2025 será un año de cambio institucional en al menos ocho entidades

Las elecciones presidenciales y de asambleístas, así como las designaciones que tiene pendiente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), en entidades de control, hacen de este 2025 un año clave para la institucionalidad de Ecuador.

De los funcionarios que sean designados, tanto por elección popular, como por concurso de méritos y oposición, dependerá el rumbo del país, desde lo económico hasta la judicial.

Los cambios incluyen la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, Fiscal General del Estado, Defensoría del Pueblo, Tribunal Contencioso Electoral, Corte Constitucional y hasta la Presidencia, aunque en ese caso, hay la posibilidad de que Daniel Noboa consiga la reelección.

¿Qué implicaciones tiene el cambio de timón en las instituciones?

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El 9 de febrero de 2025, los ecuatorianos acudirán a las urnas para escoger al próximo Presidente, Vicepresidente y a los 151 asambleístas.

Si hubiera cambios en Carondelet, está en juego el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la política de producción petrolera, el robustecimiento o no del aparato estatal, los impuestos, las relaciones exteriores, las decisiones alrededor de la seguridad o de la declaratoria de conflicto armado interno, la propuesta para generar empleo, etc.

La analista política Camila Ulloa explica que, aunque las ideologías cada vez tienen menos trascendencia en la política, los 16 candidatos que buscan la Presidencia han concentrado sus planes de Gobierno en esas aristas y cada uno propone una manera diferente de encarar los problemas del país.

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En cuanto a la Asamblea Nacional, la asignación de curules se realiza en función al método de Webster, eso significa que las votaciones son por listas cerradas y los ganadores son los representantes de la organización política con más votos.

El Parlamento tendrá una nueva composición con bancadas que tengan mayor representación que otras. Mientras, las alianzas legislativas se irán concretando en función de la asignación de puestos en el Consejo de Administración Legislativa y comisiones legislativas, tal como ha ocurrido cada año.

Otro factor importante que puede cambiar a raíz de las elecciones es la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea, determinada por si el Presidente electo consigue una representación que le permita negociar.

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El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) tiene en sus manos la designación de autoridades de control claves. Por ello, su composición política, será determinante en esa selección.

Antes, los votos favorecían más a una mayoría anticorreístas, pero con la salida de Juan Esteban Guarderas, y la designación de Eduardo Franco Loor, exabogado de Jorge Glas, como reemplazo, ahora la balanza se inclina hacia la liga azul, es decir, los vocales afines a la Revolución Ciudadana.

Quien tenga el control de esa entidad determinará los tiempos, plazos, comisiones ciudadanas de selección, impugnaciones, y en general cada fase del proceso. No sería extraño que los consejeros busquen favorecer a determinado postulante, tal como ha ocurrido antes.

La fiscal general Diana Salazar termina su periodo en abril de 2025. El Cpccs debe ejecutar un concurso para escoger al reemplazo que estará en funciones hasta 2031.

En manos del nuevo funcionario quedarán las investigaciones contra la corrupción y el narcotráfico que Salazar encabezó durante su gestión.

Ulloa recuerda que cuando fue designado Carlos Baca Mancheno, el entonces Mandatario, Rafael Correa, lo calificó como un "lujo de fiscal", considera que esas afinidades deben evitarse en un proceso transparente porque un fiscal no debería tener conflicto de intereses con nadie.

Por otro lado, el Consejo de la Judicatura, también pasará a otras manos. El presidente del, Mario Godoy, así como los vocales Solanda Goyes, Yolanda Yupangui y Merck Benavides tienen los días contados en la institución. Legalmente, deberían terminar funciones el 29 de enero de 2025, es decir, en menos de un mes.

Sin embargo, el concurso en el Cpccs no ha avanzado significativamente porque están pendientes las ternas que envía cada institución representada.

Es responsabilidad de los nuevos vocales de la Judicatura, la designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, un concurso venido a menos, pero que es trascendental para la selección de los magistrados en el máximo órgano de justicia.

El Consejo Nacional Electoral también debe cambiar todos sus miembros. Quien tenga el control de ese organismo, de alguna manera, tendrá incidencia en los procesos electorales, por lo que es de interés para las organizaciones políticas cooptar las vocalías.

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En cuanto a la renovación parcial de la Corte Constitucional, para nombrar a tres jueces, el proceso está en etapa de impugnaciones, a cargo de la Comisión Calificadora. Se esperaría que en el primer trimestre de 2025 ya se concreten esas designaciones.

Luego de esta etapa vendrá la calificación de méritos y la rendición de un examen.

La Corte es el organismo a cargo de la interpretación constitucional, y en el país resulta siendo el organismo con mayor poder que la misma Presidencia.