Femicidios en Ecuador, otra semana dolorosa que alimenta una dura realidad desde 2014

Actualizado a las 11:00 del 18 de septiembre

El cadáver hallado en Tulcán (Carchi) de la joven de 23 años con ocho meses de embarazo fue una de las noticias que conmocionó al país esta tercera semana de septiembre de 2022. No solo por el estado de gravidez de Dayana Miguel O. C., sino porque el principal acusado de este crimen, Jimmy Stalin G. B., es padre de la criatura que estaba por nacer.

Al femicidio de Dayana se suma también la búsqueda de María Belén Bernal, abogada desaparecida el domingo 11 de septiembre.

La última vez que se tuvo rastro de ella fue su ingreso a la Escuela Superior de Policía en Pusuquí (Quito), razón por la cual esta institución ha sido el blanco de críticas por parte de la familia de la víctima, activistas por los derechos humanos y la opinión pública.

Se investiga al uniformado Daniel Cáceres, pareja de María Belén Bernal y otros 10 agentes. El país está en vilo porque la abogada regrese con vida a su hogar.

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Estos dos casos que han tenido notoriedad pública ratifican los pocos esfuerzos del Estado ecuatoriano por precautelar la integridad de la mujer en todas sus facetas.

De hecho, en los primeros cinco meses de 2022, hubo 50% más femicidios que en el mismo periodo del año anterior, según un reporte de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo (Aldea), siendo la provincia de Guayas la que mayor cantidad de casos refleja.

Siguiendo las cifras del Consejo de la Judicatura (CJ), desde el 10 de agosto de 2014 hasta el 28 de agosto de 2022 se registran 1.539 víctimas de femicidios y otras muertes violentas de mujeres, entre las que se reflejan asesinatos en contexto de robo, violación o secuestro.

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Una de las últimas víctimas, que todavía no forma parte de esas estadísticas, es una joven de 17 años que fue asesinada con varias puñaladas en un domicilio en Azuay. El responsable, de 30 años, utilizó la misma arma blanca para suicidarse. Esos cadáveres se hallaron el pasado 3 de septiembre de 2022.

Un poco antes, el 28 de agosto, una mujer fue asesinada en Portoviejo, presuntamente por su pareja. Ambos se trasladaron desde Guayaquil hasta la capital manabita para acudir a un compromiso social, luego del cual la pareja se retiró hasta la habitación de un hostal, y más tarde el agresor pidió ayuda porque su esposa no se movía.

Al levantar el cadáver, agentes de criminalística encontraron rasos de violencia en el cuerpo de la mujer, por lo que el posible responsable, identificado como Sixto Q. fue detenido y un juez de Garantías Penales dictó prisión preventiva.

La situación de los femicidios en Ecuador es cada vez más preocupante, según la abogada, especialista en derechos humanos, Carla Quintana. A su criterio hay varias aristas en la problemática, como la relación de la víctima con el agresor o el acceso a la justicia por parte de las familias.

El sistema de trámites judiciales hace una diferenciación entre femicidios y otras muertes violentas de mujeres. En el primer caso registra 575 víctimas desde agostos de 2014, el 55,48% de esos casos han sido resueltos, luego de la etapa de apelación y casación; mientras que el 23,67% están en investigación previa.

La cifra se invierte en el caso de otras muertes, en el que refleja 964 asesinatos. El 51,53% está en investigación previa y solo 347 han sido resueltos. El Consejo de la Judicatura aclara que hay casos que pueden pasar del segundo tipo al primero, porque en primera instancia no se conoce quién es el agresor y el contexto del delito.

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También marca una diferenciación entre el número de víctimas número de casos, hay 58 casos con eventos múltiples, 24 mujeres no identificadas y 14 actos administrativos.

Un boletín de información estadística de la Judicatura y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) revela que la tendencia de asesinatos a mujeres es creciente, es decir ha ido aumentando progresivamente desde el 2014, siento el 2021 el año que mayor cantidad de víctimas.

En Ecuador, la mayoría de víctimas se encuentra entre los 25 y 34 años, 441 casos están en ese rango; seguido a continuación por jóvenes entre 15 y 24 años, con 367 casos.

Además según la Comisión Especial de Estadística de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia, citada por la función Judicial, encontró que se registran 37 mujeres que estaban embarazadas al momento de ser víctimas de femicidio. Mientras que 821 tenían hijos.

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El nivel de educación de la mayoría de mujeres llega a Básica, con 748 casos, seguida del Bachillerato con 340. También se registran 76 casos de mujeres que no tenían formación o que asistieron al sistema educativo pero no aprobaron ningún nivel.

La mayoría de las mujeres victimas de femicidio y otras muertes violentas son mestizas, con un 85,19%. Le siguen las afroecuatorianas y las indígenas con una diferencia mínima entre estas dos últimas etnias.

159 agresores han muerto luego de cometer el crimen. La mayoría se suicidaron y 14 tuvieron otro tipo de muerte. Mientras que 135 están prófugos y 313 tenían antecedentes penales.

El perfil del agresor, en edades, coincide con las víctimas, la mayoría están entre los 25 y 34 años, también hay un importante porcentaje entre los 15 y 24, y entre los 35 y 44 años. 867 asesinos eran mestizos, 84 afrodescendientes y 38 indígenas.

En cuanto a las circunstancias del delito, la mayoría ocurrieron en lugares ajenos para el victimario y la víctima. Seguido del domicilio de la afectada y las casas de familiares.

A nivel general los agresores utilizan en mayor cantidad armas de fuego para delitos que atentan contra la vida de mujeres. Sin embargo, en el caso de otras muertes violentas, en la Sierra se utilizaron más armas cortopunzantes con mayor frecuencia, en l Costa de fuego y en la Amazonía contundentes.

En femicidios y muertes violentas con violación hay una prevalencia del uso de armas contundentes en Costa y Sierra; mientras que en la Amazonía prima el uso de armas de fuego.

Existen varios esfuerzos desde la sociedad civil, organizaciones sociales, e instituciones de Estado que unen esfuerzos para erradicar el femicidio. Sin embargo, los datos reflejan que la situación tiende a empeorar.

Carla Quintana se centra en los datos respecto a la educación de las víctimas. Está convencida que mientras mayor y mejor acceso tengan a educación de calidad es menor la probabilidad de que lleguen a vivir episodios de violencia. Hace referencia a que la mayoría de mujeres resultaron asesinadas por sus convivientes.

En el mismo sentido, ocurre para los victimarios, si tienen mayor oportunidad de educarse van a tener menor posibilidad de incurrir en actos violentos y resalta que no solamente en el ámbito de femicidios sino en general del crimen organizado.