No queremos un Presidente de la República que interfiera en el resto de funciones del Estado. Sí, a un líder que oriente, en buena medida, a la opinión pública desde su posición de estadista.
Sorprende la persistencia con la cual, Daniel Noboa evita referirse el peor caso de corrupción judicial que asola al Ecuador, donde asesinos, narcotraficantes y mafiosos han usado a políticos y jueces para tomarse el Estado.
Es como si el político más popular del país, por ahora, viviera en otra dimensión, enfocado solo en ganar la consulta popular, aferrado a ella como si se tratara de un mero instrumento de legitimación electoral y no como la posibilidad de un cambio de paradigma en favor de lademocracia.
A este país le hace falta el relato gubernamental sobre todo lo que se ha descubierto y denunciado, que no es poca cosa.
La estrategia, quizás electoral, de que a Noboa no le conviene hablar de asuntos mundanos, en estas semanas previas a la consulta, no se sostendría.
Es más, un presidente elocuente se agarraría del trauma de Metástasis y Purga y, desde su lectura como gobernante, interpretaría la realidad del país a propósito de que sus 11 preguntas sean la invitación nacional a un Ecuador de consenso.
¿Por qué no lo hace? La respuesta no es clara. De sobra se conoce que el Primer Mandatario tiene a dos mujeres de gran formación política capaces de orientarle frente a este momento: las ministras Mónica Palencia (Gobierno) e Ivonne Núñez (Trabajo). Ambas conocen de cerca las inmoralidades de la justicia y de cómo hubo operadores capaces de contaminarlo todo.
¿Quién se opone a ese espacio de reflexión? ¿Algún viceministro famoso por sus amistades peligrosas?
Insisto, no se trata de tener a un Noboa husmeando en las otras funciones, sino a un Presidente consciente del duro momento que vive el país y cuya reiterada explicación, de que se urde un golpe de Estado en su contra, no encaja para nada en el diagnóstico nacional que se espera de su despacho.
Los días pasan y tras cada revelación de un nuevo chat o de las confesiones de personajes como Mayra Salazar, obligan a que el Gobierno redimensione el alcance ético (no práctico ni numérico) de su acuerdo legislativo con el correísmo y el PSC.
Lo que se dijo este viernes no es poca cosa. Marcelo Nicolás Lasso, compañero de celda de Leandro Norero, dijo bajo juramento que ese capo tenía videollamadas con Rafael Correa para hablar de Jorge Glas. Mientras que alias Estimado señaló que Norero financió la campaña del ‘no’ en la consulta popular de 2023, aquella que planteaba la extradición de narcos.
O que Pablo Muentes, uno de los más cercanos hombres de Jaime Nebot y de la cúpula socialcristiana, según Mayra Salazar, quiso enriquecerse a costa de una demanda al Banco del Pacífico, así como la posibilidad de que en su turbio negocio de supuesto tráfico de tierras se encuentren algunas explicaciones sobre el asesinato a Fernando Villavivencio.
Frente a estos hechos, Nebot ha optado por hundir al PSC en el silencio; y Correa por desestimar todo el trabajo de la Fiscal, respaldando políticamente a Ronny Aleaga.
El presidente Daniel Noboa debe darnos su lectura frente a todo este horror. Es indispensable; en él no cabe la ausencia.
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