TCE y violencia política de género

Podría decirse que el juez Fernando Muñoz está a punto de meter en camisa de 11 varas al Tribunal Contencioso Electoral por su sentencia en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, alegando que incurrió en un acto de violencia política de género. En ese sentido, dispuso que el dignatario ofrezca disculpas a la parte afectada y pague una multa de 9 660 dólares. Además, tendrá que recibir un curso sobre sensibilización en este tema.

Hay varios argumentos que explican por qué fue controversial este dictamen y, por lo tanto, el pleno del TCE deberá examinarlo con mucho cuidado.

1.- El alcalde Álvarez calificó de “niña vaga” a la legisladora Lucía Jaramillo, en el marco de su fiscalización al presunto delito de tráfico de combustibles cometido por la empresa Copedesa de la que él es parte. También la llamó vocera turra que no sabe de combustibles.

2.- Lucía Jaramillo llegó a la Asamblea por el PSC, pero meses después se pasó a la bancada de ADN. Ella y su hermana comulgan con el gobierno del presidente Noboa, al cual se le ha acusado en más de una ocasión de tener particular influencia en el TCE. La denuncia de tráfico de combustibles ha sido patrocinada por el Ejecutivo.

3.- La discusión política, jurídica, gramatical y semántica alrededor de la frase “niña vaga” o “vocera turra, que no sabe de combustibles” siempre será subjetiva y, por lo tanto, estará sujeta a una serie de interpretaciones que debilitan el derecho público. Por ejemplo, se puede argumentar que la palabra niña, dentro del contexto cultural de Guayaquil, es de uso frecuente. Totalmente, normalizada y aceptada por la sociedad, tanto para referirse con respeto a una mujer o también para invalidarla.

Así mismo, se puede señalar que adjetivos como vaga o increpaciones directas, como desconocer de combustibles, caben perfectamente en el debate político, porque los funcionarios reciben un salario pagado por nuestros impuestos para que trabajen con eficiencia y profesionalismo. Los resultados de su gestión son de interés público. Por lo tanto, es lícito que alguien cuestione la aptitud de un legislador sobre determinado tema o el tiempo y el sacrificio que le dedica a su cargo. La crítica es válida para hombres políticos y para mujeres políticas. Aquí el sexo es lo de menos.

5.- ¿Qué dimensión tiene el concepto “violencia” dentro de una discusión de carácter político y que, como se insiste líneas arriba, es de interés público? Sí, violencia puede ser el llamar vaga a una legisladora, pero también abofetearla.

Violencia política de género puede ser el tratar de pokémon a una exministra de Estado, como lo hizo Daniel Noboa con María Paula Romo.

O anteponer todo el peso de la administración pública y del poder ejecutivo para impedir, por ejemplo, que la vicepresidenta Verónica Abad ejerza el derecho constitucional a reemplazar al Presidente, cuando este haga campaña.

El problema de Ecuador y de instituciones como el TCE, es que siempre operan a favor de quienes ejercen una desmedida influencia. Por lo que los fallos que de allí salgan generarán suspicacias.

6.- Quizás multar a Aquiles Álvarez con casi 10 mil dólares, obligarlo a ofrecer disculpas y que ingrese a un taller de rehabilitación en temas de género, sea lo correcto o tal vez algo totalmente desproporcionado. Pero si el pleno del TCE ratifica el dictamen de Muñoz habrá creado una jurisprudencia tan amplia como inmanejable.

7.- Verónica Abad o María Paula Romo tendrán un argumento excepcional para exigir que el peso de la ley que hoy cae sobre el Alcalde de Guayaquil, también se aplique al presidente Noboa.

8.- El juez Muñoz está por meter a este Tribunal en camisa de 11 varas porque si acoge su dictamen le tocará, a futuro, mostrarse implacable ante la sociedad y la opinión pública, pues vendrá una avalancha de demandas por todos lados difícil de administrar. Además, porque a propósito de los innegables cálculos políticos existentes en la disputa Álvarez-Jaramillo, se manoseó el concepto de violencia política de género de tal manera que, cuando realmente este deba ser aplicado, correrá el riesgo de perder legitimidad o relevancia.