Esta frase, espetada por la asambleísta Paola Cabezas contra el presidente Daniel Noboa, describe a la perfección el fracaso institucional que, desde sus albores, ha significado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Este invento del correísmo, introducido en la Constitución de Montecristi, nunca tuvo un propósito transparente.
Fue creado, bajo un discurso de fachada, para que el presidente de entonces, léase Rafael Correa, que pensaba gobernar el Ecuador más años que Nicolás Maduro, pudiera controlar e incidir en la nominación de todas las autoridades de control del Estado, para perseguir a sus enemigos y, obviamente, garantizarse impunidad y obsecuencia.
Paradójicamente, el organismo encargado de representar a los ciudadanos se convirtió en una oficina sombría para la negociación y el amarre político.
Cuando Correa dejó el poder y Lenín Moreno se le viró, el primer paso para el desmontaje de su asfixiante influencia fue intervenir en el Cpccs. Entonces, la historia se reescribió con Julio César Trujillo.
Sin embargo, al morenato se le ocurrió la brillante idea de que, en adelante, los siete integrantes de ese organismo sean escogidos por votación popular, pero sin pertenecer a ninguna organización política. Una nueva incoherencia, por cierto.
El expresidente dice que no tenía otra opción que cambiar la integración del Cpccs, de alguna manera, para evitar que la reforma política planteada en la consulta popular de 2018, que además dispuso la eliminación de la reelección indefinida, aterrizara en la pista de una nueva asamblea constituyente, bajo el riesgo de que el correísmo volviera a ser mayoría.
El problema es que este cambio empeoró las cosas. En menos de cinco años y con dos elecciones de por medio, por el Cpccs han desfilado unos ocho presidentes, todos frágiles y marcados por la presión política del momento. Si Correa anheló controlar el llamado Quinto Poder, Moreno hizo lo mismo, al igual de Guillermo Lasso y ahora, según muestras las evidencias, Daniel Noboa.
Así mismo, el Cpccs fue sometido a no menos de media docena de purgas internas. La última está en marcha, a la espera de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratifique o no la destitución de los consejeros titulares Augusto Verduga y Yadira Saltos, así como a los suplentes Eduardo Franco Loor y Vielka Párrga, por haber hecho campaña bajo la sombra de Rafael Correa que, públicamente, pidió el voto para la elección de estos y otros tres nombres. Entre ellos, Alembert Vera, sacado del Cpccs por orden de la Corte Constitucional.
La Liga Azul, como se denomina a este bloque, nació con el pecado de origen de haber tenido un respaldo político que las reformas de 2018 prohibieron de manera contundente. Pese a que esta institución es considera por cientos de juristas, políticos y constitucionalistas, como un verdadero defecto, no ha sido posible su eliminación. La consulta de 2023, que buscaba quitarle la facultad de designación de autoridades, perdió rotundamente.
Desde ese momento, el país tuvo que resignarse a contar con un Consejo de Participación que, por su doble agenda, es un peligro permanente para la estabilidad democrática, pero al que hay que vigilarlo día tras día.
Hay que saludar el fallo de primera instancia del juez electoral Fernando Muñoz, porque sienta un valioso precedente para que, en adelante, los candidatos a esta dignidad no reciban respaldo de agrupación política alguna.
Luego habrá que prender velas a algún santo para que quienes ganen en las urnas no se sometan a la presión del gobernante de turno o del caudillo asfixiante. El Cpccs está tan mal concebido que siempre se prestará para cualquier cosa.
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