Fiscales de Argentina solicitan el embargo de 180 bienes ligados a Cristina Fernández y su círculo

La justicia rechazó la recusación de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, contra dos fiscales y un miembro del tribunal oral que la juzga por posibles irregularidades en la adjudicación de obra pública, conocida como “causa Vialidad”, cuando era mandataria entre 2007 y 2015.

Y más bien los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques solicitaron al juez Julián Ercolini el embargo de más de 180 bienes de propiedad de Fernández, del ex ministro de Planificación Julio De Vido y del resto de los procesados en la causa que investiga las irregularidades y direccionamiento en la obra pública.

Entre los bienes a incautarse existen 145 inmuebles, 42 autos, 2 embarcaciones, 18 productos bancarios y participaciones en 11 sociedades, entre otros.

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Se incluyen bienes que la expresidenta les cedió de manera gratuita a sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner, como son 25 propiedades, acciones en distintas sociedades y dinero depositado en las cajas de seguridad.

El eventual decomiso incluye el listado de los bienes de todos los procesados. La mayoría pertenecen a Lázaro Báez (supuesto testaferro de los Kirchner), que totaliza 81 inmuebles y 4 vehículos, entre otros bienes.

En el caso de las cajas de seguridad, los fiscales le solicitaron al juez que ordene un inventario y el secuestro de su contenido. Respecto a los otros bienes embargados, reclamaron una tasación para determinar el valor real.

En el caso -en el que también se incluyó la hijo de Cristina, Máximo Kirchner, se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y de Fernández (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz.

El embargo preventivo es una medida cautelar que suelen pedir los fiscales para garantizar el eventual decomiso de los bienes de los imputados, y a su vez para satisfacer la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso luego del juicio.

En este caso, el juez Ercolini ya había embargado los bienes de los imputados al momento de procesarlos. Pero la medida recién se hace efectiva cuando quedan identificados todos los bienes y se comunica a los registros oficiales.

Los fiscales elevaron el pedido de 37 páginas al juez federal Julián Ercolini, a quien le solicitaron, además, que disponga una serie de embargos sobre activos a nombre de Báez, del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y al ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros.