Jalisco Nueva Generación se adjudica ataque a Policía en Guayaquil y amenaza con carros bomba a otras UPC

El Cartel Jalisco Nueva Generación firma con sus siglas CJNG los panfletos hallados tras el ataque con fusil a una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) en Socio Vivienda 1, un sector popular del norte de Guayaquil, donde resultó gravemente herida una policía, que permaneció hospitalizada y se confirmó su fallecimiento el 16 de octubre de 2022.

En el lugar, junto a los panfletos, quedaron 16 restos de bala de calibres 223 de fusil y 9 mm de pistolas. Pero la amenaza de que lo mismo vuelva a ocurrir está latente. Al instante en que se ejecutó el ataque, a las 3:45 del 9 de octubre, las mismas hojas fueron dejadas al pie de otras dos UPC en Socio Vivienda 1 y 2.

Mujer policía gravemente herida tras ataque armado en la UPC de Prosperina, en Guayaquil

Este sector de la ciudad pertenece al distrito Nueva Prosperina, donde se ha registrado el mayor número de muertes violentas (237) de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), que hasta el día del ataque contabilizaba 1.128 asesinatos.

El ataque, según la organización delictiva surgida en México y que opera en Ecuador bajo el servicio de pandillas locales, se debe a un supuesto abuso de los uniformados de la zona, que “han metido presa a mucha gente inocente”. También se habla de presuntos golpes y humillaciones a menores de edad.

“Si las autoridades de alto mando no toman cartas en el asunto, tengan la certeza que uno por uno van a quedar muertos, vamos a ir por cada UPC de cada distrito de cada barrio y le vamos también hacer la judía con carros bomba, vamos a matar a cada policía que esté haciendo abuso de su uniforme”, advierten en el documento.

En mayo pasado ya ocurrió una explosión por un coche bomba afuera del cuartel policial ubicado en el sector de Florida Norte.

El ataque se lo adjudicó a una organización local que precisamente es una de las aliadas al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación y que se disputa la ruta del narcotráfico en Ecuador con bandas que están al servicio del cartel de Sinaloa.

El comandante de la Zona 8, general Víctor Hugo Zárate, lamentó la arremetida a las tres unidades policiales pero aseguró que esto no los amedrenta y que, por el contrario, seguirán las acciones contra la delincuencia.

“Esto puede ser una represalia por los trabajos realizados en el distritio Nueva Prosperina. Aquí nos estamos enfrentando a fusiles, a armas de fuego, no a panfletos. Si lo quieren es debilitar a la Policía, eso no lo van a conseguir", advirtió.

Y de hecho, horas después del ataque, fueron capturados 13 individuos, entre ellos tres menores de edad que fueron aislados. Se realizaron 25 allanamientos y se decomisaron dos pistolas, cuatro revólveres, una escopeta, cientos de municiones de diferentes calibres y alimentadoras, según informó el ministro del Interior, Juan Zapata.

“El atentado criminal en Guayaquil no es solo contra una institución, es contra el Estado en su conjunto”, dijo Zapata en una rueda de prensa.

Tras los hechos, la Fiscalía General de Estado inició una investigación de oficio por presunto terrorismo. El cartel Nueva Generación también se adjudicó el ataque a bala al canal RTS y amenaza de muerte al director de diario Extra.

No es la primera vez que la UPC de Socio Vivienda es atacada a bala por delincuentes. En abril de este 2022 esa dependencia también recibió disparos contra su fachada, pero nadie salió herido como esta vez.

El primer atentado se produjo porque policías del sctor detuvieron a un hombre con una motocicleta que estaba reportada como robada. En represalia, la fachada de la UPC recibió 25 tiros.

En junio hubo otro ataque a la misma unidad. Los hechos han provocado que al menos una decena de vecinos abandonen sus hogares, según un reporte de Inteligencia, mientras que las escuelas están casi vacías en Socio Vivienda. El Ministerio de Educación mantiene las clases presenciales a pesar de que reconoce que en este sector de Guayaquil el ausentismo alto.

Los maestros que van a dar clases a los pocos alumnos que acuden deben pagar las denomidadas "vacunas" que exigen los extorsionadores para no atentar contra ellos y brindarles "protección".