Asesinato Fernando Villavicencio: el Estado sería corresponsable

Fernando Villavicencio fue asesinado hace 204 días. Ese 9 de agosto de 2023 Ecuador llegó a un punto de no retorno: un magnicidio en manos de unos sicarios que dispararon en medio de un mitin político en el que había decenas de personas.

Desde ese entonces hasta la fecha se ha ido revelando de a poco cómo planificaron el crimen, quién dio la orden y quiénes fueron los gatilleros.

Sin embargo, también se destaparon implicaciones del Estado. Por ejemplo, se facilitó la conectividad de Internet en la cárcel donde se planificó el asesinato o se utilizó el sistema del ECU 911 para monitorear a Villavicencio.

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La fiscal Ana Hidalgo, en la audiencia preparatoria de juicio que se desarrolló el 27 y 28 de febrero, reveló que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) permitió la instalación de Internet en celdas de máxima seguridad de la cárcel de Cotopaxi en Latacunga.

La empresa Mega Speed brindaba a los presos un servicio de fibra óptica, a cambio de un pago mensual de más de USD 500. Según la Fiscal, hay testimonios que aseguran que las instalaciones se hicieron con autorización del SNAI.

El Ministerio Público mostró que alias Invisible, Carlos Angulo, y alias El Chino, cuyo nombre no ha sido revelado, planificaban el asesinato por videollamadas.

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El SNAI también tuvo la corresponsabilidad del asesinato de los seis procesados por el caso, quienes cumplían prisión preventiva en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. El director subrogante del centro y dos guías son investigados porque no cumplieron con una orden de traslado por seguridad de los sospechosos.

Sin embargo, aun conociéndose de esos asesinatos, el SNAI omitió tomar precauciones y permitió la muerte de un séptimo involucrado en la cárcel de El Inca, en Quito. Los procesados pudieron ser claves para dar con el autor intelectual,

Por otro lado, las omisiones de la cápsula de seguridad del político, a cargo de la Policía Nacional, provocaron preocupación desde el primer día, cuando surgieron cuestionamientos de por qué Villavicencio, con un grado de riesgo sumamente alto, salió por la puerta de al frente, sin tomar las previsiones necesarias para cuidar su integridad física.

Esas inquietudes también han venido del círculo político y familiar cercano a la víctima. El excandidato presidencial y amigo de Villavicencio, Christian Zurita; así como Patricio Carrillo, exgeneral de la Policía que participaba como candidato a asambleísta de la lista nacional por la misma organización política, han mostrado ciertas fallas en los anillos de seguridad que debieron aplicarse.

La Fiscalía confirmó que está en proceso una investigación por el delito de omisión contra los encargados de la seguridad del candidato.

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Incluso, habría documentos que alertaban la vulnerabilidad del presidenciable y que solicitaban reforzar los equipos para cuidarlo, además había recibido y tenía decenas de enemigos que lo cuestionaban por sus investigaciones periodísticas.

Además, en los chats caso Metástasis, que destapó una red de corrupción del narcotráfico y el sistema judicial, Policía Nacional, Fiscalía, etc., se hablaba de que el sistema del ECU 911 permitió monitorear los movimientos de Villavicencio.

Esa información fue confirmada por Bolívar Tello, director del ECU 911, el pasado 24 de enero de 2024, en la Comisión Ocasional de la Asamblea, a cargo de investigar el crimen. Los delincuentes habrían ingresado a la plataforma para rastrear celulares, entre los dispositivos, el del político.

La abogada penalista Paola Yajamín explica que el Estado es responsable de las personas privadas de la libertad y cree que bajo ese argumento podría determinarse cierta negligencia en el control de las cárceles y, por lo tanto, un grado de complicidad, no solo en el asesinato de Villavicencio, sino de todos los delitos que se planifiquen desde prisión.

El experto en seguridad, Jean Paul Pinto, coincide con Yajamín. "El Estado debería evitar que los presos tengan comunicación", asegura.

Pinto insiste en que hubo "muchas fallas en el sistema de seguridad" que acompañaba a Fernando Villavicencio. Considera que en gran medida puede ser por infiltración del crimen en las filas de la Policía.

Explica que el caso Metástasis mostró como el narcotráfico penetraba las instituciones del Estado, por lo que no le sorprende que las actuaciones de las instituciones tengan actores claros que lo permitieron.

La jueza Irene Pérez llamó a juicio a cinco de los seis procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio.

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