Debieron pasar tres años y seis presidentes del Consejo de Participación Ciudadana para que el concurso de selección para Defensor Público llegara a su fin.
Sí, seis presidentes: Sofía Almeida, Hernán Ulloa, Gina Aguilar, Alembert Vera, Nicole Bonifaz y Andrés Fantoni. La noche del miércoles 26 de junio salió humo blanco de un proceso más enredado que un cónclave papal.
Muchos se preguntarán qué tiene de importante la Defensoría Pública como para que el desgaste institucional en torno a su selección haya sido tan profundo. Según la Constitución, es el organismo encargado de defender en los procesos judiciales a las personas que no tienen la posibilidad de hacerlo. En teoría a los más vulnerables.
Ahora bien, con un sistema carcelario corroído al punto de ser el principal foco de la violencia nacional, quien asuma este cargo debe tener credenciales idóneas para resistir el embate de las mafias o, simplemente, no ser una ficha de estas.
Por otro lado, está su rol burocrático. Es decir que del seno de la Defensoría de Pueblo sale una de las cinco ternas de las que se selecciona a su representante ante el Consejo de la Judicatura. Es decir, un votito de oro para que esta instancia funcione y responda, como hemos visto en todos estos meses de revelaciones y metástasis, a los intereses de la narcopolítica y la narco justicia.
Desde hace seis años, la Defensoría Pública estaba encabezada por un funcionario encargado, Ángel Torres Machuca, a quien el país, si cabe, tendrá que pedirle cuentas de su gestión.
Pero su eterno interinazgo fue producto de los complejísimos problemas jurídicos, institucionales, burocráticos y políticos que vuelven inviable la tarea más importante del Cpccs, designar a los miembros de los organismos de control.
Por eso, las comisiones ciudadanas de selección, entidades que se forman exclusivamente llevar a cabo cada concurso, bajo la ilusión de que representan al pueblo llano, permitieron que los cinco mejor puntuados para Defensor Público tuvieran las peores credenciales posibles: la compra de un auto de lujo que perteneció a un mafioso; otra persona a la que EE.UU. le retiró la visa; un aspirante muy cercano al exfiscal Galo Chiriboga, otra finalista vinculada al caso pases policiales durante la gestión del más poderoso exministro del Interior de correísmo.
Lo vergonzoso es que entre la presidencia de Sofía Almeida y la de Nicole Bonifaz no se hizo nada para depurar esta lista de finalistas impresentables a una dignidad que, como vimos, tiene una sensibilidad estratégica.
El actual titular del Cpccs, Andrés Fantoni, decidió culminar este concurso; tener la voluntad para depurar los nombres más cuestionables y designar a Ricardo Morales Vela quien ahora debe devolver al Estado su liquidación como exfuncionario de la Judicatura, en la época de Gustavo Jalhk, para poder ejercer el nuevo encargo.
Dentro del Cpccs se dice que se eligió al menos malo y que con ello se salvó los muebles. La presión política de estos días en torno al Consejo bien podría interpretarse también como una manera de enredar este concurso.
Basta recordar las amenazas de muerte contra la vicepresidenta Mishelle Calvache, las acciones de protección de Bonifaz para recuperar la presidencia del Cpccs, el inicio del proceso de juicio político que la Asamblea abrió contra Johanna Verdezoto, en el marco de su distanciamiento del correísmo y de apoyo a la mayoría que sustenta a Fantoni en la presidencia.
Es decir, un proceso agotador que seguramente se reeditará en el resto de concursos pendientes. Los más importantes, la renovación del CNE y el nuevo Fiscal General.
Recomendadas