Solo queda pendiente resolver lo de Jorge Glas

El correísmo volverá a controlar, desde el miércoles 17 de julio, el Consejo de Participación Ciudadana. El voto de la ignominia será de Johana Verdezoto, la consejera que, meses atrás, se distanció de la Revolución Ciudadana para destituir a Nicole Bonifaz.

Lo insólito es que no ha vuelto al redil, sino que opera junto a Juan Esteban Guarderas bajo las órdenes del gobierno de Daniel Noboa.

Y como este consejero ha dado papaya los últimos meses, demandando a la vicepresidenta Verónica Abad y permitiendo, con su voto de reconsideración, que el correísmo impusiera al vocal-presidente de la Judicatura, posiblemente se opondrá a la caída de Andrés Fantoni y Mishele Calvache. Con Verdezoto se completarán las cuatro voluntades para ejecutar la operación.

Luego vendrá lo de fondo. El control absoluto de los dos concursos más importantes que tiene el país por delante: la renovación total de Consejo Nacional Electoral y la designación del sucesor de la fiscal Diana Salazar. Si hasta entonces no se presenta ningún sobresalto político, dichas dignidades tendrán la impronta de la Revolución Ciudadana. Esta agrupación entendió que sacar de juego a Salazar era misión imposible, dado el respaldo ciudadano que tienen sus resultados al frente de la Fiscalía.

Por lo que lo más práctico es esperar hasta abril de 2025, cuando se nombre a la nueva autoridad, tomando en cuenta que el embarazo de Salazar incidirá en estos meses finales.

Por la altísima cuota de poder que el PSC y el presidente Noboa le facilitaron en noviembre pasado, el correísmo ha logrado retener buena parte del control institucional del país y, quizás, hasta recuperar la Presidencia de la República con candidato propio o aliándose a alguna figura popular que, más temprano que tarde, terminará bajo su control.

La cuerda se ha estirado con máxima tensión. El Gobierno no quiere que la Asamblea censure y destituya a la canciller Gabriela Sommerfeld ni a la ministra del Interior, Mónica Palencia, porque eso significaría una sanción del Estado a la operación política que lideró Noboa para irrumpir en la Embajada de México y apresar a Glas. Y con ello, el correísmo, el Grupo de Puebla y la diplomacia de Andrés Manuel López Obrador se anotarían una victoria contundente.

Quizá, para evitar todo ello, Noboa ha terminado por facilitarles las cosas en su interés por incidir en la Judicatura y en la reconquista del Cpccs.

Pero Glas seguirá en su custodia, al menos, hasta que pasen las elecciones o hasta que los problemas de salud del exvicepresidente obliguen a la administración carcelaria a sacarlo de La Roca y favorecerlo con una suerte de arresto domiciliario.

De esta manera, el país vuelve al principio. Es decir, a supeditar su futuro a una agenda donde la impunidad se ha convertido en la moneda de cambio, sin que los políticos que aspiran a jugar por una tercera vía, las élites empresariales, académicas y de control cívico de la corrupción se pronuncien con fuerza y determinación sobre lo que en realidad está en juego.