Caso Metástasis: ¿Mayra Salazar y Daniel Salcedo merecen penas reducidas por el procedimiento abreviado?

A siete meses de que la Fiscalía General del Estado revelara el esquema delincuencial que lideraba el narcotraficante fallecido Leandro Norero, se palpan los primeros resultados de la justicia. Se trata de las sentencias emitidas para los procesados que se acogieron al procedimiento abreviado por el delito de delincuencia organizada, en el caso Metástasis.

Eso implica que Mayra Salazar, Daniel Salcedo, Helive Angulo y otras siete personas, cuando se declaren culpables, recibirán una reducción de la pena, según lo estipulado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En esa norma también consta que el castigo por el delito de delincuencia organizada, por el que son investigados los sospechosos de Metástasis, es de siete a diez años de prisión. Sin embargo, quienes se someten al procedimiento abreviado reciben una menor pena, que puede ir desde un tercio del tiempo mínimo, o sea, en este caso, desde 28 meses, lo que equivale a un poco más de dos años.

Hasta el momento, los dos procesados que han sido sentenciados, recibieron 40 meses de cárcel, tal como había solicitado la Fiscalía, lo que se traduce en tres años y cuatro meses.

A pesar de que los 10 procesados eran fichas claves en la corrupción institucionalizada, a favor del crimen organizado, pasarán un corto periodo en los centros penitenciarios y surge la duda de si se merecen esas penas reducidas.

Caso Metástasis | ¿Qué es el procedimiento abreviado, la modalidad con la que Mayra Salazar y Daniel Salcedo buscan sentencias reducidas?

Gabriel Genaro García y Neycer Mazón son los primeros sentenciados por el caso Metástasis, como actores directos. Ambos eran policías y estuvieron a cargo de investigaciones en los que estaba involucrado Norero. Ahora, pasarán 40 meses en la cárcel

El cabo García, alias Doble Rueda, tenía ocho años como servidor policial activo. Según la Fiscalía General del Estado, basada en 28 elementos de convicción, el sentenciado alertaba de los operativos antidrogas e impidió que la Policía acceda a los teléfonos del narcotraficante, lo que se traduce en que modificó la evidencia para que no haya elementos contra Norero, en un caso de lavado de activos de 2022. García mantenía comunicaciones con personas cercanas al cabecilla para informar sus gestiones.

Como parte de la sentencia, debe pagar una multa de USD 5 520 y dos reparaciones económicas al Estado de USD 11 040 y 7 618. Además, tiene que ofrecer disculpas públicas.

Por otro lado, el coronel Mazón era jefe de distrito de Samborondón y ayudaba a Norero y la organización criminal en la filtración de información, así como brindando seguridad a la vivienda incautada del narcotraficante. A cambio de su gestión, habría recibido USD 85 mil. Incluso, participó en rituales de santería en contra de la fiscal Lidia Sarabia, quien investigaba al capo.

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Según la Fiscalía, Norero le pagó al policía USD 85 000. Además, habría cubierto los gastos del pasaje de su hijastro para que regrese de sus estudios en Rusia, un tratamiento en una clínica para su esposa, y hasta el mantenimiento de los patrulleros de su unidad en Samborondón.

La misma sentencia se puede repetir para Salazar, Salcedo y los demás procesados

Salazar fue la relacionista pública de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Mantenía una relación sentimental con Leandro Norero y se encargaba de conseguir decisiones que beneficiaban al narcotraficante, así como a su círculo cercano, con jueces y otros funcionarios.

La excomunicadora colaboró con la Fiscalía al presentar su testimonio anticipado en este caso y al entregar información que permitió abrir el caso Plaga.

Por su parte, Salcedo tenía una relación de amistad directamente con Norero y le ayudaba a entregar sobornos a operadores de la justicia. También le ofreció al cabecilla lavar dinero en contratos con el Estado.

Daniel Salcedo fue sentenciado por peculado en la venta de fundas para cadáveres en el contexto de la pandemia. De hecho, fue parte de este esquema criminal mientras cumplía prisión.

Es la primera vez que colabora con la Fiscalía General del Estado. Además, Salcedo fue capturado en Panamá, es decir, había salido del país al explotar el caso Metástasis.

La ley establece ese beneficio bajo ciertas cláusulas, como cuando se trata de delitos con penas de hasta 10 años, que no son relacionados con temas sexuales o secuestro.

Para lograr este mecanismo de justicia rápida, la Fiscalía negocia con la persona procesada y el juez es quien da paso.

¿Qué gana la justicia otorgando bajas penas? El abogado penalista José Elías Cárdenas dice que el principal beneficio es la economía procesal. Es decir, un caso penal que puede tomar varios años termina rápidamente y así se descongestiona el sistema de justicia.

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Además, explica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la sola sentencia ya es una forma de reparación para las víctimas, en este caso el Estado ecuatoriano.

La abogada María Espinosa, en cambio, dice que si bien se trata de un trámite contemplado en la ley, el acuerdo con la Fiscalía deja un sinsabor de boca porque los procesados terminan pagando tiempos cortos, de alguna manera resultan beneficiados.