoria, pues la facultad recae solo sobre presidente o vicepresidente del organismo. "La remoción no es ilegal, lo irregular es la autoconvocatoria", precisa.

Alarcón también menciona que los vacíos legales que existen se han prestado para el conflicto. Quintana explica que "la Constitución no determina los modos de remover a las dos autoridades del CPCCS. Han aplicado el Código Orgánico Administrativo, cuyo artículo 55 permite la remoción de autoridades en órganos colegiados".

¿QUIÉN ARREGLARÁ EL CONFLICTO?

Banegas y Alarcón concuerdan que la crisis que se vive en el Consejo deberá ser solucionada por la Asamblea Nacional e instancias superiores como la Corte Constitucional.

Así lo reitera Banegas: "La Asamblea es el organismo que le corresponde arreglar la pugna interna".

¿SE PUEDE ELIMINAR?

Entre una de las ofertas de campaña del presidente Guillermo Lasso, figuraba la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana.

Pero aquello no es posible, al menos, no, sin una reforma parcial a la Constitución. "No puede eliminarse mediante consulta popular, y la Corte ya estableció que la vía es una reforma a la Constitución, por mucho que se hagan estos anuncios en la práctica son inviables", explica Alarcón.

En 2023 también se deberá elegir a los nuevos consejeros, recuerda Banegas, quien asegura que mientras no se tome una decisión sobre el Consejo y siga existiendo, "claro está que habrá los interesados en postularse al nuevo Consejo".