Violaciones sexuales en Ecuador, una realidad marcada por la impunidad

"Justicia para Brenda" ese fue el pedido que se viralizó en redes sociales hace una semana. Es que detrás del hashtag está la historia de Brenda G. (nombre protegido), quien el pasado 30 de agosto de 2018 fue violada brutalmente por tres funcionarios públicos cuando realizaba su internado de la carrera de Radiología e Imagenología, en Portoviejo, Manabí.

Su profesor Darwin José C. S. en quien ella confiaba, según relató la víctima en un texto publicado en Twitter, la citó para que lo acompañara a una cirugía que él se iba a realizar, además, necesitaba asistir porque era el caso clínico que debía presentar para graduarse. Sin embargo, no hubo cirugía y tras convencerla de que lo acompañe a una casa junto a Rolando Fabricio Z. T., y Ronald Leonardo R. D. allí fue drogada y abusada.

"FALTA DE PRUEBAS SUFICIENTES"

Aunque en primera instancia los agresores fueron sentenciados a 29 años y 4 meses; cuando apelaron el fallo la Corte provincial de Manabí declaró inocentes a dos de los tres procesados (Darwin Cedeño y Ronald Ramírez), detalla a Ecuavisa.com abogado de la víctima Ramiro García Falconí.

Tras el dictamen, la defensa de Brenda presentó el recurso de casación ante la Corte Nacional, pero la audiencia ha sido cancelada ya en dos ocasiones.

Pero ¿cuáles fueron los argumentos para revertir la sentencia? "Falta de pruebas suficientes", expone Falconí, y agrega que aquello no es cierto, pues hay muchas: "Evidencias gráficas, fotos de cómo la encontraron, existe evidencia que no solo fue violada, sino que fue mordida, lastimada e incluso quemada, existe un análisis de laboratorio en donde se demuestra que utilizaron anfetaminas para provocar su inconsciencia", asegura.

Pese a ello, ninguno está en la cárcel, y además, tampoco tienen restricción para salir del país, "han mantenido en suspenso la prisión preventiva con medidas alternativas todos están libre y dos declarados inocentes", lamenta Falconí.

DENUNCIAS SIN RESPUESTA

La historia de Brenda a la vez representa la historia de miles en Ecuador.

Es que según datos de la Policía Nacional entregados a Ecuavisa.com en 2021 se registró 2.099 detenciones por violencia sexual, lo que significa que en promedio hubo 6 detenciones diarias en el país. En lo que va de 2022 hasta el 8 de febrero, se registraron 149 detenciones, es decir, un promedio de 4 por día.

El número de detenciones evidencia la incidencia de los casos.

De hecho, Consuelo Bowen, coordinadora del litigio estratégico feminista del CEPAM Guayaquil, expone que entre 2015 y 2021 la Fiscalía registró más de 40.000 denuncias por violación sexual, sin embargo el cuello de botella es la falta de respuesta del sistema judicial, "durante el mismo período, según datos de la Fiscalía las sentencias fueron muy escasas, no llegan ni a las 1.000 sentencias, lo cual indica que los procesos no avanzan", sostiene.

Pero ¿cuáles son los obstáculos para el acceso de justicia para mujeres? Para Bowen son varios: "la falta de recursos, el poco apoyo a las víctimas, la inexperiencia de la propia Fiscalía que trata estos casos como si fueran casos de otro tipo de delitos".

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EL NUDO EN LA JUSTICIA

Bowen señala que no es cuestión de leyes. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) "aproximadamente establece entre 44 y 45 reglas de protección en los procedimientos para las víctimas de violencia de género en general", recalca.

Reitera que el problema recae en los operadores de justicia. Un ejemplo de ello son los tiempos. Pese a que los procesos por violación sexual deberían tomar hasta dos años, destaca Bowen, en la práctica tardan mucho más, "tenemos casos de investigaciones que aún están abiertas, después de 4 o 5 años de haber sucedido el hecho por la incapacidad del sistema de investigar en debida forma esta clase de delitos".

Es que una vez obtenida la sentencia el proceso no acaba. "El proceso puede alargarse por los recursos de apelación, de casación e incluso la llegada a la Corte Constitucional lo que puede llevar algunos años para las víctimas estar sometidas a estos procedimientos".

Tal como ha pasado en el caso de Brenda quien desde hace más de tres años busca justicia: "Estamos a la espera de una tercera fecha para la audiencia (...) Se han cancelado porque los procesados han alegado causas de salud con la intensión de dilatar el proceso", expone García.