¿Quién era Leandro Norero, el supuesto empresario financista de narcos?

Leandro Norero Tigua fue asesinado la tarde del lunes, 3 de octubre, en la cárcel de Latacunga. Tenía 35 años y estaba vinculado a varias empresas pero con un largo historial de antecedentes penales.

Era buscado en Perú por narcotráfico pero aprovechó la pandemia del COVID-19 en Ecuador para fingir su muerte, cerca de la que sí estuvo en 2019 cuando un sicario le propinó dos balazos mientras miraba un partido de fútbol en Parque Samanes, norte de Guayaquil.

Aunque uno de los tiros le impactó en el tórax, no murió y fue llevado a una clínica en su propia camioneta. Desde entonces, según registran los archivos, la Policía ya sabía que era buscado por la Justicia de Perú, sin embargo, nunca fue extraditado.

Su detención se produjo el miércoles 25 de mayo de 2022, después de siete meses de investigaciones, en una exclusiva urbanización de Samborondón, donde la policía halló casi siete millones de dólares en efectivo, lingotes de oro, relojes y joyas, que suman un total de más de $ 10 millones en su poder, que no pudo justificar.

En su casa también se hallaron cinco pistolas, alimentadoras y cientos de municiones. De hecho, entre sus antecedentes penales consta un proceso penal del año 2006 por tenencia ilegal de armas.

Este jueves un Juez de Garantías Penales dictó prisión preventiva contra Leandro Antonio Norero Tigua, su pareja Lina R. Z. y sus hermanos, Israel N. T. y Johanna N. T., al considerar todos los elementos presentados por la Fiscalía en relación con lavado de activos.

También se le abrió otra causa por tráfico de armas, lo que se suma al proceso abierto en 2018 por tráfico de drogas en Ecuador.

Las autoridades investigan además una posible vinculación del detenido con el envío de droga al exterior desde el puerto de Guayaquil, presuntas inversiones en el sector inmobiliario, la creación de empresas para cometer actos ilícitos y fotografías con altos mandos policiales y exautoridades gubernamentales.

Su captura es un “durísimo golpe a los carteles narcos”, reaccionó el asambleísta Fernando Villavicencio, quien señanó que Leandro Norero. ”fue el brazo derecho de Jorge Luis Zambrano, alias J.L. o ‘Rasquiña’ (extinto líder de Los Choneros). Se alzó con los libros de rutas y contactos del abatido. Proviene de los Ñetas, dirigió sus operaciones desde Durán con los Chone killer, liderados por alias Ben 10”.

El legislador mostró una foto de Leandro N. que data del 2009 con el entonces presidente Rafael Correa y Ricardo Patiño, que ocupó varios cargos en su gobierno. La imagen fue captada dentro del edificio del Gobierno Zonal de Guayaquil, en el piso donde Correa solía mantener reuniones de gabinete bajo un estricto círculo de seguridad.

Según Villacicencio, la Asamblea también investigará los vínculos del detenido, que estaría ligado al cartel de Sinaloa, y que se valdría de la minería ilegal para blanquear los fondos provenientes de actividades ilícitas

EMPRESAS IMPLICADAS

Dentro del proceso por lavado de activos contra de Leandro N. la Fiscalía involucrada a seis empresas en las que el detenido aparece como presidente o gerente.

Esas compañías fueron creadas entre el 2015 y 2021, según registros de la Superintendencia de Compañías.

Entre las actividades registradas constan la exportación de productos del mar en Manta, construcción de edificios en Guayaquil, exportación de madera, venta de bienes inmuebles en todo el país, cultivos, perfumería, publicidad y estudios de mercado, y más.

Fiscal asesinada en Manta habría sido perseguida durante un mes

En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscal del caso expuso su teoría de los hechos. Explicó que la investigación de esta causa nació por una denuncia reservada que llegó a su conocimiento en octubre de 2021.

Dicha noticia del delito revelaría la existencia de una empresa dedicada al lavado de activos, actividades en las que estarían involucrados los hoy procesados.

Entre los elementos de convicción expuestos en la audiencia se incluyeron: informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), del Servicio de Rentas Internas (SRI), documentación remitida por el Registro de la Propiedad, además el avalúo catastral de los bienes de los procesados.

La documentación demostraría que, entre 2020 y 2022, los procesados incrementaron inusualmente su patrimonio, presuntamente, fruto de las actividades ilícitas que habrían ejercido, según la Fiscalía.

CAUSA EN EL EXTRANJERO