La presentadora Inés Gómez Mont es acusada de violencia intrafamiliar contra sus cuatro hijos
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una investigación después de los señalamientos por parte de su expareja y padre de sus hijos.
Inés Gómez Mont y su actual pareja, Víctor Manuel Álvarez Puga, lidian con situaciones legales relacionados a delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, de hecho se presume que se encuentran fuera de México mientras el proceso legal continúa. Recientemente, otro peso se agrega al historial de la presentadora y periodista.
Javier Díaz, con quien concibió a Inés (14 años) y los trillizos Javier, Diego y Bruno (12 años), interpuso un proceso jurídico por presunta violencia intrafamiliar en contra de los pequeños.
Las autoridades ( Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México) respondieron abriendo una carpeta de investigación, y después de ello Gómez utilizó un recurso judicial conocido como amparo contra el juez encargado, debido a que este dio la orden de presentar a sus cuatro hijos -menores de edad- para una entrevista de valoración psicológica. La jueza federal, Patricia Marcela Diez Cerca, concedió una suspensión provisional con el fin de evadir que los hijos de la conductora sean sometidos a aquello, ya que implicaría revictimización, indica el diario mexicano El Universal.
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“Es oportuno puntualizar que la pericial en materia de psicología, tendente a examinar a los menores víctimas, en su calidad de sujetos pasivos de un delito al ser valorados por un perito oficial, implicaría una revictimización o victimización secundaria, entendida como la suma de acciones u omisiones que generan un recuerdo victimizante (lo que normalmente sucede es que la persona recuerda y revive lo ocurrido en el momento del hecho delictivo) y que conllevan estados de ansiedad, estrés, angustia y malas relaciones interpersonales que afectan su vida cotidiana, con la consecuente vulneración del derecho al más alto nivel de salud mental del niño o de la niña, ello es así, porque se sometería a la repetición de rememorar la experiencia traumática, lo cual debe evitarse”, argumentó la letrada.
“Así en el ámbito de la función jurisdiccional, las personas juzgadoras tienen el deber de protección de los menores lo cual implica salvaguardarlo de todo tipo de revictimización”.
Por el momento, las investigaciones continúan mientras se determina la suspensión definitiva del amparo. Además, debido a que se trata de un delito de violencia familiar, la misma jueza ordenó a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, la asignación de un representante legal a los menores de edad.
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