Crisis estructural, el reflejo de lo que ocurre en las cárceles de Ecuador

La crisis carcelaria en Ecuador ha cobrado la vida de 360 personas en los últimos dos años. Los problemas de hacinamiento y la falta de control del Estado devela un sistema atrapado por la presión de la delincuencia.

El Gobierno ha comenzado la tarea de aplicar una política pública que involucra a otras instituciones del Estado, aumentar los guías penitenciarios y mejorar la infraestructura.

Sin embargo, Carolina Andrade, especialista en temas de seguridad, cree que se deben definir políticas en todo los niveles del Estado. "No hay mayor violencia que la desigualdad" en una sociedad que afronta también una crisis económica agravada por los impactos de la pandemia de la covid-19.

Si se invierte en la lucha contra la pobreza, se podrían reducir también las posibilidades de que los jóvenes sean reclutados por estructuras criminales, enfatizó la experta.El hecho de que más de 97.000 migrantes ecuatorianos hayan tratado de ingresar ilegalmente el año pasado en Estados Unidos, sobre todo a través de la frontera con México, es un síntoma de que el país afronta una crisis estructural.

El Ejecutivo ha consolidado un discurso de 'mano dura' contra las bandas que operan en la cárcel y ha justificado que las incautaciones de droga y la lucha contra el narcotráfico provocan esta reacción de los grupos delictivos.

Andrade refuta este último argumento explicando que de las 316 personas asesinadas en 2021 en los centros penitenciarios, el 70 % no tenía sentencia, muchos bajo el régimen de prisión preventiva (provisional), y un 39 % de los fallecidos se encontraban recluidos por delitos menores.

En cuanto a la estrategia de utilizar resguardos redoblados de policías y militares, la experta cree que las crisis carcelarias en Brasil, Colombia y El Salvador son ejemplos de que la "mano dura" no es, por sí sola, una estrategia eficaz. Se requiere una intervención integral, remarcó.

La última masacre entre presos, ocurrió el 3 de abril en la cárcel de Turi, donde murieron 20 convictos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado en múltiples ocasiones. El último informe exhortaba al Ecuador a recuperar el control interno de sus cárceles, dé condiciones dignas a los presos y elabore una política de prevención del delito donde la encarcelación no sea el principal recurso.