Caso Paola Guzmán: un año del fallo de la CIDH, ¿qué medidas ha cumplido el Estado?

Un año después. El pasado 14 de agosto de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia para que nadie más tenga que padecer lo mismo que vivió Paola Guzmán. Una niña, entonces de 14 años, que se suicidó en 2002, tras sufrir abusos y violencia sexual por el vicerrector de su colegio, Bolívar Espín, quien tenía 64 años.

La CIDH determinó que Ecuador era responsable de la muerte de Paola. Así, la sentencia fue considerada un hito para la Región por ser el primero caso condenado por violencia sexual en el contexto educativo. Pero un año después ¿qué medidas ha cumplido el Estado?

Thalíe Ponce, gestora de Incidencia Política del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), expone que los primeros pasos se dieron en diciembre del año pasado, cuando el expresidente Lenín Moreno pidió disculpas a nombre del Estado ecuatoriano y entregó el título póstumo de bachiller, como reconocimiento al vulnerado derecho de Paola a la educación.

En el acto también se decretó al 14 de agosto, cuando se dictó la sentencia en la Corte, el Día Oficial Contra la Violencia Sexual en las aulas, conmemorado por primera vez este año.

Aún pendiente

La segunda parte del cumplimiento de la sentencia ha empezado con el actual Gobierno y en esa línea, ha establecimiento una Mesa Interinstitucional, liderada por la Secretaría de Derechos Humanos.

Ante ello, Ponce recalca que aunque aplauden la acción, "hacemos un llamado a considerar el enfoque de género para tratar todas las problemáticas que tienen que ver con niñas y mujeres".

Sin embargo, aún quedan varias medidas que la CIDH ordenó comenzar a cumplir dentro del primer año posterior a la publicación de la sentencia:

1) Deberá levantar estadísticas permanentes y actualizadas sobre situaciones de violencia sexual contra niñas o niños en el ámbito educativo.

2) Adoptará acciones adecuadas para prevenir la violencia sexual, incorporar la educación sexual y reproductiva en las mallas curriculares de las escuelas y colegios del país.

3) Llevar a cabo la capacitación de personal educacional para abordar y prevenir situaciones de violencia sexual.

Por su parte, Bernanda Ordóñez, titular de la Secretaría de Derechos Humanos, expresó que impulsará en menos de 180 días una estrategia nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Sexual en el Ámbito Educativo 2021-2025.

Aunque la sentencia no establece un plazo específico para el cumplimiento, desde Cepam solicitan al Gobierno que presente un cronograma para conocer en cuánto tiempo el Estado prevé cumplir con el total de las medidas.

Desafíos para cumplir

Para Ponce, uno de los desafíos para el cumplimiento de la sentencia será la implementación de educación sexual en las aulas, "debe ser completamente laico, no puede tener sesgos religiosos, tendrá que estar apegada a datos y fundamentos científicos, y ser progresiva", insta y agrega que será una herramienta para prevenir abusos.

Pero no solo Ecuador debe cumplir, también el resto de países de América Latina y el Caribe. En ese sentido, Ponce destaca que Argentina, en el país ya se imparte la educación sexual integral en la educación de niños y niñas.

Por otro lado, señala que el contexto de la pandemia también es un factor de desafío, pues "cambia las dinámicas de la educación, eso crea complejidades para levantar estadísticas". De hecho, según datos de la Fiscalía General del Estado, el año pasado se registraron 66 denuncias de abuso sexual en las aulas, muy por debajo de 2018 cuando fueron 378. Frente a ello, Ponce resalta, que "hay que considerar cómo la violencia sexual empieza a operar en estos nuevos escenarios".

Desde 2018 hasta 2020, se han reportado 909 denuncias por estos casos.

18 años de impunidad

La foto que sostiene en sus manos Petita Albarracín, madre de Paola Guzmán, quien a pesar de que presentó denuncias ante la escuela y la Fiscalía, y de contratar abogados con recursos limitados, la respuesta por parte del Estado nunca llegó, y tuvo que buscarla lejos del país.

“Era cansado, a veces me daba ganas de dejar todo botado”, expresó Petita en una entrevista con Ecuavisa.com el pasado 7 de marzo, pero lo cierto es que nunca se rindió.

La Corte dispuso, además, que el Estado debe reparar de manera integral a las familiares de Paola. Aunque la parte económica ya se cumplió, sin embargo, hasta que no se implementen todas las otras medidas para la no repetición no habrá una reparación completa para los 18 años de impunidad.