Presentan más denuncias de tráfico de tierras en Monte Sinaí

Habitantes de Monte Sinaí, en el noreste de Guayaquil, denuncian que  los traficantes de tierras siguen promoviendo invasiones. El secretario técnico de Asentamientos Irregulares anunció el patrullaje de las Fuerzas Armadas para evitar nuevas invasiones en la zona.

 

Ulises Cruz, habitante de la cooperativa Trinidad de Dios, recibió la notificación para que su hermano desaloje la vivienda que fue construida hace menos de tres meses, según el informe de la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares.

 

“Tengo entendido que pagó casi como 200 dólares, hace dos semanas que pasó aparecieron otros dueños, entonces no se sabe quién es el dueño”, comenta. 

 

Comisarios y personal de la fuerza publica entregaron los documentos, a quienes viven en las 15 casas, que indicaron las autoridades, han sido construidas ilegalmente. 

 

Durante el proceso, Gregoria Morales denunció ante el titular de la secretaría, Julio César Quiñónes, la prescencia de traficantes de tierras en el lugar: “Viven aquí, son de aquí mismo, que todavía están vendiendo solares y sacan plata. Ellos los venden a 1.000, 1.500 a 3.000 dólares”.

 

Versiones rechazadas por algunos de los moradores, quienes aseguran que gracias a los dirigentes tienen un lugar donde vivir.

 

Por su parte, Quiñónez sostuvo que se intensificarán los controles en Monte Sinaí, incluso con ayuda de las Fuerzas Armadas, quienes patrullaran constantemente para evitar nuevos asentamientos.

 

“Son construcciones inmediatas, aquí terminan una casa en una noche. Contra eso no podemos competir, pero lo importante es no permitir que la gente venga y se asiente”, señaló el secretario. 

 

El mayor del Ejército, Henry Merchán, encargado de las más de 9.000 hectáreas que conforman la zona de seguridad, creada en Monte Sinaí para evitar que se extiendan las invasiones, afirmó que los controles buscan evitar el ingreso de materiales de construcción.

 

“El material entra a veces por la noche, existe una gran red de vías secundarias por donde ingresa el material y es la manera como la construyen”, explica Merchán.

 

Las personas notificadas tienen como plazo 72 horas para desalojar los terrenos ilegales, luego de ese tiempo, la fuerza publica destruirá las edificaciones que todavía estén en el sitio.