25 años de la Defensoría del Pueblo: ¿cómo ha sido su gestión?

Es la máxima institución encargada de defender los Derechos Humanos en Ecuador. En el último año lejos de ser noticia por sus labores ha estado envuelta en polémicas. El exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, fue destituido tras enfrentar un juicio político por incumplimiento de funciones, y actualmente se encuentra detenido por supuesto abuso sexual.

Pero las aguas no se calmaron para la institución. El pasado 18 de septiembre más cuestionamientos llegaron. El Consejo de Participación Ciudadana y Control (CPCCS), designó al exsecretario César Córdova como el nuevo encargado de la Defensoría, aquello generó críticas de diferentes sectores por su falta de trayectoria en Derechos Humanos como exige la Ley.

Ante los hechos, vale la pena revisar la historia, han pasado más de dos década desde que la institución fue creada. Por ello, algunas preguntas: ¿Qué ha hecho? ¿cuáles son sus competencias? y ¿quiénes la han presidido? Veamos.

¿Su función?

En Ecuador, la Defensoría del Pueblo surge con rango constitucional el 16 de enero de 1996 durante el Gobierno de Sixto Durán Ballén . ¿El objetivo? Tutelar los Derechos Humanos de los ciudadanos dentro y fuera del país. Así quedó establecido en el artículo 215 de la Constitución que, determina los mecanismo de defensa, es decir, la institución puede plantear garantías jurisdiccionales como: hábeas corpus, acción de protección, hábeas data, acceso a la información pública, entre otros.

Gabriela Bermeo, nueva vicedefensora del Pueblo, además explica otros puntos, "también observa a las otras funciones del Estado, sus actuaciones en materia de políticas públicas, en materia de cómo se conforman las leyes", explicó a Ecuavisa.com.

La y los defensores

Así, la institución ha sido presidida por siete hombres y una mujer. La gran mayoría abogados de carrera. El primer Defensor del Pueblo fue Julio César Trujillo en esa época designado por el Congreso Nacional. Su nombramiento contó con el respaldo de organizaciones sociales, sin embargo renunció a los 15 días.

Por su parte, Claudio Mueckay fue quien más tiempo ocupó el cargo durante tres periodos entre el 2000, 2005 y 2008. Mientras que, en el 2011 fue la primera vez que se dio el concurso de méritos y oposición, mediante el CPCCS, de los 24 candidatos fue elegido Ramiro Rivadeneira, quien fue destituido en mayo de 2018 por negarse a ser evaluado.

En su reemplazo, entró Gina Venabides, la primera mujer en presidir la institución. Lo demás es historia joven. En 2019 fue designado Freddy Carrión, el segundo defensor en ser destituido. Actualmente el CPCCS ha manifestado que convocará a concurso en un máximo seis meses.

¿Qué ha hecho desde que inició su gestión?

Por ejemplo, durante la crisis financiera de 1999 y 2000 que causó un éxodo ecuatoriano principalmente a España, Italia y Estados Unidos, la Defensoría del Pueblo inició un trabajo de apoyo a migrantes, sobre todo en solicitar apoyo de los países de tránsito, para combatir el delito de tráfico de personas.

Otro de los hitos ocurrió en el 2004 cuando se aprobó la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip). Esta Ley dio a la Defensoría otras atribuciones, convirtiéndola en el órgano promotor y de vigilar su cumplimiento. "En este momento estamos pidiendo reformas porque es una Ley de 17 años, tiene que ser actualizada a los nuevos estándares que se han desarrollado en los últimos años", destaca Bermeo.

En los últimos años, uno de las acciones que ha emprendido la institución es la defensa de personas en estado de esclavitud moderna como el caso Furukawa, el cual será presentado la próxima semana ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).

Bermeo destaca el Informe emitido de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia sobre el paro de octubre de 2019, donde se acusó al gobierno del expresidente Lenín Moreno de 249 vulneraciones a los derechos humanos.

Asimismo, la Defensoría impulsó la implementación de paridad de género en los municipios del país. En el último año la institución fue la encargada de presentar el proyecto de Ley para la interrupción legal y voluntaria del embarazo en casos de violación.

¿Debería tener poder coercitivo?

Una de las demandas por parte de los movimientos sociales es que la institución no tiene poder coercitivo, es decir, la Defensoría no puede sancionar o imponer multas de ningún tipo, “no tiene la fuerza para obligar a las autoridades públicas a cumplir con sus resoluciones”, explica la exdefensora subrogante Zaida Rovira.

Entonces, ¿su accionar es en vano? Rovira discrepa con la premisa, pues dice que la institución “tiene el poder ético, lo que significa que cuando el defensor emite una resolución, informe motivado, exhortos, o recomendaciones estas deben cumplirse por la magistratura ética de la autoridad”.

Por ello, para la exfuncionaria aquello no es la salida, expone que en la última década, salvo este año tras la polémica relacionada a Freddy Carrión, las resoluciones emitidas por la institución han contado con legitimidad, “sin necesidad de que haya amenaza o sanción de por medio, el objetivo es que los derechos se cumplan por convicción y no por sanción”, concluye.