En Ecuador los fiscales no tienen garantías para investigar narcotráfico

Ecuador vuelve a estar de luto. El asesinato de César Suárez, fiscal de la Unidad Nacional Especializada de Investigación Contra la Delincuencia Organizada (Unidot-G), ha causado conmoción en el país y a 10 días días de la declaratorio de conflicto armado.

Por ello, desde ayer, el cuestionamiento que ronda a su muerte es ¿por qué no estaba resguardado?

En un pronunciamiento, la Fiscalía informó que hasta mayo de 2023 el agente contó con resguardo policial a cargo de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional, momento en el cual la seguridad pasó a estar a cargo de las unidades policiales específicas de los casos que investigaba. Además, sus familiares confirmaron que no tenía resguardo permanente e incluso denuncian que fue engañado para que abandonara su vivienda.

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Para expertos en seguridad, el asesinato del fiscal pone al descubierto (nuevamente) las deficiencias en la protección de funcionarios que ocupan cargos vulnerables. Consideran un error que haya sido el propio fiscal quien decidiera prescindir de un escolta, una medida que debió rechazar su resguardo, dicen, que por prevención debió tener seguridad permanente, incluso, en su casa dado los casos que investigaba. Aquí los detalles.

A seis meses del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, la seguridad proporcionada por el Estado vuelve a ser objeto de escrutinio. Villavicencio, quien tenía un riesgo del 97% de sufrir un ataque debido a sus denuncias sobre narcotráfico, quedó expuesto el día de su muerte sin un vehículo blindado ni un perímetro de seguridad adecuado.

Para Jean Paul Pinto, experto en la materia, al igual que el excandidato, el fiscal Suárez requería seguridad especializada, "el fiscal tenía casos muy delicados, un informe de seguridad seguramente habría determinado que, además, de un carro blindado habría necesitado un dispositivo de tres a cinco elementos que los acompañaran siempre".

Suárez había sido el fiscal designado para investigar el caso de terrorismo en TC Televisión, incluso, ya había entrevistado a los 13 detenidos supuestos integrantes de la banda criminal Los Tiguerones. Sin embargo, según el comandante de la Zona 8, Víctor Herrera, el agente no había solicitado una actualización del análisis de riesgo por lo que no contaba con seguridad permanente.

Sobre el caso, María Fernanda Noboa, catedrática y experta en seguridad, enfatiza que el país carece de una estrategia preventiva, señalando la ausencia de una visión anticipada y alertas tempranas. A su criterio, el fiscal debía contar con cápsulas de seguridad en sus desplazamientos al ser una persona de alto riesgo.

En ese sentido, Pinto agrega que, así funciona en países como México, donde los fiscales se desplazan en vehículos blindados y cuentan con guardaespaldas.

Por ello, Pinto y Noboa cuestionan la justificación de Fiscalía y Policía, de que el magistrado habría informado no necesitar resguardo dado que tenía una audiencia telemática, "él no puede decir que no necesita seguridad, es su dispositivo quien lo decide".

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En la misma línea, Noboa destaca que tanto la Fiscalía como la Policía "deberían tener responsabilidad sobre estos actores estratégicos de elevada vulnerabilidad y no pueden tirarse la bola entre uno y otro".

Lo cierto es que la amenaza a los fiscales no es nueva. En agosto de 2022, Insight Crime, portal especializado en crimen organizado y seguridad en América, ya advertía sobre la realidad de los fiscales, como “blancos de asesinatos selectivos” en Ecuador.

Según el Ministerio del Interior, las solicitudes de evaluación de riesgos para funcionarios judiciales aumentaron de 51 en 2022 a 700 en el siguiente año.

Una de esas víctimas fue Leonardo Palacios, fiscal de Guayas, fue asesinado el 1 de junio en 2023, luego de salir de una audiencia en Durán. En ese entonces, fue el noveno ataque armado contra un operador del sistema judicial en el año anterior.

Sin embargo, cuatro meses después, el 5 de octubre, la Fiscalía informó sobre el asesinato de Genaro Reascos, fiscal de Babahoyo.

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Ahora, tras el crimen del fiscal Suárez, el Consejo de la Judicatura (CJ) dispuso que todos los funcionarios administrativos y jurisdiccionales de la provincia del Guayas se acojan al teletrabajo.