Entre el caso Metástasis y Purga hay 51 procesados, 15 son jueces: ¿cómo queda la justicia?

En Ecuador, las decisiones de los jueces son permeables a la corrupción y el narcotráfico, esa es la lección que dejan los casos Metástasis y Purga, revelados por la Fiscalía General del Estado entre diciembre de 2023 y marzo de 2024.

Son en total 51 procesados hasta este 6 de marzo. 15 son jueces de las cortes provinciales, hay cuatro funcionarios de diferentes niveles del sistema judicial, cuatro abogados, ocho policías, un exasambleísta, tres extrabajadores del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), tres de la Fiscalía, dos del Consejo de la Judicatura, entre otros.

El caso Metástasis se desprendió de un megaoperativo que incluyó 75 allanamientos a escala nacional, a raíz de los chats encontrados en los celulares de Leandro Norero, asesinado en la cárcel de Cotopaxi en octubre de 2022, en medio de un motín. Alias El Patrón era financista de varios grupos de delincuencia organizada, catalogados como terroristas.

En las conversaciones se obtuvo evidencias que apuntan a una red criminal que compraba jueces y funcionarios para conseguir decisiones judiciales a conveniencia de los miembros de organizaciones delictivas.

Lea también: Daniel Salcedo usó el troll center de Mayra Salazar para difundir un video de Los Lobos, tras el asesinato de Fernando Villavicencio

Bastaba que Norero de una orden a uno de sus operadores, para que las piezas en la justicia se acomoden y logre sentencias que prácticamente eran dictadas por él o sus abogados.

En el caso hay en total 39 procesados, primero se detuvo a 31 personas, el 14 de diciembre; y luego, el 4 de enero de 2024, se aprehendieron a otras ocho.

21 cumplen prisión preventiva, por ejemplo, el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán; o la funcionaria judicial Mayra Salazar.

El sistema se vio corrompido desde abogados, dispuestos a manipular la ley a su gusto; hasta jueces que emitieron sentencias que permitieron la liberación de personajes como el exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado por corrupción.

En los chats también resultaron salpicados otras personas que no han sido formalmente involucradas, como el exasambleísta Ronny Aleaga o el periodista Andersson Boscán.

Revise más: Pablo Muentes influyó en el ascenso del actual presidente de la Corte del Guayas, aseguró fiscal

Si bien en los chats revelados por el caso Metástasis ya se hablaba de las elecciones como puntos claves para la operación política y se hacía referencia a organizaciones políticas como el correísmo, es con el caso Purga que aparece como cabecilla de la red de delincuencia organizada un exasambleísta.

La tesis de Fiscalía es que Pablo Muentes, del Partido Social Cristiano, utilizando el poder político legislativo, "pervirtió el poder judicial", buscando favorecerse en casos específicos.

Por ejemplo, en una acción de habeas data contra el banco del Pacífico, en la que se ordenó el pago de USD 4 millones.

Este caso se centra principalmente en la Corte de Justicia de Guayas, cuya expresidenta, Fabiola Gallardo, recibió favores a cambio de fallos, en calidad de jueza. También realizaba jugadas administrativas para beneficiar a Muentes.

También aparecen involucrados dos familiares de Muentes, un primo que consiguió un terreno de manera irregular; y su esposa que también se benefició del caso del banco.

Le puede interesar: Caso Purga: ¿Quiénes son los jueces detenidos por presunta delincuencia organizada?

En lo político, el PSC emitió un comunicado indicando que conforme avancen las investigaciones y se tenga claridad sobre las implicaciones, tomarán acciones. Sin embargo, la respuesta fue tardía y la cercanía de Muentes con los líderes de la organización política es incuestionable.

Por su parte, el correísmo salió en defensa el PSC asegurando que la actuación de la Fiscal responde a una venganza por la destitución del exvocal Fausto Murillo del Consejo de la Judicatura.

Todos estos movimientos se dan a pocos meses de que inicie el juicio político contra Diana Salazar.

Al menos tres poderes del Estado han resultado afectados tras los casos Metástasis y Purga.

El Ejecutivo por las implicaciones de policías, miembros del SNAI y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

El Legislativo ya se vio ligeramente salpicado cuando aparecía el nombre de Ronny Aleaga como miembro cercano de la estructura liderada por Norero. Ahora, con Muentes, queda más claro cómo funcionaban.

Sin duda el poder Judicial es el que más afectado ha resultado. El expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, dice que no hay novedad en la corrupción del sistema judicial; sin embargo, lo que ahora provoca asombro es que ahora están al servicio del narcotráfico.

Explica que ambos casos son la "materialización de lo que siempre se supo".