Fiscal Carlos Baca revela situación en frontera norte durante juicio político

Durante su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional este jueves 26 de abril de 2018, el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno,  por el juicio político que se le sigue, mencionó la situación de la frontera norte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baca dijo hay un problema de corredor estratégico en el área. Según él, existen 27 pasos ilegales o irregulares entre Nariño y Ecuador que son “utilizados para el contrabando, trata de personas y transporte de material de guerra y estupefacientes”.

 

Cuando los carteles del narcotráfico empiezan a ser atacados por las fuerzas de seguridad, indicó el fiscal general, se transforman y especializan sus roles de organizaciones criminales. 

 

“Hay nueve estructuras criminales con capacidad de hacer corredor y tránsito a la droga”, recalcó. 

 

El riesgo de perder la paz no es solo San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, señaló Carlos Baca, quien resaltó que el Ecuador debe enfrentar de manera integral la seguridad en la frontera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Previamente a este tema, el fiscal general aseguró que por “haberse metido con el hombre más pderoso del país, Carlos Pólit, excontralor general del Estado,” apareció en su contra una investigación por el supuesto mal uso de fondos de la Comisión que investigó el 30 de septiembre de 2010. Según Baca, en la oficina de Pólit se armó un mecanismo de extorsión.

 

El funcionario recalcó que el problema no es la rueda de prensa en la que difundió el audio entre el expresidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor Carlos Pólit, o la declaración juramentada del policía. Insistió en que en la conversación “hablan de bajarse al fiscal, al fiscal que investigaba al otro interlocutor”. 

 

“Lo que querían era que me quede callado”, aseveró y añadió que por las circunstancias convocó a una rueda de prensa en la que presentó el audio que “nevidenciaba una planificación para sacarlo de la Fiscalía General”. 

 

Carlos Baca Mancheno dijo que él no llegó a la Fiscalía a hacer política, que llegó para “cumplir sus obligaciones, a respetar a todos y no obedecer a nadie”. “Yo no podría utilizar los expedientes de la Fiscalía para hacer política”, destacó en su intervención. 

 

"Durante los 11 meses de gestión han existido presiones, pero hemos cumplido con nuestro trabajo. Las investigaciones abiertas en contra del fiscal fueron abiertas, en su mayoría, el día en que se dio la rueda de prensa", insistió. 


 

 

 

 

 

Interpelantes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer interpelante del juicio político, Henry Cucalón (PSC), dijo que hay dos opciones: rescatar la Fiscalía y su institucionalidad o dejar que siga presidiendo quien “la avergüenza y no la representa”. 

 

EL legislador insistió en que no se aclaró la participación de Baca en la Comisión que investigó el caso 30-S. 

 

Según el asambleísta, “aquí no está en juego la convocatoria a rueda de prensa” en la que Baca difundió el audio polémico, “sino la violación de la ley de parte de Carlos Baca”. 

 

Recordó que el 16 de marzo de 2018 se presentó la solicitud de juicio político con 62 firmas y argumentos, que, según él,  demuestran el incumplimiento de funciones

 

"Nosotros no somos parte de ningún complot, representamos el imperio de la ley y la voluntad popular, ejercemos un proceso a una autoridad sometida a juicio político", aseveró.

 

 

 

 

 

 

 

A su turno, el asambleísta César Carrión mencionó que el problema principal es la forma cómo el fiscal exhibió un audio en rueda de prensa, en que se involucraba a personas, entre ellas a Carlos Pólit, prófugo de la justicia

 

Insistió en que Baca, al difundir el audio, inobservó ocho normativas constitucionales y cinco disposiciones.

 

Según Carrión, Baca no adjuntó su desempeño en la Comisión del 30-S en la documentación de postulación para el cargo de fiscal general y lo responsabilizó “de manipular videos para incriminar y sancionar a policías” por ese tema. 

 

El legislador considera que el país demanda la presencia de un nuevo fiscal general, al pedir la censura y destitución del actual funcionario, tal como hizo en su turno el primer interpelante, Henry Cucalón. 

 

Durante su derecho a la réplica, Baca afirma que las intervenciones de los legisladores interpelantes demuestran que lo que le imputan es la rueda de prensa en la que divulgó el audio. Dijo que algunas pruebas no son materia del juicio político que se sigue este jueves en el Pleno de la Asamblea. 

 

"Perder la confianza en un funcionario de parte de uno o algunos asambleístas, no es argumento para proponer una censura", aseveró el fiscal general.