Desde los tanques en la Corte Suprema al caso Purga; 40 años de politización de la justicia

La gran tragedia del Ecuador desde el retorno a la democracia ha sido la politización de la justicia. Por eso es que el país soporta altos niveles de corrupción e impunidad que ahora se manifiestan en la degradación de policías, fiscales, jueces y políticos. ¿En qué momento al crimen organizado se le hizo tan fácil entrar en la justicia nacional? El programa Políticamente Correcto, del pasado 9 de marzo de 2024, hizo una radiografía el sistema judicial en los últimos 40 años.

En 1984, el entonces presidente, León Febres Cordero, rodeó con tanques la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? El Congreso de la época decidió dar por terminado el período de los altos magistrados, tras un cambio en la Constitución que reducía su periodo de seis a cuatro años.

La Izquierda Democrática (ID), Democracia Popular (DP), el Partido Demócrata (PD), el Frente Amplio de Izquierda (FADI) y otros, conformaron un gran bloque de 46 congresistas opositores al gobierno de derecha. Cambiar a los magistrados suponía que la ID tuviera una mayoría en la Corte que respondería a sus intereses políticos y no a los de Febres Cordero. Por eso el mandatario decidió impedir que los nuevos jueces asumieran sus funciones.

Luego de una negociación política entre el Gobierno y el Congreso, los nuevos jueces se quedaron en la Corte. Cuando se le preguntó al exmandatario, fallecido en 2008, sobre su proceder con los tanques, respondió: "Mi deber era respetar y hacer respetar la Constitución; es decir, permitir que esa Corte cesada inconstitucionalmente termine su periodo de seis años".

La pugna por el sistema de justicia había comenzado y este estuvo sometido al control de cuatro partidos políticos: el Partido Social Cristiano (PSC), el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), la Izquierda Democrática (ID) y la Democracia Popular (DP).

En 1994 y 1995, el presidente Sixto Durán Ballén convocó a dos consultas populares donde se intentó cambiar la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura y conformar un nuevo tribunal de Garantías Constitucionales. Sixto, sin embargo, perdió la consulta de 1995 en todas las preguntas, el 44% de los votos ciudadanos fueron en su contra.

El 25 de mayo de 1997, Fabián Alarcón también impulsó una consulta popular que salió victoriosa. Además de reafirmarse en el cargo tras la destitución de Abdalá Bucaram, el presidente interino preguntó sobre crear el Consejo de la Judicatura, comisiones especiales para nombrar jueces, así como un nuevo reglamento de selección y evaluación de magistrados y dio paso a la nueva Constitución de 1998.

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En 1998, y antes de poner en vigencia la nueva Constitución de ese año, el Congreso, que tenía como presidente a Heinz Moeller, mano derecha de León Febres Cordero, decidió designar "por última vez" a los nuevos jueces para la Corte Suprema de Justicia.

Para entonces, regía una acuerdo programático entre el PSC y la DP, que apoyados con el FRA de Alarcón, podría incidir en el nombramiento de la mayoría de magistrados a su favor. Luego, la nueva Constitución de 1998, inspirada en la consulta de 1997, dispuso que a partir de su publicación, la Corte Suprema tenía total libertad para elegir a sus miembros directamente bajo un sistema de designación por cooptación.

Para los años 2003-2004, la prensa, en especial diario El Comercio, había denunciado de manera sistemática la desproporcionada influencia que Febres Cordero, para entonces diputado por Guayas, tenía en la Corte Suprema de Justicia, pese a que en ella ya regía el sistema de cooptación.

Por otro lado, el gobierno de Lucio Gutiérrez era frecuentemente acorralado por la desestabilización y las amenazas de juicios políticos que la oposición, (PSC, ID y Pachakutik) con más de 40 congresistas en total, impulsaban en su contra.

Para diciembre de 2004, Gutiérrez decidió acordar un pacto legislativo con el PRE, de Abdalá Bucaram, y el PRIAN, de Álvaro Noboa, para formar una nueva mayoría de 33 representantes, además de las bancadas minoritarias e independientes.

Como parte de la alianza legislativa, mediante un congreso extraordinario convocado por Gutiérrez, se decidió cesar en sus funciones a la Suprema Corte de entonces (la de 1998) y nombrar una nueva que rápidamente anuló los juicios en contra de Abdalá Bucaram, Gustavo Noboa y Alberto Dahik; los tres regresaron a Ecuador.

En aquel momento, la policía desalojó a los magistrados por la fuerza mientras se posesionaban los que, de manera inconsulta, había nombrado el Congreso presidido por el roldosista Omar Quintana.

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El apodo del presidente de la nueva Corte Suprema, Gustavo Castro Dáger, quien era muy cercano a Bucaram, sirvió para que la prensa bautizara a la Corte Suprema como la 'Pichi' Corte. Las acciones de los magistrados causaron el deterioro del Gobierno, sobre todo en Quito, por la indignación que produjo el regreso impune de Bucaram. Por eso, Gutiérrez cesó a esos magistrados en lo que, en términos democráticos, fue considerado como un golpe de Estado contra la justicia.

Entonces, se desató la llamada Rebelión de los Forajidos que precipitó la caída de Lucio Gutiérrez el 20 de abril de 2005.

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En 2005, el presidente Alfredo Palacio, quien reemplazó a Gutiérrez tras su salida, intentó darle orden al sistema de justicia. Creó una comisión especial calificadora para elegir a nuevos jueces de la Corte mediante un concurso de méritos y oposición.

El proceso fue vigilado por un grupo de relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre ellos, Leandro Despouy. También participaron la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

El informe de los veedores culminó en que, tras 20 años de manejo político, la nueva Corte Suprema obtenía nuevamente cierta independencia en la postura ideológica de la mayoría de los magistrados.

Rafael Correa, apenas asumió el poder con gran apoyo popular, impulsó la Constitución de Montecristi en 2008, a través de una Asamblea Constituyente, donde se cambió el nombre de la Corte Suprema de Justicia a Corte Nacional de Justicia. El número de magistrados se redujo de 31 a 21 y en un acto público, se utilizó una tómbola para elegir al azar los nuevos 21 jueces de la Corte Nacional.

En 2011, Rafael Correa impulsa una nueva consulta popular para sustituir al pleno de la Judicatura de entonces por un renovado Consejo de Transición que duraría un año y medio.

El nuevo Consejo de la Judicatura lo conformaron personas afines al correísmo, como Paulo Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yavar, quienes, tras un nuevo concurso de méritos y oposición, designaron otros 21 magistrados.

En 2012, el Consejo de la Judicatura Transitorio culminaba sus funciones y dejaba como nuevo presidente al exministro del interior del Gobierno de Corea, Gustavo Jalkh.

Muchos de los jueces detenidos por las investigaciones de Fiscalía en los casos Metástasis y Purga, provienen de los concursos que la Judicatura de Jalkh realizó durante el tramo final de la década correísta.

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Todo este proceso de politización de la justicia hoy tiene un elemento adicional: la presencia de las mafias, el crimen organizado y el narcotráfico en las instituciones públicas. En ese sentido, cabe preguntarse: ¿cómo fue que las bandas criminales permearon la función judicial?

En 2018, el presidente Lenín Moreno llamó a una consulta popular para eliminar la figura de la reelección indefinida y reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Julio César Trujillo estuvo al mando del consejo transitorio y, entre todos los cambios a los organismos de control, se intentó sanear las cortes de justicia reestructurando la Judicatura de Jalhk.

Sin embargo, este proceso, fue el más tormentoso para Trujillo. La judicatura integrada por Marcelo Merlo, Angélica Porras, Juan Pablo Albán, Aquiles Rigaíl y Zobeida Aragundi, no dio los resultados esperados, por los conflictos internos que ahí se produjeron.

Por eso, la Judicatura definitiva, presidida por María del Cármen Maldonado, fue la nueva encargada de emprender los cambios que el país esperaba. En 2022 renunció al cargo, precisamente, porque la Corte Constitucional le retiro la facultad para suspender a funcionarios judiciales del cargo.

Luego vino el interinazgo de Fausto Murillo y su pugna con la Corte Nacional. Al cierre de 2023, el caso Metástasis develó los nexos del correísmo con la justicia, la política y el narcotráfico. Con figuras como el exasambleísta y miembro de los Latin Kings, Ronny Aleaga Santos, o el presidente del Consejo de la Judicatura, que salió de la terna de la Corte Nacional, hoy preso, Wilman Terán.

Ahora, el caso Purga evidencia que el Partido Social Cristiano, con el exlegislador Pablo Muentes, no dejó nunca de controlar la justicia. El problema, sin embargo, no es solo que Rafael Correa o Jaime Nebot tengan una influencia notoria en las cortes. Lo grave es que la justicia haya estado (o lo esté aún) a merced de varios capos de la mafia, como Leandro Norero, Alias Rasquiña o Alias Fito.

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