El ataque en Manta contradice la narrativa del Gobierno sobre mejora en seguridad

La ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, ha vivido horas de terror. En un circo, donde se preparaba una función para niños y sus familias, la noche del domingo, 2 de junio de 2024, fue asesinado el influencer y asambleísta alterno Christian Nieto, y su esposa Nicole Burgos. La tragedia pone nuevamente contra la pared el discurso del presidente Daniel Noboa sobre la supuesta mejora en la seguridad.

De hecho, poco después de que el Gobierno anunciara el traslado de la cúpula militar y policial, tras el pedido de la Alcaldía de Manta, encabezado por Marciana Valdivieso de militarizar la ciudad, un ataque armado dejó tres personas fallecidas.

Con ese último hecho violento, Manta alcanzó un total de 153 crímenes, según datos de la Policía Nacional, lo que supera en más del 50% al año anterior.

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La respuesta del Gobierno cada vez que recrudece la violencia en alguna zona ha sido la misma: enviar a los militares. Aquella fórmula fue estrenada en Durán tras la declaratoria del conflicto armado interno, pero semanas después todo volvió a la normalidad, es decir, la inseguridad regresó.

Tal como expuso La Noticia a Fondo, las muertes violentas se cuadruplicaron en Durán durante el estado de excepción. El cantón registró 190 asesinatos hasta el 15 de mayo, en comparación con el mismo periodo en 2023, cuando fueron 50 crímenes.

El hecho más reciente en Durán, que no ha podido desmarcarse de su oscura fama de ser el más violento del país, ocurrió este domingo: antes del ataque en Manta, una madre y su hija fueron asesinadas.

En el informe a la Nación, el pasado 24 de mayo, Noboa buscó reforzar la idea de un nuevo Ecuador en temas de seguridad: "Los grupos narcoterroristas se van desintegrando y con paso firme ellos son los que tienen miedo a salir y ya no nosotros", pero los recientes episodios de violencia, sobre todo en Manta, dejan la idea de que sigue siendo el mismo.

Pero, ¿qué pasa en la ciudad manabita y por qué han incrementado las muertes?

Manabí es una de las siete provincias que actualmente rige el estado de excepción decretado hace dos semanas, el pasado 22 de mayo. En el documento para aplicar nuevamente la medida, el Gobierno argumenta que la violencia perpetrada por el crimen organizado sigue en pie en estos territorios. En sí, estas provincias llevan el peso de 1 920 muertes violentas, que representa cerca del 87 % del total nacional.

De hecho, en Manabí, tres distritos concentran los mayores índices de criminalidad, entre ellos Manta, Portoviejo y El Carmen, son las zonas donde el 74% de las muertes en todo este año han ocurrido.

Esta provincia, al igual que otras de la Costa como El Oro, Los Ríos, Santa Elena han registrado repuntes de violencia debido a su relevancia como ruta de entrada y salida de drogas. Por ejemplo, a mitad de mayo de 2024, en un lapso de apenas 24 horas, en Manabí se registraron dos masacres que dejaron un saldo trágico de ocho víctimas.

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Sin embargo, desde hace meses el secreto a voces en la ciudad manabita, y que recientemente fue confirmado por la Policía Nacional, es que los crímenes responden a una disputa entre Los Pepes, sub célula de Los Lobos que surgió en El Oro, contra Los Choneros. Ambas bandas rivales se pelean el control del territorio, y los negocios conexos al narcotráfico.

Pero, la explicación sobre por qué Manta no ha logrado aplacar la violencia también podría ser más profunda. Un informe del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) de 2023 apunta a que Manta es el "business center del crimen organizado".

OECO lo considera como un punto estratégico para establecer acuerdos entre redes criminales, políticos y otros actores internacionales involucrados en las diversas cadenas de valor.

En la misma línea, el informe expone que en la ciudad se concentra el crecimiento de inversiones y flujo de dinero en efectivo de alta denominación, por lo que es considerado un centro representativo del lavado de activos de Ecuador.

En ese sentido, Katherine Herrera, analista en seguridad, el puerto de Manta siempre ha sido un punto estratégico para la geopolítica del crimen organizado que por años ha estado manejado por un solo grupo con apoyo trasnacional. Ahora, a través de los enfrentamientos, es una forma de cómo el otro bando busca marcar el poder: "un mensaje a quiénes están operando".

La primera evidencia de ello ha quedado plasmada en los múltiples hechos violentos contra la empresa de Movilidad de Manta. En un último atentado contra un agente de tránsito, Los Pepes salieron del anonimato y dejaron un panfleto que decía: "Esta comisión no pertenece a Samara (expareja de alias Rasquiña) ni a Los Choneros (...)".

Por ahora, en respuesta el Gobierno a través del decreto 290, Noboa dispuso que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y demás órganos necesarios ejerzan temporalmente funciones desde Manta.

Sin embargo, la fórmula de la militarización, según los expertos consultados, no es una solución duradera para reducir la violencia, dado que los problemas de seguridad son estructurales, como ha quedado evidenciado en Durán o en la propia ciudad de Manta.