La eliminación parcial de los subsidios a las gasolinas representa solo un parche al hueco fiscal

El gobierno de Daniel Noboa, finalmente, implementó un mecanismo para la eliminación parcial de los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís, que rige desde este 28 de junio de 2024. La decisión se concreta tras cinco años de discusión alrededor de la ineficiencia de esa subvención, que inició durante el gobierno de Lenín Moreno y se mantuvo en la administración de Guillermo Lasso.

Analistas económicos consultados por Ecuavisa.com consideran que la decisión era necesaria, pero explican que el ahorro representa un mínimo porcentaje, respecto al déficit fiscal.

Advierten que el Gobierno difícilmente podrá utilizar esos recursos en obras de infraestructura o sociales, porque tiene pagos atrasados a proveedores, municipios, a la seguridad social, así como sueldos de funcionarios públicos que cancelar. Además, a la par, hay urgencias que requieren recursos, como la solución a la crisis energética.

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Unos USD 600 millones anuales será el ahorro por la eliminación parcial de los subsidios a las gasolinas, según el cálculo que hace el Gobierno, con base en que el año anterior se destinó USD 644 millones en ese subsidio. Sin embargo, al aplicarse en el segundo semestre del año, se obtendrá aproximadamente unos USD 300 millones.

La cifra no se puede determinar con exactitud, porque se estableció un sistema de bandas que está sujeto al precio internacional de la gasolina y que fluctuará entre un 5 % más o hasta un 10 % menos. Es decir, el Estado continuará asumiendo un porcentaje del subsidio.

Parte del monto del ahorro, entre unos USD 80 y USD 100 millones anuales, se destinará a la compensación a taxistas, conductores de tricimotos y de transporte mixto. La cantidad dependerá del número de beneficiarios que se registren en la plataforma del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que estará habilitada durante cuatro meses.

Por otro lado, el gobierno ha ofrecido la inclusión de 40 mil núcleos familiares a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano y el Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, que entrega el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad. Actualmente, hay unas 900 mil personas que ya reciben esos bonos. El total de recursos destinado para esa subvención es de unos USD 1 300 millones. El incremento será paulatino, pero todavía no se han anunciado cuándo se realizarán los primeros pagos adicionales.

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Cuando las autoridades hicieron el anuncio del mecanismo de compensación, la ministra de Inclusión, Zaida Rovira, dijo que la intención es utilizar ese dinero para "fortalecer el piso de protección social". Explicó que la inclusión de nuevas familias a los programas de bonos es la primera acción en esa línea.

La economista y docente universitaria, María Herrera, dice que, lo óptimo, es que el Estado utilice esos recursos adicionales en lo social: educación, salud, vivienda, atención a personas en condiciones vulnerables. Sin embargo, cree que lo más probable es que ese dinero termine en la "bolsa del gasto corriente".

Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, es aún más radical. A su criterio no tiene sentido preguntarse a dónde se destinará ese dinero si hay un hueco fiscal que no ha logrado cubrirse.

El déficit del Presupuesto del Estado, que está alrededor de los USD 5 mil millones, según las proyecciones de Cordes, no ha logrado subsanarse, aun con el incremento del IVA en tres puntos porcentuales. Es decir, poco se logrará con los USD 600 millones de ahorro por la eliminación de los subsidios, que representa un punto porcentual del IVA, según explica Carrera.

Además, según datos que manejan en el observatorio, hasta mayo de este año se ha acumulado deudas de USD 1 500 millones. El economista dice que el Gobierno no tiene otra alternativa que destinar los fondos que obtenga a atender esas urgencias.

Ambos analistas coinciden en que la decisión de eliminar los subsidios era necesaria y tienen altas expectativas de que el mecanismo escogido para la compensación funcione adecuadamente. Sin embargo, para María Herrera, la inclusión de nuevos beneficiarios al bono es reconocer que el nivel de pobreza está incrementándose o aumentará a futuro, explica que estos bonos deberían entregarse de manera temporal y con acompañamiento del Estado.

El Gobierno ha dicho que durante esta administración, es decir, hasta mayo de 2025, no se toparán los subsidios al Diésel. Los analistas consideran que al eliminar esa subvención se lograría un ahorro considerable.

Por otro lado, el experto en temas petroleros y energéticos, Darío Dávalos, plantea una propuesta para optimizar los recursos en la producción de gasolina y así lograr mayor eficiencia.

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Explica que se utiliza nafta de 95 octanos, un componente para mejorar la calidad de los combustibles que se producen en Ecuador. Considera que se podría comprar de 85 octanos que da los mismos beneficios, pero a menor precio.

Con esa medida, según el analista, se podría recuperar una cantidad de recursos similar a la de los subsidios.