Desde jueces, policías, fiscales hasta un exgeneral: ¿Quién es quién en el caso Metástasis?

Caso Metástasis es el nombre que ostenta el operativo más extenso en la historia de Ecuador en contra de la corrupción y narcotráfico, "un cáncer", en palabras de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

Este caso se deriva de una investigación posterior a la muerte del narcotraficante y financista de organizaciones como Los Lobos, Leandro Norero, en 2022, mientras estaba recluido en la cárcel de Cotopaxi. En esta investigación, se revelan indicios de una presunta estructura criminal que involucra a funcionarios públicos y bandas criminales.

En los más de 75 allanamientos simultáneos en siete provincias se ha detenido a 29 personas. Aquí la explicación de quién es quién en esta trama que ha desplegado a más de 900 funcionarios, entre equipos de Policía y Fiscalía.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, fue detenido la madrugada de este jueves 14 de diciembre como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada.

Según la Fiscalía, en el domicilio de Terán se hallaron 25 mil dólares en billetes de 100 y de 20 dólares y se incautaron documentos, computadores y celulares.

Terán, oriundo de Santo Domingo, ha desempeñado diversos roles en el ámbito judicial. Comenzó como conjuez nacional de las Salas Especializadas de lo Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Tributario, entre otros cargos.

Posteriormente, asumió como juez nacional encargado, presidente de la sala especializada de lo Civil y Mercantil, y miembro de la sala especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia Adolescente Infractora en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Se convirtió en un personaje polémico a raíz de que en febrero de 2023, la CNJ lo designó para presidir el Consejo de la Judicatura (CJ), Sin embargo, en agosto retiró su confianza debido a sus acciones al frente del CJ. Incluso, Iván Saquicela, presidente de la CNJ, le solicitó que diera un paso al costado.

Durante su gestión ha recibido diversos cuestionamientos. Terán, junto al vocal Muñoz, respaldó la destitución del juez nacional Walter Macías con dos votos a favor de los cinco que conforman el Consejo. No obstante, Macías logró ganar una acción de protección por vulneración de derechos y regresó a la Corte.

En otra decisión, también con dos votos a favor de cinco, extendieron hasta el 2030 el período de seis jueces de la Corte Nacional de Justicia. La transparencia del concurso en curso para la renovación parcial de los jueces de la misma Corte es otro punto cuestionado en la gestión de Wilman.

El general en servicio pasivo y exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Pablo Ramírez Erazo, fue detenido.

Ramírez estuvo al mando del SNAI durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, el 8 de diciembre de 2021. En reemplazo del coronel del Ejército en servicio pasivo, Fausto Cobo.

Sin embargo, su permanencia en el cargo fue de poco más de 10 meses, ya que el 10 de octubre dejó la institución, siete días después del asesinato de Leandro Norero el 3 de octubre. Durante su gestión, se registraron al menos cuatro masacres carcelarias.

Después de las cárceles, Ramírez pasó a liderar la Dirección Nacional Antinarcóticos y su último cargo fue de director General de seguridad ciudadana y orden público. Su renuncia fue aceptada el pasado 4 de diciembre por el presidente Daniel Noboa, formando parte de los cuatro generales que dejaron la cúpula policial.

Después de las cárceles, Ramírez pasó a liderar la Dirección Nacional Antinarcóticos y su último cargo fue de director General de seguridad ciudadana y orden público. Su renuncia fue aceptada el pasado 4 de diciembre por el presidente Daniel Noboa, formando parte de los cuatro generales que dejaron la cúpula policial.

En el marco de la investigación también fue allanado el domicilio del exjuez de Garantías Penales, Ronald Guerrero Cruz. Él es detenido por su presunta participación en el delito investigado. En el operativo se levantaron indicios, como teléfonos celulares, entre otros.

Guerrero fue el juez que sobreseyó a Abdalá (Dalo) Bucaram Pulley y a Gabriela Pazmiño Pino en el caso que investigaba una red de delincuencia organizada para vender de manera irregular insumos médicos a hospitales del IESS, en Guayaquil.

Guerrero, además, presidió el juicio contra Leandro Norero, y en al menos tres ocasiones tomó decisiones que favorecieron a los familiares de Norero, devolviéndoles propiedades y emitiendo órdenes de libertad.

El juez de Santo Domingo, Emerson Curipallo, también está en la lista de detenidos. La Policía levantó indicios (documentación y equipos electrónicos) de la oficina del detenido, ubicada en la Unidad Judicial de Santo Domingo.

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Curipallo ordenó la libertad del exviceprecidente, Jorge Glas, al igual que dos cabecillas de Los Lobos: Santiago Madrid, alias Comandante M, relacionado con los atentados con coche bomba que se dieron en Quito en agosto pasado, y a John Navarrete, alias Cuyuyui, acusado de intentar asesinar a alias Fito y de iniciar una de las masacres carcelarias.

Ángel Lindao, quien como juez de La Concordia devolvió los bienes incautados al narco Leandro Norero también fue detenido. En el allanamiento las autoridades incautaron teléfonos celulares, equipos electrónicos, documentación y dinero en efectivo.

El pasado 25 de enero fue destituido del cargo de Juez de la Unidad Multicompetente del cantón por infracción gravísima. Lindao ordenó devolver un bien incautado a Norero mientras él estaba en prisión por presunta delincuencia organizada y tráfico de armas.

En Cotopaxi, fueron aprehendidos dos jueces provinciales, Santiago Zumba y José Segovia, quienes también emitieron fallos a favor de familiares de Norero. Mientras tanto, en Riobamba, se allanó el despacho de Christian Romero, abogado de Leandro Norero y de la familia Bucaram. Aunque tiene una orden de detención, aún no se ha confirmado si está entre los 29 aprehendidos.

En el contexto del caso Metástasis, el abogado José Moreno Árevalo, ha confirmado la existencia de una orden de prisión en contra de sus clientes, Cristian Romero Moya y Daniel Salcedo Bonilla. Sin embargo, hasta el momento, ambos permanecen en libertad y se encuentran en el país, aseguró Moreno.

En declaraciones, también aseguró que no se les notificó con la apertura de la investigación previa: "Nunca fueron notificados, ni citados, para que por lo menos ejerzan la defensa".