Más de 430 policías en Ecuador fueron desvinculados en 2024, ¿Por qué son investigados?

Julio César M., coronel en servicio pasivo de la Policía, fue enviado a la cárcel 4 en Quito. Así lo decidió un juez en la audiencia de formulación de cargos contra de él y otras siete personas por presuntamente ser parte de una red de narcotráfico encabezada por Carlos Z., alias Carlitos.

La detención del exuniformado ocurrió en Quito el jueves 12 de diciembre y la audiencia fue entre el sábado 14 y el domingo 15. Ecuavisa.com conoció que el alto oficial presuntamente era uno de los coordinadores logísticos para contaminar contenedores con droga que tenían como destino Europa.

Durante su carrera policial, se desempeñó como jefe de la Policía Judicial en Guayaquil, Durán y Samborondón. También fue comandante en Manta, en Milagro y fue director de la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO), que investiga a narcotraficantes. Se conoció que estuvo en funciones hasta 2022.

De hecho, en su cuenta de X compartió publicaciones del Ministerio del Interior y de autoridades nacionales en esa época.

Al día siguiente del caso denominado Gibraltar, un policía en servicio activo fue capturado en Manabí. Él fue acusado por la Fiscalía de supuestamente reclutar jóvenes para entrenarlos como sicarios.

Mientras que el 11 de diciembre, otros dos agentes cayeron durante un operativo en urbanizaciones privadas en Daule. Presuntamente filtraron información de los allanamientos.

Estos han sido los últimos casos de policías implicados en hechos delictivos en Ecuador. Pero desde enero a la fecha, al menos 432 uniformados han sido desvinculados de la institución por ese motivo o por inconductas.

Así lo señaló el comandante general Víctor Zárate, en noviembre pasado durante una entrevista radial. Zárate recalcó que la Policía es la "única institución que se autodepura".

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Sin embargo, habría uniformados que pese a tener antecedentes o haber estado inmersos en algún procesos judicial, son reintegrados a la Policía. En agosto del 2024 por ejemplo, tres agentes fueron capturados en el noroeste de Guayaquil.

Las autoridades los señalaron como sospechosos del secuestro de una madre e hija y que presuntamente tendrían vínculos con el grupo narcocriminal Los Tiguerones. Uno de los uniformados era un cabo segundo que registraba antecedentes por evasión de un detenido.

Un caso similar se registró en octubre en Manta. Un policía fue capturado por ir a bordo de un vehículo de alta gama presuntamente robado. Una fuente de inteligencia indicó a Ecuavisa.com que esa persona ya tenía antecedentes por supuestamente filtrar información a organizaciones delictivas.

Para el experto en seguridad y coronel en servicio pasivo Kleber Carrión, la figura de autodepuración "ha sido mal utilizada en algunos casos". También comentó que uno de los problemas es cómo se separan a los malos elementos de la institución.

Carrión explicó que el funcionario policial no deja de ser un ciudadano que tiene derechos. En ese sentido, puede aplicar o solicitar distintos recursos legales como acciones de protección, medidas cautelares, entre otros, cuando se los acusa de algún acto ilícito.

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Además del coronel en servicio pasivo Julio César M., otros altos mandos policiales han estado inmersos en procesos judiciales. Uno de ellos, el general Pablo Ramírez, quien fue sentenciado por el caso Metástasis.

En dicho proceso, otros ocho policías fueron investigados. Como el coronel Neicer Mazón, quien fue jefe distrital y habría cobrado dinero por filtrar información. También el mayor Armando R., quien según la Fiscalía prestó su negocio para lavar dinero del narco Leandro Norero.

Durante las narcofiestas reportadas en este 2024, también han sido detenidos policías en servicio activo. En El Empalme, donde se detuvo a alias Boris, llamado por las autoridades como el zar de las drogas, dos uniformados fueron capturados. Prestaban servicios en ese cantón del Guayas.

En abril, 10 agentes fueron detenidos como presuntos miembros de la estructura delictiva de alias Gato Farfán. Eran de unidades especializadas y cumplían distintos roles. Supuestamente les pagaban entre USD 100 000 y USD 200 000 por su colaboración.

La Policía Nacional no es la única institución donde las redes criminales han extendido sus tentáculos. En las Fuerzas Armadas también se han dado casos de uniformados acusados como sospechosos en hechos delictivos.

En el caso Gibraltar, también fue detenido Galo Manuel L., un capitán de la Armada. El juez le ordenó la prohibición de salida del país y que se presente periódicamente ante las autoridades judiciales. Esto porque está a cargo de su hija menor de edad.

Una fuente de inteligencia policial que lideró el caso, le dijo a Ecuavisa.com que el marino también cumplía el rol de coordinador en la estructura delictiva de alias Carlitos.

El 12 de diciembre del 2024 también se capturó a un militar en Tulcán. Supuestamente en su casa se almacenaban armas y municiones.

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