El FUT, el Frente Popular y la Fenocin se movilizan bajo las mismas consignas de hace 20 años

Para este 4 de julio de 2024, las organizaciones sociales convocan a movilizaciones a escala nacional para rechazar las políticas del presidente Daniel Noboa, en particular el alza de los precios de las gasolinas, producto de la eliminación parcial de los subsidios.

Las agrupaciones que cobijan a los trabajadores, estudiantes, jubilados, campesinos, indígenas, médicos, representantes de barrios, artistas, colegios profesionales, mujeres, etc., acudirán a la convocatoria, a escala nacional en 23 provincias.

La mayoría de organizaciones sociales que participan no han cambiado radicalmente sus consignas, demandas y propuestas durante los últimos 20 años.

La mayoría mantienen una postura de oposición a los gobiernos de turno y a las propuestas que estos plantean. En líneas generales, rechazan los acuerdos comerciales, el aumento de impuestos, acercamientos con multilaterales, eliminación de subsidios, etc.

Así mismo, los líderes y dirigentes siguen siendo los mismos, con sus escasas excepciones. También hay quienes han pasado de un gremio a otro, o se mantienen en las bases, como militantes.

Su incidencia se limita principalmente a la convocatoria de manifestaciones o movilizaciones, que a veces derivan en paros nacionales, sobre todo cuando cuentan con el apoyo de los gremios de transportistas y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), algo que no se espera para la jornada de hoy.

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Hay una centena de organizaciones que participarán en las diferentes ciudades del país, algunas con carácter local y otras nacionales.

El Frente Popular y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) son dos de las más importantes porque agrupan a otras más pequeñas, como la Juventud Revolucionaria del Ecuador o la Unión Nacional de Educadores, respectivamente.

También participarán colegios de médicos y abogados, la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador (Cocumitae), Mujeres por el cambio, servidores de las universidades y escuelas politécnicas, etc.

Hubo mucha expectativa de que se una la Conaie a esta convocatoria, porque en el paro de octubre de 2019 y de junio de 2022, fue el movimiento indígena el que lideró las negociaciones con los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Sin embargo, el presidente de esa organización, Leonidas Iza, dijo que no formarán parte de las movilizaciones porque cuando convoquen no será una medida al corto plazo.

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Quienes sí han confirmado su presencia es la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), que participaron de cerca junto a Iza en 2022.

Todas las agrupaciones mencionadas profesan una ideología de izquierda. Además, tienen representación política, con partidos como Unidad Popular (UP) o el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE); sin embargo, en las urnas generalmente no logran buenos resultados. Cuando mejor les va es en las elecciones seccionales. Por ejemplo, en 2023, la UP obtuvo 13 alcaldías y dos prefecturas, la mayoría en alianzas. En candidaturas presidenciales, apoyaron a Yaku Pérez, que en las elecciones anticipadas de 2023 obtuvo el quinto lugar.

La convocatoria nace a raíz de la implementación de nuevos precios para las gasolinas Extra y Ecopaís, aunque los representantes de los sindicatos dicen que también es por la inseguridad, el debilitamiento del sistema de salud y la educación.

Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, dice que cuando sube el valor de los combustibles se ve afectada toda la cadena de producción, lo que se traduce en una vida más cara.

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La economista y docente universitaria, María Herrera, ve probable que se incremente el precio de algunos productos, pero considera que ese es un efecto de la especulación más que por el valor de la gasolina. Afortunadamente, según explica la experta, al regir el dólar, es difícil que en Ecuador esas prácticas perduren, pues el mercado termina regulándose.

Marcela Arellano, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), está segura que con la decisión del Gobierno, de eliminar parcialmente los subsidios, se aumentará el número de personas en pobreza.

Considera que los ciudadanos están pagando la factura de la mala administración, con el alza del IVA o de la gasolina, cuando deberían hacerlo las personas que tienen más recursos.

Sobre eso, ya se estableció el cobro a bancos y cooperativas respecto a las utilidades de 2023, como parte de la ley para enfrentar el conflicto armado interno. Sin embargo, Arellano y Erazo dicen que no es suficiente y que el Servicio de Rentas Internas debe cobrar la cartera pendiente a los grandes grupos deudores.

Por otro lado, Erazo dice que Ecuador debería repotenciar la Refinería de Esmeraldas para evitar la importación de gasolina y así mantener el subsidio. Sin embargo, el país atraviesa una crisis de producción de petróleo, comparable con la pandemia, por lo que no hay suficiente crudo para la generación propia de combustibles.

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El rechazo a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) también es parte de la molestia social. Erazo dice que si llevan tantos años con las mismas demandas es porque durante todo ese tiempo se ha querido imponer las políticas de ese organismo. Sin embargo, según explica la economista Ingrid Poma, Ecuador no tiene muchas fuentes de financiamiento de dónde escoger.

El analista político, Cristian Carpio, cree que el gobierno maniobró adecuadamente al negociar con los trasportistas y evitar paros de este sector, que tienen los vehículos para bloquear las vías.

Cree que el discurso que manejan los sindicatos y quienes sí van a participar en las marchas no tiene mayor impacto per se, pero sí pueden recibir el apoyo de quienes no ven resultados en el gobierno o se ven directamente afectados por la crisis económica o de inseguridad.