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Los protocolos en instituciones educativas, en casos de abuso sexual, no se aplican adecuadamente
Las respuestas de las instituciones educativas y las autoridades ante casos de abuso sexual, que involucran a sus miembros, suelen ser tardías.
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Imagen referencial de un salón de clases.( )
Los más recientes casos de denuncias de abuso sexual salpicaron al Colegio Internacional SEK Guayaquil y al Colegio Réplica 24 de Mayo en Quito.
En la primera institución, en solo una semana se destapó una presunta violación que involucra a al menos dos víctimas y tres victimarios, que habría ocurrido en un paseo organizado por los estudiantes y padres; además de un supuesto caso de violencia sexual a una niña de cinco años, dentro de las instalaciones.
La respuesta del colegio ha generado dudas desde ciertos sectores que consideran que no se tomaron las acciones necesarias para cuidar de las víctimas, sobre todo porque los agresores permanecían en la institución.
En cambio, en la unidad educativa de Quito, la víctima sería una estudiante y el agresor un profesor. Quien informó del caso fue el Ministerio de Educación, al ser una entidad pública.
Generalmente, las respuestas de los centros educativos, así como de las autoridades, suelen ser tardías y lejanas a parámetros de priorizar el bienestar de las víctimas.
La respuesta del colegio y del Ministerio de Educación no son suficientes
Los casos del colegio SEK salen a la luz cuando abogados particulares que patrocinan a las víctimas se pronuncian en medios de comunicación y dan detalles de lo que ocurre.
El pasado 4 de marzo, Fernando Rosero, abogado de una de las jóvenes agredidas, contó que tres adolescentes violaron a su compañera en un viaje de fin de tercero de bachillerato en Punta Cana, República Dominicana. El hecho ocurrió el 25 de noviembre de 2023.
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Sin embargo, al destapar el caso, otra joven y su familia se animaron a revelar su testimonio y el 5 de marzo se conoció que hubo otra víctima.
Al volver del paseo, el colegio mantuvo a los agresores junto a la adolescente, que inicialmente denunció el acto, en la misma aula de clases. Luego, se sabe que fueron cambiados de paralelo.
Sin embargo, cuando la Fiscalía comenzó la diligencia por la denuncia que ya estaba en marcha, dos de los tres sospechosos se habrían fugado.
La defensa del colegio, siguiendo los comunicados emitidos, se centra en que no organizó el viaje, haciendo alusión a que el hecho ocurrió por fuera de la institución, y que activó los protocolos necesarios pertinentes.
En el caso de la niña de cinco años, fue la abogada patrocinadora, Soledad Angus, quien revela cómo ocurrieron los hechos. Hubo una primera alerta, a finales de noviembre de 2023, cuando la niña contó que alguien había tocado sus partes íntimas. A pesar de que la madre puso en alerta a las autoridades de la institución educativa, no hubo respuesta.
El 6 de diciembre, llaman a los representantes de la niña a que le retiren. Al poco tiempo detectaron que la pequeña fue víctima de violencia sexual por rastros de sangre en su ropa interior.
La mamá puso la denuncia en Fiscalía el 8 de diciembre, sin embargo, el colegio no mostró interés por actuar frente a la investigación.
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La respuesta del colegio es que hay exámenes médicos que han descartado cualquier forma de abuso sexual.
En la agresión que ocurrió en Quito, ha habido menos información. El 5 de marzo, la cartera del ramo informó que "se han aplicado todos los protocolos, siendo un caso de presunta violencia física y psicológica ocurrido dentro de la institución por un docente. El caso fue reportado por la madre de la menor y denunciado ante Fiscalía siendo tipificado por esa instancia como acoso sexual".
¿Cómo debían actuar las instituciones?
La abogada y activista de derechos humanos, Sybel Martínez, explica que hay protocolos establecidos para actuar en casos de violencia sexual y que deben aplicarse de manera obligatoria, sin importar si son instituciones públicas o privadas.
Explica que muchas veces lo que ocurre es que las instituciones optan por cuidar del "buen nombre" de los colegios.
La psicóloga educativa y profesora de una institución privada de Quito, Paola Fernández, cree que también falta capacitación a los docentes y en general a la comunidad educativa. Cuenta que la institución en la que trabaja procuran enseñarles paso a paso cómo actuar, sin embargo, en otros colegios en los que ha trabajado no ocurre aquello.
Martínez añade que no hay perspectiva de género, ni tampoco se imparte educación sexual integral en los colegios.
Sobre el argumento de que la presunta violación ocurrió en otro espacio ajeno a la institución, la abogada explica que el colegio debía denunciar, apenas conocieron el caso.
Sin embargo, en cuanto a la permanencia de los adolescentes en las clases, Sybel Martínez dice que mientras no haya una sentencia ejecutoriada en firme ni una sanción administrativa por parte de la Junta de Resolución de Conflictos, lo más probable es que si se aparta a los estudiantes de las aulas, se considere una vulneración a su derecho de educación, aunque considera que el Distrito de Educación pudo intervenir para que los jóvenes investigados tomen clases virtuales.
En eso coincide la abogada penalista Paola Yajamín, quien explica que la norma contempla la separación de los estudiantes a otros espacios.
"Los protocolos son deficientes, la negligencia incluso es interinstitucional, de la Fiscalía, Cancillería, Ministerio de Educación y Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Van a permitir que crímenes como los que se dan en la comunidad educativa queden impunes", asegura la penalista.
Desde el 10 de enero de 2020, se emitió el documento Protocolos y Rutas de Actuación frente a situaciones de violencia detectada o cometida dentro del sistema educativo, vía acuerdo ministerial.
En el caso de violencia sexual se trabaja a la par en dos vías: una ficha de reporte del hecho y la denuncia ante la Fiscalía General del Estado en máximo 48 horas.
De acuerdo con la ruta de acción, el Departamento de Consejería Estudiantil DECE, que es un organismo existente en cada institución educativa, debe brindar el acompañamiento a la familia y acoger al estudiante que denuncia el hecho.
La institución educativa será sometida a una auditoría por parte del Ministerio de Educación. Tal como lo establece la ruta, el colegio debería aplicar acciones de prevención para la reparación del tejido social.
De acuerdo con información de la Defensoría del Pueblo de 2018 a 2023 se reportan 52 051 casos de violencia sexual, solo el 4,15 % han sido sentenciados.
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