El asesinato de Brigitte García reaviva la preocupación entre alcaldes por amenazas

Tras el asesinato de Brigitte García, la alcaldesa más joven de Ecuador, el pasado domingo 24 de marzo, la sombra de la amenaza vuelve a cernirse sobre los alcaldes, especialmente en las provincias costeras.

De hecho, apenas un día después, otro ataque tuvo lugar en Balzar, en Guayas, el 25 de marzo, cuando la casa del alcalde Galo Meza fue objeto de 65 disparos. Ante esta situación, Meza solicitó urgentemente protección policial.

La situación es crítica, dice la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), pues señala que 20 miembros de alcaldías, concejales y personal administrativo han sido víctimas de homicidio desde 2023. Además, de García, Agustín Intriago (+), alcalde de Manta, también fue asesinado en julio del año pasado; mientras que, 12 han recibido atentados.

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Hoy, según AME, 15 cuentan con protección policial, sin embargo, más de 45 han solicitado resguardo sin obtener respuesta hasta el momento. Aquí los detalles.

Un análisis de riesgo es lo que se requiere para prevalecer la seguridad de los 221 alcaldes que ejercen en Ecuador, asegura el director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Homero Castanier, en entrevista con Ecuavisa: "Eso nos vas a dar la posibilidad de identificar alertas tempranas, posibles amenazas, posibles llamadas de extorsión, posibles mafias".

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En la misma línea, Castanier, pide al Gobierno que se tome en cuenta a las Alcaldías en el plan de Seguridad para articular acciones, y que sea convocado al Consejo de Seguridad del Estado: "Cuando nosotros podemos, incluso, apoyar en que ese plan sea efectivo". Castanier detalla que el rol del municipio de clave en la recuperación de espacios públicos, recuperación del tejido social a través de políticas públicas.

La alcaldesa Brigitte García, no había solicitado seguridad, ni se habían levantado alertas sobre su seguridad, dice Castanier.

En ese sentido, explica que algunos de los alcaldes han tenido que recurrir a contratar seguridad privada; actualmente serían 45 las autoridades municipales en la espera de resguardo.

Ante esta situación, la Asociación ha instado al Gobierno a que evalúe la necesidad de resguardo para los alcaldes que operan en las zonas más afectadas por la violencia, sobre todo, en provincias de la Costa.

Estos líderes municipales han gestionado su seguridad a través del Ministerio del Interior, donde se lleva a cabo un análisis de riesgo para determinar la asignación del personal policial encargado de su protección.

Según eso, se califica el porcentaje de riesgo para conocer si se justifica el acompañamiento de seguridad pública para la autoridad que lo solicita.