Una mentira disfrazada de periodismo

Desde hace varias semanas, algunos periodistas, entre los que me incluyo, hemos sido agraviados de manera sistemática en los espacios digitales de La Posta. Poniendo en una licuadora calumnias, especulaciones y un vocabulario soez, los conductores de esa tribuna pretendían sentar en la opinión pública la idea de que quienes cuestionamos su oficio periodístico le hicimos el juego a un sector de la mafia que ellos, desde enero de 2023, se han ufanado de desenmascarar y por lo cual ahora se dicen perseguidos.

Poco duró el show. La tarde de este viernes 13 de septiembre, su abogado y amigo personal, Felipe Rodríguez, los acaba de desmentir en dos episodios muy delicados de este culebrón que, a toda costa, alimentaron pisoteando la honra de muchas personas y, lo más triste, opacando principios elementales del periodismo.

En un comunicado público, colgado en sus redes sociales, el abogado Rodríguez señala que a él no le consta que la fiscal Diana Salazar tenga un interés particular por parar las investigaciones sobre un posible plan criminal para seguir a Andersson Boscán y a su familia.

No solo eso, da fe que el fiscal que lleva el caso es un profesional de alto nivel y credenciales éticas como para pretender una trama de ese calibre. Y que, adicionalmente, esa entidad, lejos de ocultar información desde hace un año, alertó al periodista que escapó a Canadá esta semana, como solicitante de refugio, para ponerle al tanto de esas amenazas y colaborar con él en toda la diligencia.

En pocas palabras, Rodríguez tilda a Boscan y a La Posta de mentirosos.

El segundo hecho gravísimo se refiere a que el abogado reconoce que la divulgación, por parte de esa plataforma digital, de los documentos donde se recoge el plan de investigación del seguimiento criminal del que fue objeto, se obtuvo vía diligencia profesional con el único objetivo de tramitar el pedido de asilo.

Sobre la pérdida total de credibilidad y la destrucción de su oficio periodístico no amerita mayores reflexiones. Eso es problema de ellos y de sus estándares profesionales tan venidos a menos.

Lo que cabe, en este momento, para efectos de discusión pública es plantear unas cuantas interrogantes.

¿Por qué decidieron manipular este informe de seguimiento criminal que bien podía ser la prueba madre de que Rubén Cherres, vinculado al caso Gran Padrino, los perseguía por sus investigaciones periodísticas, para en su lugar atacar a la Fiscal?

¿Acaso temen por los resultados que salgan de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía derivada de los chats en el Caso Metástasis y otro por lavado de activos?

¿Por qué Boscán decidió poner en el debate público el supuesto plan de la fiscal Diana Salazar para perseguirlo, reconociendo días después que él teme más el asedio de las instituciones del Estado que al crimen organizado?

¿Este tema y su otra denuncia, en el sentido de que esa funcionaria protege a la mafia albanesa, obedecía a los tiempos con los cuales los políticos y los grupos criminales pretendían consumar el juicio político en su contra, para destituirla?

¿Este ‘timming’ resultaba políticamente tan oportuno como el que La Posta desencadenó en enero de 2023 para destruir al gobierno de Guillermo Lasso, semanas antes de su consulta popular donde se buscaba, entre otras cosas, la extradición de delincuentes, para luego encender la chispa del juicio político en su contra?

En fin, hay demasiadas dudas en este caso. Y, por supuesto, muchas aseveraciones, especulaciones y agresiones que hoy, con la declaración del abogado Rodríguez, revientan como pompas de jabón.

Como lo sostuve en mi reciente columna de Vistazo, el tiempo se encargará de poner las cosas en su lugar. Hasta tanto y para curarnos del espanto nacional, nos hará falta más que un simple paracetamol.

Es una lástima que periodistas, juristas y políticos de bien hayan sido utilizados en esta trama de mentiras.