La campaña presidencial podrá mover USD 93,4 millones

Con base en la cantidad de precandidatos y el límite de gasto electoral para las elecciones de 2025, alrededor de la campaña para el binomio presidencial podrá moverse unos USD 93, 4 millones de financiamiento privado, solo de lo que legalmente está autorizado.

Además, la posible filtración del narcotráfico, corrupción u otros negocios ilícitos en la política es una constante preocupación cada que llega la hora de ir a las urnas. La inquietud es mayor porque para los próximos comicios aumentará el número de candidatos, dificultando el control del Consejo Nacional Electoral (CNE) al dinero que se utilice para la promoción.

Si bien la cifra puede modificarse con la concreción de alianzas, de momento, son 17 parejas que le apuntan al binomio presidencial. Por otro lado, al aumentar el número de asambleístas que resultarán electos, también habrá más candidatos para el Legislativo.

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Es decir, miles de políticos buscarán promocionarse para conseguir el reconocimiento del electorado y así ganar votos, lo que implica una serie de gastos. Por ejemplo, para un mitin político, los candidatos necesitan pagar la movilización, hospedaje y alimentación del equipo que le acompañe; la tarima, amplificación de audio y pantallas; los artículos promocionales que se entregan como camisetas, banderas o pancartas; y la promoción del evento en redes sociales, entre otros gastos.

Ese dinero proviene de la autogestión de los partidos y movimientos, mediante la recolección de aportes voluntarios de ciudadanos. ¿Qué garantías hay de que esa plata no esté contaminada?

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El pasado sábado 17 de agosto de 2024, el Consejo Nacional Electoral aprobó el límite de gasto electoral para el binomio presidencial, parlamentarios andinos y asambleístas nacionales, provinciales y del exterior.

El monto se obtiene de un cálculo detallado en el Código de la Democracia, de acuerdo con el número de ciudadanos que constan en el registro nacional, previamente aprobado.

Al haber 13 737 030 de electores, el tope que pueden gastar los candidatos del binomio presidencial es de USD 5 494 535,60, lo que corresponde a USD 0,40 por elector.

Esa cantidad de dinero se utiliza para el financiamiento de actividades como eventos, mítines, murales, material publicitario, etc.; o sea, todo lo que no implique la contratación de publicidad en medios de comunicación, porque eso paga directamente el CNE, con dinero del Estado.

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Partiendo del escenario de que se mantengan los 17 candidatos, entre todos podrían gastar unos USD 93 millones.

En ocasiones anteriores, no han llegado a reportar ingresos que se acerquen al límite del gasto. En los comicios anticipados de 2023, el valor aprobado fue de USD 5,3 millones, pero ningún candidato presupuestó ese dinero en los documentos entregados al CNE, como proyección, el que más se acercó fue Fernando Villavicencio, quien planificaba gastar unos USD 3 millones.

Sin embargo, el exconsejero del CNE, Luis Verdesoto, no tiene dudas de que una campaña en Ecuador puede costar más de esa cantidad y dice que los políticos consiguen ese financiamiento con facilidad, aunque no siempre de manera lícita.

En la ley se contemplan tres fuentes de aportaciones para la campaña: cuotas de los afiliados y de los candidatos, donativos de personas naturales, así como de los ingresos que los partidos obtengan de las rentas de sus bienes.

Sin embargo, Ruth Hidalgo, directora ejecutiva en Corporación Participación Ciudadana, duda que la cantidad de dinero necesaria se obtenga únicamente de esas formas, entre otras razones, porque en Ecuador no existen partidos con una militancia activa.

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Cita casos en los que ha quedado en evidencia la corrupción en las campañas. Por ejemplo, el caso Sobornos, en el que se determinó que hubo financiamiento de empresas multinacionales al movimiento Alianza País, en ese entonces manejado por el correísmo, a cambio de la asignación de contratos públicos.

En el caso Metástasis, en cambio, se revelaron chats en los que el narcotraficante Leandro Norero hablaba de colocar dinero por la opción del No en la campaña de la consulta popular de 2023.

Verdesoto cuenta que cuando fue vocal del CNE, identificó al menos una modalidad de transgredir la norma y conseguir financiamientos no permitidos. Por ejemplo, empresarios, que tienen intereses particulares, pagan consultores y agencias que trabajan directamente con los políticos, es decir, no hay una transacción como tal.

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Las organizaciones políticas deben presentar reportes quincenales de las donaciones recibidas, con los nombres de quienes entregan el dinero, las cantidades y en qué se utilizó.

Las irregularidades que se presenten en ese documento deben ser identificadas por el CNE, por ejemplo, ocurre que se utilizaron más recursos de los reportados.

Además, los gastos que implican las redes sociales no son controlados por la entidad electoral. Hidalgo y Verdesoto explican que en la producción de spots para Instagram o TikTok puede gastarse muchísimo dinero que no se declara por ningún medio. Ambos expertos consideran que el CNE ya debe comprender la dinámica actual de la promoción electoral y adaptar los reglamentos hacia ese sentido.