Quien no conoce la historia, está condenado a repetirla. El gobierno de Daniel Noboa puede cometer los mismos tropiezos que administraciones pasadas al enfrentar lo que podría convertirse en una crisis de proporciones.
La desaparición de cuatro menores de edad, el pasado 8 de diciembre, luego de que estos fueran detenidos en el sur de Guayaquil por una patrulla militar y luego, según la investigación fiscal, pasaron a la casa de una familia, no logra asentarse en un relato ordenado. Y eso dentro de la opinión pública, compuesta por periodistas, políticos, abogados y activistas de los derechos humanos, puede resultar demoledor para el Régimen.
Demasiadas declaraciones y versiones inconexas, de las que el propio presidente no ha escapado. Al principio se evitó hablar del tema. Luego se descartó que los militares tuvieran alguna responsabilidad.
Se tejió de inmediato la tesis de que los responsables de esta situación son los grupos de delincuencia organizada.
Se vino la cadena, donde el ministro de Defensa, Jean Carlo Loffredo, y el jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., Jaime Vela, trataron de desvirtuar cualquier participación directa de los militares, pidiendo a la comunidad no caer en narrativas interesadas que le hagan el juego a los terroristas.
Luego de ola de críticas por esa intervención, el presidente Noboa dijo en un tuit que él no cejará en investigar el caso y que no habrá impunidad para nadie, lo cual fue acertado.
Pero al otro día, en el enlace radial de este lunes, Noboa quien parecía no tener más detalles de esta tragedia, se adelantó a decir que avanzará en la declaratoria de héroes nacionales a los niños desaparecidos para ayudar a sus familias, cuando el país entero espera que regresen con vida.
Finalmente está la nueva declaración de Loffredo, confirmando que una patrulla de 16 militares capturó a cuatro personas que atracaban a una mujer. Los llevaron a Taura y de allí, habrían llegado solos a la casa del ciudadano que se comunicó con el padre de los chicos. El Ministro califica como un error que los militares no hayan entregado a los chicos a la Policía.
Demasiados bandazos, revelaciones a cuenta gotas, sin una línea argumental clara que, en pocas horas, puede afectar la credibilidad del frente de seguridad y del Gobierno, como ya ha ocurrido en el pasado.
Hagamos un poco de memoria. La desaparición de María Belén Bernal en 2022, que días después fue hallada muerta a causa de su marido, el femicida y teniente de Policía, Germán Cáceres, en el cuartel de Pusuquí, supuso un demoledor golpe para el gobierno de Guillermo Lasso, donde el cruce de versiones y falta de una narrativa clara y transparente, derivó en la salida de ministro del Interior, Patricio Carrillo.
Ventajosamente, el 30 de diciembre de 2022, Cáceres fue capturado en Colombia y deportado al país, donde guarda prisión.
Vayamos a 2018, cuando el equipo periodístico de El Comercio desapareció en Mataje (Esmeraldas). Doce días de desesperación para constatar el peor de los escenarios: una columna narcoguerrillera los acribilló en suelo colombiano.
En abril de ese año, dicho acontecimiento, significó el fin de la luna de miel del presidente Lenín Moreno con los ciudadanos.
El golpe político por este caso, opaco y sin explicaciones por parte de las autoridades militares, debilitó a Moreno y, por supuesto, cayó el ministro de Seguridad, César Navas, uno de los últimos funcionarios del correísmo en ese período.
Seis años después, las familias de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra no saben qué mismo ocurrió y si las autoridades de Ecuador pudieron haber evitado esta tragedia.
Podemos remitirnos al asesinato en una farmacia de Guayaquil en 2003 y el penar por más de 20 años de Las Dolores, sin saber por qué la Policía desapareció los cuerpos.
O, el caso emblemático por excelencia, la desaparición de los hermanos Restrepo en enero de 1988. Dos niños de ascendencia colombiana, interceptados, detenidos, torturados y desaparecidos por la Policía en los meses finales del gobierno de León Febres Cordero. Esta tragedia ensombreció para siempre esa presidencia y la reputación del PSC en Quito.
Por lo tanto, Noboa tiene muchas referencias por las cuales guiarse. No se trata de otra cosa que de ponerse del lado de las víctimas y pelear con todo su poder por ellas. La historia nos demuestra que la sociedad siempre estará de lado de los desvalidos, donde el espíritu de cuerpo es destructivo. Más aún cuando se trata de encubrir perversas responsabilidades.
Aquí no caben agendas políticas, porque para eso está el repulsivo accionar del correísta Ricardo Patiño, buscando sacar rédito político del drama de los padres del chico desaparecido. Eso no se hace.
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