Los seis meses de conflicto armado interno dejan dudas de su efectividad

El pasado 9 de julio de 2024 se cumplieron seis meses desde la declaratoria del conflicto armado interno, el mismo tiempo desde que Ecuador vio por televisión abierta la toma de un canal, por parte de miembros de una organización terrorista.

El Gobierno asegura que en ese tiempo hay una reducción del 17 % de los homicidios intencionales, principal indicador de la violencia. La ministra del Interior, Mónica Palencia, dijo que esa cifra corresponde a 621 muertes violentas menos en el primer semestre de 2024, en comparación con el mismo período de 2023.

Sin embargo, los datos no son del todo transparentes y todavía no hay claridad del plan que ejecuta el Gobierno en la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado, por fuera de esa declaratoria.

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Con la decisión del presidente Daniel Noboa de decretar que en Ecuador hay un conflicto armado interno, se reconoció a las bandas criminales como organizaciones terroristas y a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) como ente articulador de las operaciones militares para neutralizar a los miembros de los grupos de delincuencia organizada.

En un inicio, como se aplicó a la par del estado de excepción, los operativos se centraron en tomar presos a sospechosos de terrorismo y ponerlos a órdenes de la justicia.

Hasta abril de 2024 se reportaban más de 18 000 detenciones, a 300 de ellos por el presunto delito de terrorismo, de los demás no hay claridad de qué tipo de delitos se les imputa, y la gran incógnita es cuántos han sido judicializados.

Al principio, el Gobierno llevaba un registro de los operativos, detenciones, armas decomisadas, etc., que se hacía público cada cierto tiempo; luego, terminado el estado de excepción, las instituciones dejaron de publicar esa información.

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Por otro lado, siguiendo la versión oficial, en lo que va del año hay una disminución de los homicidios intencionales, respecto al mismo periodo del año anterior.

Esa información proviene del Ministerio del Interior y de Policía Nacional, pero no fue pública durante varios meses, aproximadamente desde octubre de 2023 hasta mayo de 2024. Sin embargo, desde hace pocos días, ya se habilitó el portal de consulta de cifras.

Antes de eso, la ministra Palencia cometió varias imprecisiones al hablar de los datos, incluso dijo que se había reducido el 99 % de la criminalidad.

Luego rectificó hablando de una disminución de entre el 28 y 29 %. Finalmente, la última cifra que entregó fue del 17 %, diciendo que eso corresponde a 621 muertes menos. Sin embargo, en el portal oficial la diferencia es solo de 516.

Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, considera que uno de los elementos más importantes para la democracia, en el contexto de violencia, es la transparencia en la información. Dice que cuando las autoridades no explican por qué hay la disminución de casos ni la metodología en el tratamiento de la información, corren el riesgo de que la ciudadanía dude de las cifras oficiales y de la política pública.

Daniel Pontón, docente en la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, dice que la respuesta del Gobierno ha sido reactiva. Es decir, se centra en contener las crisis. Un ejemplo es cuando ocurrieron varias muertes violentas y atentados en Manabí, la decisión fue trasladar el centro de operaciones de Fuerzas Armadas y Policía a esa provincia, logrando más de 20 días sin casos.

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El experto no duda de que esa decisión pueda dar resultados al corto plazo, no obstante, cree que el problema real y las posibles soluciones tienen que ver con la institucionalización del sistema de seguridad. En ese sentido, ve con preocupación que los militares ocupen espacios para los que no están preparados, como las cárceles del país.

Rivera coincide en que las decisiones son reactivas, la muestra de ello son los recurrentes estados de excepción, que ahora se aplican de manera focalizada.

Katherine Herrera, experta en temas de Seguridad Pública y Estado, considera que parte de la dinámica del conflicto armado interno implica la intervención de la fuerza pública en determinados sectores, donde efectivamente baja la criminalidad, aunque en la práctica, solo se desplaza hacia otros cantones.

Rivera también cree que hay un proceso de pacificación entre bandas. Eso significa que hay acuerdos mínimos entre ciertos grupos terroristas para su operación, lo que se traduce en la disminución de las muertes violentas. Es decir, los resultados de la declaratoria de conflicto armado interno, pueden ser en realidad muestras de otras dinámicas del mundo criminal.