Asesinato a directores penitenciarios: el alto riesgo de un cargo sensible e inseguro

Doce días después del asesinato de Daniela Icaza Resabala, directora encargada de la Penitenciaría del Litoral, las investigaciones avanzan. La Fiscalía General solicitó la extracción de información de la computadora de la funcionaria, además de dos celulares decomisados ​​durante la captura del único sospechoso, un hombre de 34 años.

El implicado fue identificado como Wilson Ortega Aguilar. La Policía Nacional lo detuvo al día siguiente de la muerte de Icaza Resabala ocurrida en la vía a Daule, norte de Guayaquil, cuando se dirigía a casa el pasado 12 de septiembre de 2024. Los agentes allanaron un inmueble ubicado en las calles Domingo Savio y Tulcán, en el sur de la ciudad. Allí estaba un vehículo rojo usado para el crimen.

Según consta en el expediente judicial, un juez le dictó prisión contra Ortega Aguilar y dio inicio a la instrucción fiscal por 30 días por el delito de asesinato. Fue su pareja quien le contó a los agentes dónde estaba oculta el arma de fuego tipo Glock, calibre 9 mm, que se habría usado en el crimen y siete municiones. Las autoridades también tienen en su mira a otro sospechoso ya identificado.

Además del carro rojo retenido y que estaba a nombre de otra persona, los agentes identificaron una moto usada por los sicarios. El vehículo fue reportado como robado en octubre del 2023. El día del asesinato, una cámara de vigilancia grabó a los dos gatilleros pasar en esa motocicleta por el sector de Bastión Popular, la ruta que usaron para escapar.

¿Amenazas contra Daniela Icaza Resabala?

En su declaración previa, la pareja de Daniela Icaza indicó que teme por su vida y la de sus hijos. Dijo que ella había recibido amenazas hace tres meses por los grupos de delincuencia organizada. Por ese motivo, Icaza iba a la Penitenciaría del Litoral en distintos vehículos. El día del crimen, viajaba con un compañero que recibió un disparo en el tórax y tuvo que ser hospitalizado.

El esposo de Icaza declaró que el Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI) conocía de las amenazas y que la entidad nunca se manifestó. Ecuavisa.com solicitó versión al organismo estatal sobre el caso y vía Whatsapp, el departamento de comunicación indicó que iban a verificar el dato.

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Los agentes investigadores tomaron versiones de tres funcionarias de la cárcel. Una de ellas, se identificó como amiga de Icaza y que el día de su muerte, estaban planificando un viaje a la playa. La otra persona trabaja como analista y relató que la víctima, de 35 años, era la encargada de los traslados de presos a otros pabellones cuando había documentos por denuncias de maltratos de parte de otros reos.

Sistema penitenciario fallido

Tras las declaraciones de que Daniela Icaza había recibido amenazas, el jefe policial del distrito Pascuales, Gino Zanzzi, confirmó que la víctima no contaba con custodia. Incluso, se movilizaba en distintos carros particulares.

Una semana después del crimen, el 19 de septiembre de 2024, dos sicarios atacaron a una funcionaria del SNAI en el sector de El Trébol, en Quito. La abogada estaba a cargo de casos judiciales 'importantes y relevantes', según confirmó el jefe policial Francisco Hernández en una entrevista en Radio Vigía de la Policía Nacional . Ella murió la noche del jueves 26 de septiembre tras permanecer hospitalizada siete días.

Estos casos no son aislados. Apenas el 3 de septiembre de este año, Alex Guevara fue acribillado en la vía a Lago Agrio. Él se desempeñaba como director de la cárcel de Sucumbíos. Mientras que en Portoviejo, provincia de Manabí, sicarios balearon al jefe de la cárcel El Rodeo, Cosme Damián Parrales. Otros dos jefes de prisiones fueron asesinados en 2022 y 2018. (Ver línea del tiempo)

Esto solo es una muestra de un sistema penitenciario fallido. Así lo sostuvo Chey Rodríguez, experto internacional en el tema. Rodríguez aseguró que Ecuador tiene unos cinco o seis años en crisis.

En el caso de los directores asesinados, Rodríguez explicó que tanto ellos como sus custodios deben estar bajo un 'régimen de seguridad nacional' y un esquema de alto perfil sumamente avanzado. Esto incluye reglamentos y protocolos que no deben ser públicos a decir del experto internacional.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos también coincidieron que las autoridades penitenciarias deben contar con protección reforzada. En un comunicado, condenó el asesinato de Daniela Icaza.

El Organismo resaltó que el “crimen es el reflejo y producto de una crisis penitenciaria sin precedentes y que los funcionarios están en altísimo riesgo”. También recordó que Icaza no contaba con protección oficial. Ante eso, la Policía Nacional señaló que no hubo requerimiento previo para la custodia.

¿Qué pasó con los vehículos blindados?

En marzo de 2023, el gobierno de Guillermo Lasso presentó 94 carros blindados 4 x 4 para personas y funcionarios de alto riesgo. 28 de los vehículos eran para el SNAI.

En una rueda de prensa del Bloque de Seguridad, la ministra del Interior, Mónica Palencia, no confirmó el destino de esos carros. Añadió que “se ha venido trabajando de la mano del SNAI, la Policía Nacional, brindado seguridad a todos aquellos funcionarios que lo han solicitado”.

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