Caso Las Malvinas: Un teniente coronel de la FAE podría ser vinculado al proceso penal

Hoy 31 de marzo de 2025, finaliza la instrucción fiscal de 90 días en el denominado caso Las Malvinas. Esta etapa inició en diciembre tras la formulación de cargos contra 16 militares por la desaparición de Josué, Ismael, Nehemías y Steven, el 8 de diciembre de 2024 luego de ser detenidos en la avenida 25 de Julio en el sur de Guayaquil.

En los tres meses de investigación, se tomó el testimonio de los padres de los cuatro menores de edad. También del testigo clave, que prestó el celular en la parroquia de Taura, para que los chicos llamen a sus padres a pedir ayuda y el de de dos adolescentes que estuvieron cuando sus amigos fueron aprehendidos por las patrullas militares.

Se realizó además la reconstrucción de hechos el domingo 16 de marzo. La diligencia - que duró 11 horas- permitió reconocer el sitio donde según los uniformados, los cuatro menores fueron dejados libres. Se trata de un camino de segundo orden, rodeado de maleza, a dos kilómetros de la cabecera de la parroquia Taura, en Naranjal.

Allí los 16 procesados detallaron uno por uno, cómo ocurrieron los hechos. Mediante sus abogados, primero interpusieron un recurso de apelación a la prisión preventiva, que fue negado. Luego otros dos uniformados solicitaron la revisión de medidas, alegando que tienen arraigo laboral y que no habrían incurrido en algún fraude procesal o alteración de las evidencias.

Esto último surgió porque durante la audiencia de formulación de cargos, se detalló que un teniente coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), supuestamente conoció del incidente. Según el documento, fue con dos de los implicados hasta el sitio donde dejaron los menores, recopilaron la ropa y la entregaron a los agentes policiales que llevaban el caso tres días después de la desaparición.

El abogado Abraham Aguirre, del Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH), indicó a Ecuavisa.com que no se descarta la posibilidad de que el alto oficial pueda ser vinculado. Dijo que el fiscal puede solicitar al juez la vinculación.

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Justamente la mañana del domingo 30 de marzo, el fiscal solicitó al juez fecha y hora para la audiencia de vinculación del teniente coronel Juan Francisco I. "Existe suficiente información y elementos de convicción necesarios para sustentar una vinculación a la imputación penal iniciada", cita el documento judicial. Además se notificó a la Defensoría Pública.

Con la posible vinculación de una persona más al caso, el tiempo de la instrucción fiscal se extendería. Según el fiscal del caso, al cierre de esta etapa faltaba un informe sobre las pericias de audio y video solicitadas, además de la transcripción de la reconstrucción de hechos.

El material audiovisual del que se pidió análisis corresponde a los videos de las cámaras de vigilancia de la Base de Taura y de la avenida 25 de Julio, donde fueron detenidos los menores. Y la información de los celulares de los 16 uniformados que se incautaron durante un allanamiento en el recinto militar.

Sobre el informe de la autopsia a los restos hallados el 24 de diciembre de 2024 en medio del manglar, el abogado Aguirre indicó que ya fue entregado, luego de tres meses. Dijo que el médico forense recomendó realizar una pericia especial para detectar residuos de pólvora y otras partículas.

Según Aguirre, el documento reveló que la muerte fue violenta. En el cráneo de uno de los menores de edad había la huella de un disparo desde atrás hacia adelante y se presume, el adolescente estaba arrodillado.

En otro de los cráneos, dijo Aguirre, había una lesión por un golpe contundente en el lado izquierdo. Este último elemento, sería vital en la investigación según el abogado, pues iría acorde a las declaraciones del testigo clave, que vio a uno de los adolescentes herido.

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En la audiencia de revisión de medidas solicitada por dos de los militares, que negó también el juez, se mencionó que los cuatro menores fueron dejados desnudos. La defensa de las familias calificaron la acción como una "exposición sexual" y una "forma de tortura" a la fueron sometidos Josué, Ismael, Nehemías y Steven.

Con el fin del plazo de la instrucción fiscal, se debe solicitar al juez la fecha y hora para la audiencia preparatoria de juicio. El pedido debe realizarlo el fiscal del caso y en dicha diligencia tendrá que sustentar su dictamen acusatorio contra los 16 militares en calidad de autores directos.

En dicha diligencia, se deberán presentar las pruebas recopiladas en los 90 días, como la autopsia, los testimonios, los videos de las cámaras de vigilancia, entre otras. Luego de esto, el juez evaluará los elementos y emitir su dictamen de llamar o no a juicio a todos o algunos militares.

El caso por desaparición forzada, se maneja en la Unidad fiscal especializada en uso legítimo de la fuerza. Sin embargo, a la par se abrió una indagación previa por secuestro con muerte.

Esto luego de la versión presentada por la defensa de los 16 militares durante la audiencia de formulación de cargos. Allí surgió el nombre de alias Momo, cabecilla de Los Águilas en Taura, quien supuestamente dio la orden de retener a los menores, asesinarlos y quemarlos.

El hombre que dio esa versión, no acudió a rendir su testimonio en las convocatorias que hizo el fiscal, según consta en los documentos en la página de la Función Judicial. El abogado Abraham Aguirre sostuvo que si bien habría un sospechoso identificado en esta indagación, eso no dejaría exentos a los militares de la nueva investigación.

Al ser indagación previa, el proceso se mantiene bajo reserva. Aguirre cuestionó que los uniformados no cumplieron con los procedimientos legales, y los menores de edad fueron aislados. Incluso - enfatizó- en una zona como Taura, considerada entre los puntos conflictivos por delincuencia organizada.

Hasta que no haya un sospechoso detenido y se formulen cargos, el caso no pasará a etapa de instrucción fiscal.

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