Miembros de la Armada Nacional, investigados por droga en Galápagos

Ocho integrantes de la Armada Nacional son investigados por la Fiscalía General. La razón: ellos supuestamente trataron de comercializar cocaína escondida en una bodega de la lancha guardacostas 'Isla Darwin' (embarcación en la que se transportaban).

Según la entidad, esos estupefacientes serían parte de un cargamento incautado en días anteriores, en operativos ejecutados por la institución de la que forman parte.

En audiencia de flagrancia, desarrollada en la Unidad Judicial de San Cristóbal, la Fiscalía presentó como elementos de convicción: los partes informativos y de aprehensión de los procesados, la prueba de identificación preliminar homologada, el acta de verificación y pesaje de los narcóticos incautados, el informe de hallazgo y rescate de la droga, así como la denuncia del director regional insular de la Armada Nacional.

La jueza Ivonne Arroyo dictó prisión preventiva contra los tripulantes Xavier Andrés M. P. y Luis Armando P. O., mientras que para Jéfferson Orlando V. G., Andy Gabriel T., Joel Javier A. T., Tony Ubaldo P., Darwin Xavier G. O. y Víctor Luis D. E. dispuso medidas cautelares, como la prohibición de salida del país y su presentación periódica ante la autoridad de Fiscalía.

Con base en la denuncia presentada por el director de la Dirección Regional Insular de la Armada Nacional, la Fiscalía informó que "el personal de esa institución habría estado en posesión de droga aparentemente decomisada en operativos ejecutados con anterioridad".

Al arribar la lancha guardacostas Isla Darwin al puerto Tiburón Martillo, en San Cristóbal, personal de la Marina y Policía Nacional procedió a inspeccionar la embarcación, encontrando el alcaloide escondido en la bodega de maniobras. Toda la tripulación fue aprehendida, hasta culminar con la inspección correspondiente y determinar presuntas responsabilidades.

Fiscalía procesó a los detenidos, con base en el artículo 220, numeral 1, literal c, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este sanciona el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en alta escala, con pena privativa de libertad de cinco a siete años.