Wilman Terán y Maribel Barreno están a punto de salvarse de la censura, por el candado del correísmo

Este 16 de julio de 2024 se debate el juicio político contra el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y la exvocal Maribel Barreno, en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Las bancadas ya han definido posturas y el pronóstico inicial es que ambos exfuncionarios se salvan gracias a los votos del correísmo. Sin embargo, el resultado certero se conocerá posterior a la sesión convocada para las 10:00.

Terán y Barreno han sido cuestionados por sus acciones como vocales de la Judicatura y, en el caso del primero, también como juez de la Corte Nacional de Justicia. Ambos enfrentan juicios penales.

La mayoría de las bancadas tomó fácilmente la decisión de censurarlos, ya que resulta políticamente rentable mantener una postura en contra de exfuncionarios a los que se les imputa casos de corrupción.

Barreno resultó salpicada por un audio filtrado en el que, junto al exvocal Juan José Morillo, supuestamente intentaba influir en el juez Gustavo Osejo, en una acción de protección de la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori.

Además, junto a Wilman Terán, Barreno también es procesada en el caso Independencia Judicial, en el que se investiga el delito de obstrucción de la justicia por la sanción que recibió el juez Walter Macías, a cargo del caso contra Morillo y Barreno, por parte de la Judicatura.

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La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por ese caso está previsto para el próximo jueves 18 de julio de 2024, luego de que se suspendiera la diligencia por incidentes que protagonizó Terán al interrumpir a la Fiscalía y declararse en rebeldía.

Por otro lado, Terán también es procesado por el caso Metástasis, por el que recibió prisión preventiva por el presunto delito de delincuencia organizada. En esa investigación, es clave el testimonio de Álex Palacios, hombre de confianza del exfuncionario, dijo en su testimonio, que cuando Terán era juez pedía dinero a los abogados del narcotraficante Leandro Norero, a cambio de tramitar decisiones judiciales que le favorezcan.

Sin embargo, el juicio político se centra en el supuesto incumplimiento de funciones por la extensión de los periodos de los jueces de la Corte Nacional de Justicia y por las irregularidades en el concurso de méritos y oposición de jueces.

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El promotor del juicio es el asambleísta de la bancada de Construye, Jorge Peñafiel, quien insiste en que Terán debe ser censurado porque es el reflejo de una "justicia censurada". De ese bloque se obtienen 16 votos.

El oficialismo también ha mostrado su rechazo al accionar de Terán. La asambleísta Inés Alarcón, de ADN, dice que esperan que los legisladores no blinden "a quienes han defraudado con actos de corrupción al sistema de justicia". En esa bancada hay unas 36 voluntades

El Partido Social Cristiano (PSC), independientes y Pachakutik también ha sido enfático al mostrar su postura a favor de la censura y destitución de Terán y Barreno. Sumando esos votos se logran 37.

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Es decir, básicamente los únicos votos que favorecerán a Terán son los 48 de la Revolución Ciudadana. En esa bancada argumentan que no hay las suficientes pruebas para la censura.

Para censurar a los exvocales de la Judicatura se necesitan 92 votos, es decir, se necesitan al menos tres legisladores del correísmo que rompan filas y se unan a la oposición, algo poco probable.

El pasado 8 de julio de 2024, en la Asamblea se aprobó una moción para avanzar con el juicio político, en esa ocasión se consiguieron 88 votos a favor, es decir, algo muy similar al escenario previsto.

Para la tarde de hoy también está prevista la posesión de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura, tras un procedimiento de selección en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) cuestionado.

Godoy asume la titularidad de una institución que ha estado en declive por los múltiples escándalos de corrupción. Además, su designación fue cuestionado por aparentemente responder a un pacto entre el oficialismo y el correísmo, algo que ha sido negado por los asambleístas de ambas bancadas.