40 años del Gobierno de León Febres Cordero y la lucha contra Alfaro Vive Carajo en Ecuador

Era el 10 de agosto de 1984 en el Pleno del Congreso Nacional, en Quito. León Febres Cordero asumió la Presidencia de la República e hizo su juramento. "Con Dios y con vosotros, sí se puede", dijo en voz alta durante su discurso ante la ovación generalizada de los asistentes. Se puso la banda presidencial, levantó el brazo en señal de victoria y prometió dar inicio inmediatamente a una de sus promesas de campaña: luchar contra grupos terroristas y no dejar rastro alguno de cualquier manifestación de violencia en territorio nacional.

"Lucharemos contra toda forma de terrorismo y estamos listos a unir fuerzas en la gesta por eliminar el gran azote de nuestra época: el uso y tráfico de drogas", manifestó el mandatario.

De forma simultánea, los integrantes de la agrupación Alfaro Vive Carajo (AVC) se tomaron varias radiodifusoras, a escala nacional, para rechazar al nuevo Gobierno y le advirtieron que enfrentarán militarmente a la oligarquía. "¡Ni socialistas, ni socialdemócratas, alfaristas es nuestra ideología!", fue otro de los mensajes que se comenzaban a promulgar con fuerza en ese tiempo.

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Esos hechos marcaron el inicio de la lucha entre la primera guerrilla urbana del Ecuador y el Gobierno de Febres Cordero, que cumple 40 años este sábado 10 de agosto de 2024. De un lado, las autoridades comenzaron una feroz persecución contra los miembros de AVC, a quienes los tildaron de delincuentes, subversivos y terroristas. De otra parte, AVC ratificó su lucha armada para buscar igualdad social. Ejecutó una serie de recuperaciones económicas (asaltos) y retenciones (secuestros) con el objetivo de financiar sus operaciones y enfrentar a un Estado neoliberal, que concentró la riqueza en pocas manos generando pobreza.

Sin embargo, ¿Qué ha pasado en las últimas cuatro décadas? ¿Cuál es el legado de este enfrentamiento? Para abogados especializados en temas de Derechos Humanos, exmiembros de AVC y uniformados en servicio pasivo, la realidad ahora es algo similar, pero con diferentes matices. La razón: hoy, la gestión del presidente Daniel Noboa Azín apunta con fuerza al combate a la delincuencia y ha declarado conflicto armado interno contra el crimen organizado.

Para Vivian Santander Galarza, asesora jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), el contexto se repite porque, a fin de cuentas, se persigue a un enemigo que ahora es la delincuencia y no una organización política que tomó las armas para lograr sus objetivos. Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, dijo que la principal similitud es que se mantiene vigente la doctrina de la seguridad nacional, que en la década de los ochenta permitió a los gobiernos implementar políticas de terrorismo de Estado y se dieron ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

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Esa información fue recopilada por la Comisión de la Verdad con 118 casos de violaciones a los derechos humanos que afectaron a 440 ecuatorianos y 16 extranjeros. Los datos fueron presentados en un informe, de cinco tomos y un resumen ejecutivo, el cual señala que de las 456 víctimas, el 84% fueron hombres y 16% mujeres. El 68% de casos sucedió entre 1984 y 1988, durante la administración de Febres Cordero.

El activista halla una diferencia y es que, en los ochenta, hubo varios actores y organizaciones políticas alzadas en armas y el Estado actuó sobre ellos. Ahora, en cambio, son grupos delincuenciales organizados (GDO) sin ideología. Su imagen no es clara, sino difusa. Entonces, cualquier persona podría convertirse en objetivo militar porque no hay una jerarquización o definición puntual de las bandas criminales. "Los riesgos pueden ser mayores. Ahora se está dando la criminalización de la pobreza y racialización de las víctimas y la militarización de la convivencia".

Alfonso Camacho es presidente de la Asociación de Generales de Servicio Pasivo de la Policía Nacional. Afirma que las estrategias de seguridad, implementadas por Febres Cordero y la Policía Nacional en los años 80, dieron paz y tranquilidad al país por cuatro décadas porque se logró vencer a la insurgencia. En este 2024 -afirma el oficial retirado- se necesita reforzar el trabajo de Inteligencia para debilitar a las estructuras del crimen organizado. "Se deben crear más unidades especializadas".

El abogado y coronel en servicio pasivo Patricio Acosta considera que los uniformados ahora necesitan un marco jurídico que garantice su trabajo y evitar que sean perseguidos como pasó con la Comisión de la Verdad. Por eso, un grupo de abogados y uniformados retirados presentarán, en la Legislatura, un proyecto de ley similar a la denominada Naín Retamal de Chile que aumenta el poder de la Policía por la crisis de inseguridad. Se otorga a los carabineros más margen de legítima defensa y aumenta las penas para quienes los ataquen.

"Las fuerzas del orden actuaron profesionalmente y dieron paz porque eliminaron a la subversión que emergía en Ecuador. Ahora, el lado malo fue que nuestros compañeros quedaron desprotegidos jurídicamente a tal punto que les inventaron un juicio de lesa humanidad con una Comisión de la Verdad que no es un ente jurídico. Producto de ello, desde 2014 hasta ahora no hay sentencia".

Afirmó que cuatro oficiales han fallecido y sus familiares no pueden acceder a la posesión de bienes porque hay la prohibición de enajenamiento. Acosta se refiere al caso ‘Vaca, Cajas, Jarrín’ por presunta lesa humanidad. Según las investigaciones de la Fiscalía, el 10 de noviembre de 1985, tres miembros de Alfaro Vive Carajo habrían sido detenidos por militares en Esmeraldas. Ellos habrían sido llevados al batallón Escuela de Inteligencia Militar localizado en Conocoto, al sur oriente de Quito.

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Camacho afirma que la Policía Nacionaly Fuerzas Armadas actuaron con fuerza en los 80 y era necesario hacerlo, más cuando AVC había dado golpes certeros que causaron conmoción y pusieron en alerta a las estructuras de seguridad del país. Por ejemplo, los asaltos (recuperaciones económicas) en las agencias de Multicambios y en Banco del Pacífico.

De igual forma, al amanecer del 28 de abril de 1985, los miembros de AVC cavaron un túnel para liberar a sus compañeros que se encontraban detenidos en el exPenal García Moreno en el Centro Histórico de Quito. En el libro 'A.V.C. por dentro', escrito por Edgar Frías, se detalla que se tomaron varios meses para llegar desde una casa localizada en la calle Rocafuerte, la cual tenía como fachada un depósito de papas, hasta el patio del centro penitenciario.

El Gobierno indicó que hubo asesoría del grupo M-19 de Colombia. "La escapatoria de estos cuatro delincuentes es de tipo científico, que no deja duda sobre sus vinculaciones con el M-19 de Colombia", manifestó el presidente Febres Cordero. Sin embargo, los mismos integrantes de AVC señalan que la liberación de los presos fue de su exclusividad, sin enjerencia de arupaciones externas.

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En las instalaciones del Distrito de Policía Manuela Sáenz, localizado en las calles Montúfar y Manabí del Centro Histórico de Quito, operó el Servicio de Investigación Criminal (SIC-10), que administraba los calabozos a donde eran trasladadas las personas consideradas "subversivas". Según ha indicado la Fiscalía General, ese grupo especial de la Policía utilizó métodos de investigación que vulneraron los Derechos Humanos como torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, entre otros delitos de lesa humanidad.

Por años, esas celdas obscuras y frías de paredes blancas y puertas enrejadas, ubicadas en la planta baja, funcionaron como estacionamiento y bodega luego de que el SIC-10 desapareciera. Pero, con la suscripción de un convenio entre los ministerios del Interior y Cultura, en mayo de 2017, se tenía previsto construir allí un museo para recordar a las víctimas.

Su creación se dispuso luego de que entrara en vigencia la Ley para la Reparación de Víctimas. Inicialmente, el proyecto fue concebido para que se lo levante en un área de 1 065 metros, en el ala norte del antiguo Regimiento Quito N°2 (subsuelo, plantas baja y alta).

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Eso jamás se cumplió. Para los familiares de las víctimas y activistas de Derechos Humanos, es primordial que el Museo de la Memoria se encuentre en esas instalaciones policiales y no en la sede del Ministerio de Cultura donde se ubica actualmente.

A Clara Merino Serrano, presidenta del Comité Nacional de Víctimas, le parece preocupante que hayan transcurrido 40 años y la mayoría de casos sigue en la impunidad. Cuenta que solo un caso se ha judicializado. "Han sido cuatro décadas de lucha de padres, hijos y demás familiares. Pese a todos los esfuerzos, las investigaciones no han avanzado".

Considera que la Ley para la Reparación de las Víctimas fue concebida tras varios años de esfuerzo, pero tiene vacíos. Por ejemplo, no hay una correcta judicialización. Asimismo, critica al trabajo que ha realizado la Unidad Especializada de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General. Cuenta con poco personal y escaso presupuesto.

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También cuestiona que al Museo de la Memoria no se ubique en las instalaciones del Servicio de Investigación Criminal. Considera irrespetuoso se lo haya construido en el subsuelo del Ministerio de Cultura y tiene grandes fallas históricas. "Tiene un archivador metálico con copia de la primera página de cada uno de los casos y nada más. Hay errores en los nombres de las víctimas".

Le parece inconcebible que se ubique a los dictadores de cada uno de los países y no conste Febres Cordero.

"Desde el Estado, la reparación no será suficiente desde los gobiernos. Las víctimas han insistido por años. No fue un proceso que Correa quiso, sino la lucha de los comités de víctimas para que los reclamos se escuchen", dijo Santander. A esto se suma que hay trabas en Fiscalía: se deben paso del tiempo, no se puede identificar a todos los actores, pero hay otros casos en los que los actores están vivos y no hay voluntad de mover las indagaciones.

Fausto Eloy Basantes Cárdenas, hijo de los dirigentes de AVC, Fausto Basantes y Mireya Cárdenas, fue inscrito en el Registro Civil como hijo de sus padres, el 4 de marzo de 2015, después de vivir con identidad falsa durante 29 años.

El Registro Civil se basó en la Ley para la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad. Según esa entidad, por situaciones políticas de la época, sus padres tuvieron que ocultar el verdadero nombre de su hijo y llevaba los apellidos de sus tíos.

Tras un proceso dirigido por la Defensoría del Pueblo, el 25 de febrero de 2015, el Registro Civil declaró la nulidad de la documentación existente en la institución respecto al nombre de Fausto Eloy Basantes Moreno. También procedió a:

A continuación, Eloy Basantes Cárdenas cuenta cómo ha sido su vida en las últimas cuatro décadas.

Ya son casi diez años de lo que llevas los apellidos de tus padres, ¿cómo ha sido para ti?

Por un lado, es el tema del orgullo de ya tener a mis papás reconocidos en la cédula y poder nombrarlos en cualquier lugar, lo cual es muy importante.

¿Cómo era antes de eso?

Tenía que cuidarme. Saber con quién hablaba y dar muchas explicaciones a la gente de que mi mamá es Cárdenas, pero mi apellido era Moreno. Siempre tenía que contar esa historia, pero ahora, pues, ya no lo hago. Por eso es un motivo de orgullo siempre lo quise hacer.

¿Tuviste algún problema?

Igual se generan problemas por estos temas de la de la identidad. O sea, mi cédula se hizo pública y al final tuve algunos inconvenientes porque sacaron deudas a mi nombre. Gente inescrupulosa hizo mal uso de mi documento de identidad. No cambié de número de cédula y este se difundió masivamente cuando se publicó la noticia de que el Registro Civil reconoció mi nombre verdadero, lo cual me originó muchísimos problemas.

¿Qué clase de problemas?

Como lo dije anteriormente, tenido deudas que no son mías, lo cual me ha complicado un poco para sacar un crédito hipotecario. Gente desconocida me ha llamado a decir que le entregue cosas que jamás le vendí. Incluso cuando fue lo de la vacuna contra el covid-19, alguien se había inmunizado a mi nombre y a mí ya no me querían poner la primera dosis. Imagínate, incluso en esas cosas así tan básicas tuve inconvenientes.

¿Y cómo era tu vida antes de llevar tu nombre real? ¿Cotidianamente te escondías o sentías que te seguían?

No realmente, pero cuando, por ejemplo, me presentaba en algún trabajo, sabía que tenía que contar mi historia. Ya cuando cuando estaba con gente de confianza, no pasaba nada.

Este 10 de agosto se cumplen 40 años de lo que pasó entre el Gobierno de Febres Cordero y AVC. Ahora, tenemos un conflicto armado interno y la gente pide la presencia de militares para reforzar a la seguridad ciudadana, ¿Cómo lo analizas?

Lo que pasaba antes es que, en el país, nosotros podíamos salir a caminar tranquilamente sin muchas preocupaciones y en los últimos años eso se vino abajo. Tener ahora a tantos militares y policías en las calles que hacen detenciones, muchas veces arbitrarias, no me genera seguridad y me siento incómodo. Me provoca inseguridad o desconfianza porque en cualquier momento se puede armar un tiroteo o detener a alguien (de forma injusta). Si uno está en el lugar o momento incorrecto... Eso ocurría mucho más antes, pero no creo que en esta época no haya pasado e incluso hay casos (ahora).

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