Delegación de Ecuador viaja a la CorteIDH, en Costa Rica, para defender consulta popular

Alrededor de las 09H30 de este 8 de febrero de 2018, la comitiva de funcionarios de Ecuador viajó desde el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, hacia la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), para exponer la posición del país ante el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Corte, de otorgar medidas provisionales que impidan la salida de tres de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y se abstenga de nombrar a un consejo transitorio, tal como se aprobó en el proceso de referéndum y consulta popular del 4 de febrero.

La delegación está conformada por la canciller María Fernanda Espinosa; la ministra de Justicia, Rosana Alvarado; el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano; el secretario de Gestión de la Política, Miguel Carvajal; el subprocurador general del Estado, Ricardo Velasco; y el asesor de la secrtaria jurídica de la Presidencia, Juan Sebatián Medina, además de un equipo técnico.

La tarde y noche del 7 de febrero de 2018, el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con los titulares de las distintas funciones del Estado, allí calificó el pedido de la CIDH de "insolente intromisión". Al final del encuentro, las autoridades firmaron un pronunciamiento unánime, en el que ratificaron que lo aprobado por la ciudadanía el domingo pasado en las urnas fue una "expresión clara, legítima y legal".

Agradezco a los representantes de las Funciones del Estado, su compromiso con la Patria y su respeto por la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano. pic.twitter.com/UVac0QCMEW

— Lenín Moreno (@Lenin) 8 de febrero de 2018

Según la canciller Espinosa, la CIDH cometió varias irregularidades en el tratamiento de este tema, dijo que al país se le otorgaron cinco días para presentar sus argumentos ante la denuncia presentada, cuando lo regular son 20 días; que el boletín remitido por este organismo contiene prejuicios en temas que son atribuciones de la Corte, y que la resolución muestra que se tomó en cuenta solo los argumentos de la parte demandante.