Los miembros del comité de expertos tienen expectativas de que el concurso de jueces entierre el legado de Wilman Terán

El concurso de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia ha estado minado por una serie de episodios que ponen en duda la legitimidad del proceso. Sin embargo, los expertos, que participaron en la elaboración de la prueba teórica y de los casos prácticos, tienen esperanzas de que se escoja a los mejores perfiles para la más alta Corte de la administración de justicia ordinaria.

Cuando Wilman Terán era presidente del Consejo de la Judicatura, hubo una alerta del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional de Abogados, quienes pedían que el proceso se suspenda por el riesgo inminente de que los seleccionados "carezcan de legitimidad", se dudaba de algunas acciones de la institución, como el pedir que los postulantes vuelvan a rendir las pruebas de confianza, sin conocer el resultado del examen anterior.

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Sin embargo, Terán defendía su trabajo y se negaba a recular. Fue Cuando Álvaro Román asumió la titularidad de la Judicatura, luego de que Wilman Terán fue detenido por las investigaciones del caso Metástasis, que finalmente se consiguió suspender el procedimiento, por unanimidad en el Pleno.

Ahora, el Presidente de esa institución, y quien asume el concurso a la mitad, es Mario Godoy. Su designación también se vio salpicada por escándalos dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), sin embargo, se ha comprometido a avanzar con lo que ya encaminó la anterior administración y así no entorpecer el proceso.

Si bien, los cuestionamientos han mermado, la Fiscalía abrió una nueva investigación que nuevamente pone en tela de duda el concurso. Se trata de un presunto caso de concusión que involucra a funcionarios de la Judicatura, porque presuntamente habrán exigido dinero para favorecer a ciertos postulantes.

Pese a esas alertas, los expertos, que vienen de la academia o del libre ejercicio profesional, muestran su confianza en el concurso. En los próximos días, algunos participarán revisando las solicitudes de recalificación.

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Ramiro García, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central y parte del comité de expertos, considera que el concurso "en general, se ha llevado bien", aunque reconoce que puede mejorarse y que no es perfecto.

Compara el procedimiento actual con el que impulsó Wilman Terán y ve grandes avances. También aplaude que Godoy no haya interferido, aunque a la vez es cauto en que hay que esperar a los resultados para determinar la benevolencia del concurso.

La abogada constitucionalista, Ximena Ron, explica que las preguntas que realizaron son estructuradas y están hechas para que los participantes demuestren su grado de comprensión del conocimiento teórico, algo que considera básico para un juez.

Explica que como experta tiene una visión limitada de la gestión de la Judicatura y que su tarea se limita a la elaboración de las preguntas y la recalificación, sin embargo, dice que ha podido observar varios esfuerzos para garantizar la confidencialidad del procedimiento.

Ron dice que el concurso es importante porque luego de lo que se ha destapado en los casos Metástass y Purga "ha quedado claro que los jueces no solamente tienen que tener el conocimiento, sino que también deben tener la confianza".

La abogada Jéssica Jaramillo, también experta, dice que el nuevo escándalo por la investigación de la Fiscalía debería dar tranquilidad a la ciudadanía porque eso significa que los organismos competentes están trabajando de manera autónoma.

Destaca el perfil de los expertos que se han encargado de la elaboración de las preguntas, porque cree que son personas con larga trayectoria y con participación activa en la docencia.

Considera que a pesar de los cuidados que se tenga para escoger a los mejores perfiles, hay parámetros difíciles de evaluar como la ética de los profesionales.

La abogada Verónica Alarcón, representante del Colegio de Abogados de Loja, que también integra el comité, dice que el concurso ha sido bien estructurado, basado en la normativa, como el reglamento aprobado. Dice que Godoy únicamente se ciñó al cronograma ya aprobado.

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