El Gobierno comete el mismo error de abril. Señalar que la gravísima crisis eléctrica por la que atraviesa el país obedece también al sabotaje de sectores interesados porque regresen los apagones en las próximas semanas.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, señaló este 3 de septiembre en una rueda de prensa del Bloque de Seguridad, que el robo de cables y afectación de tuberías, podrían ser elementos que sustenten una hipótesis desestabilizadora, advirtiendo que “Fuerzas Armadas no permitirá ningún acto subversivo (...) que ponga en riesgo el bienestar del pueblo ecuatoriano”. Se combatirá con fuerza a los terroristas, señaló. Dada la magnitud de la crisis energética, las declaraciones de este alto funcionario, que generalmente trabaja en silencio, deben glosarse desde una perspectiva política.
La campaña electoral comenzará el 2 de octubre, cuando se cierre el plazo de inscripción de los candidatos. Desde ese día, no se hablará de otra cosa que de la elección presidencial. Y tal como lo predice el Inhami, el fragor proselitista podría coincidir con el endurecimiento de la sequía y el inicio oficial de los apagones.
Por lo tanto, que el Gobierno anticipe la teoría del complot suena más a una estrategia para evitar que al presidente Daniel Noboa se le malogre la campaña.
Si los racionamientos se vuelven inevitables y estos se extienden por varias horas al día, en diversos sectores del país, la molestia ciudadana se va a exacerbar y el Régimen tendrá que buscar la forma de neutralizarla.
Como se ha dicho en columnas anteriores, fabricar enemigos siempre es una opción para un gobernante que necesita esquivar el escrutinio público, a fin de endosar las críticas que recibe a otros sectores.
El problema es cuán sostenible y efectivo puede resultar la teoría del sabotaje en un tema nacional como el eléctrico, donde lo que más abunda son las cifras. Ya en abril, el presidente Noboa se equivocó al endosar a la entonces ministra del ramo, Andrea Arrobo, todas las culpas de los apagones. Pero esto no surtió efecto. Peor, cuando en el relato oficial se habló de grupos malintencionados que vaciaron los embalses de Mazar para dejar sin luz a todo el Ecuador y para que fracasara la consulta popular.
El allanamiento por parte de la Fiscalía a las oficinas del Ministerio de Energía es un golpe de efecto que se desvanecerá pronto, más aún si, como ya ocurrió en abril, no hubo resultados contundentes posteriores.
El papelón de aquel momento habrá quedado de experiencia a fin de que el presidente Noboa afronte hoy la crisis eléctrica con mucha pedagogía bajo enfoques propios de los estadistas.
Siempre se agradecerá que un Presidente hable con sinceridad y sin demagogia, más aún si se trata de algo delicado que nos afecta a todos. Es preferible ponernos a discutir de los recursos que se necesitan para comprar electricidad y de las serias limitaciones logísticas que se tienen para suplir esta carencia, porque ni toda la plata del Estado será suficiente si, simplemente, no hay forma de garantizar los 4.500 megavatios hora que, cada día, requiere el Ecuador para funcionar. ¿Cuántas barcazas más se necesitan? ¿Cuánto combustible más habrá que importar para prender los generadores a toda escala? ¿Qué pasará si Colombia no puede vendernos electricidad? ¿Dónde están las bondades de la reciente Ley Cero Apagones?
Es preferible que el país despeje estas preguntas en lugar de perder el tiempo con teorías de conspiración que, a la larga, solo alimentarán la creatividad ciudadana en los memes.
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