Caso Metástasis: policías, jueces y operadores reciben penas mínimas; el peso de la justicia caerá sobre otros 39 procesados

Las primeras sentencias del caso Metástasis incluyen penas de prisión de entre 15 y 40 meses. Así ocurrió con nueve miembros de la estructura criminal que reconocieron haber cometido el delito de delincuencia organizada para recibir tiempo reducido en la cárcel, como parte del procedimiento abreviado y, en ciertos casos, por la cooperación eficaz.

Son en total 10 personas que se acogieron a un juicio rápido, falta la sentencia de Daniel Salcedo, otro operador del narcotraficante asesinado Leandro Norero.

Por fuera de ellos, hay 39 procesados que deben someterse a un procedimiento extenso de juicio, en donde la Fiscalía deberá demostrar su participación y, dependiendo de eso, el juez determinará la pena que puede ser de entre siete a diez años. Ese es el caso de Ronny Aleaga, Wilman Terán, Pablo Ramírez y otros.

Metástasis destapó la corrupción enquistada en el sistema de justicia, en donde resultaron salpicados jueces, abogados, empresarios, políticos y funcionarios públicos, a merced del narcotráfico. ¿Quién pagará el peso de la justicia?

Caso Metástasis | ¿Qué es el procedimiento abreviado, la modalidad con la que Mayra Salazar y Daniel Salcedo buscan sentencias reducidas?

Hasta el 23 de julio de 2024, Mayra Salazar, Helive Angulo y Alex Palacios son los sentenciados que han recibido menos tiempo de condena por su participación en el caso Metástasis. Los tres firmaron un acuerdo de cooperación eficaz.

El abogado penalista José Elías Cárdenas explica que esa figura le permite a la justicia obtener información de un delito, pero que es un beneficio independiente al del procedimiento abreviado, es decir, no es necesario que una persona proporcione datos del caso, pero si lo hace recibe más beneficios.

Según lo determinado por Fiscalía y confesado por Salazar, ella recibía órdenes directas de Leandro Norero para coimar a jueces y otros funcionarios con el fin de favorecer al cabecilla con sentencias prefabricadas o ayudarle a que evada la justicia.

Operaba desde la Corte Provincial de Justicia de Guayas, de mayo a octubre de 2022, sin ser funcionaria judicial. Los chats que entregó a Fiscalía dieron paso al caso Purga.

Helive Angulo, en cambio, fue mano derecha de Norero, ejerciendo como administrador de sus bienes y asesor en asuntos legales. La Fiscalía le responsabilizó de conseguir acercamientos con jueces de Cotopaxi y con el expresidente de la Judicatura, también procesado, Wilman Terán, para acordar pagos que permitan dilatar procesos y audiencias.

Por su parte, Alex Palacios, aceptó su participación asesorando a Angulo en cómo evadir la justicia. Trabajó como subcoordinador jurídico del despacho del Terán, cuando era juez de la Corte Nacional de Justicia.

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En la escala de procesados que han recibido penas reducidas, le sigue Héctor Paredes, agente de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dilat), quien recibió 30 meses de prisión por dar información sobre el caso de lavado de activos que se seguía la Policía contra Norero. También envió documentos falsos para justificar el dinero encontrado en la casa del narcotraficante.

Le siguen los otros cinco procesados, quienes recibieron 40 meses de cárcel:

En el Código Orgánico Integral Penal (COIP) consta que quien incurra en delincuencia organizada recibirá entre siete a diez años de prisión. El tiempo exacto lo determina el juez y dependerá de las circunstancias agravantes que pueda exponer la Fiscalía.

Aunque todavía no hay fecha, una vez superados los procedimientos abreviados, se convocará a la audiencia preparatoria de juicio, en la que la Fiscalía expondrá los elementos de convicción contra los 39 procesados, eran en total 52, pero se restan los 10 que se sometieron al procedimiento abreviado y tres contra quienes la Fiscalía emitió dictámenes abstentivos.

Entre los 39 están personajes de la política, así como personas cercanas al círculo del cabecilla.

Por ejemplo, Alexander N., calificado por la Fiscalía como el "artífice principal de la coordinación de la red de influencias con el poder judicial", era quien ofertaba y pagaba los sobornos.

Además, están funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), como Pablo Ramírez, quien desempeñó como director de esa institución y facilitó favores penitenciarios administrativos, a Norero.

También Xavier Jordán, a quien la Fiscalía acusa de poner a disposición del criminal sus empresas para justificar el movimiento de dinero ilícito

En el mundo político, resultó salpicado el exasambleísta del correísmo Ronny Aleaga. Según el Ministerio Público, "abusó de sus facultades fiscalizadoras al solicitar información sobre posibles investigaciones previas que la Fiscalía habría iniciado contra Xavier Jordán".

Jordán y Aleaga no podrán ser procesados mientras no se presenten ante la justicia ecuatoriana.

Wilman Terán también se suma a esta lista. Bajo la tesis de Diana Salazar, colaboraba en la esfera de la planificación para comprar las decisiones a los jueces frente a la presentación de un habeas corpus en favor el hermano del narco asesinado.

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A ellos se suman otros procesados como Claudia Garzón, excomisionada de pacificación; el exjuez Jhoan Marfetán; o la jueza Glenda Ortega.