Los asentamientos irregulares son monitoreados satelitalmente a través de vuelos no tripulados.
150 mil familias ecuatorianas habitan en asentamientos irregulares o invasiones, según lo señaló esta mañana el secretario técnico que controla la expansión de estas zonas. Junto a los municipios plantearon un trabajo que apunta a la reubicación de esos grupos humanos, así como a evitar que se sigan instalando viviendas en zonas que no cuentan con la infraestructura adecuada.
Durante un encuentro entre el alcalde de Babahoyo, Johnny Terán; la alcaldesa de Milagro, Denisse Robles y Julio César Quiñónez, titular de Asentamientos Irregulares, se presentó el sistema de monitoreo de asentamientos humanos irregulares que, entre otros aspectos, dará a conocer toda la información que se recaude a los municipios que lo requieran.
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“Lo que queremos es estar conectados a través de la web, directamente en tiempo real, con cada uno de los municipios para que esto sirva a la toma de decisiones de los alcaldes”, manifestó Quiñónez, quien se encuentra al frente de la secretaría y del proyecto.
Los alcaldes de Milagro y Babahoyo podrán acceder no solo a las imágenes sino también a una ficha técnica del asentamiento, así como a un registro histórico del mismo. El trabajo que se ha iniciado en estos cantones, así como en Ventanas y Quevedo, se lo realizará también en todas las provincias del país.
“Con nuestro sistema de monitoreo nosotros tenemos 695 asentamientos humanos irregulares en el país. Podríamos hacer un corte actual de las familias, pero estamos hablando de más de 150.000 familias”, puntualizó Quiñónez.
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El problema es grande, por lo que los municipios están trabajando para reubicar a quienes se asentaron ilegalmente. “Hemos creado una ordenanza que va a permitir revisar a las personas que han tenido ya varios años dentro de cada uno de los sectores y también las personas que se encuentran en zonas de riesgo, poder de una u otra forma, movilizar a esas personas”, indicó la alcaldesa de Milagro.
Los asentamientos irregulares son monitoreados satelitalmente a través de vuelos no tripulados. La intención es evitar que crezca el número de invasiones en el territorio nacional.
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