Violación en Quito, un caso que engrosa el millar de denuncias registradas en el contexto educativo

En las calles y en las redes sociales la ciudadanía mostró su indignación, luego de que en un colegio de Quito, una menor de 15 años denunció haber sido víctima de violación en un transporte escolar.

Un caso que engrosa el millar de denuncias registradas en el contexto educativo. De hecho, según datos de la Fiscalía General del Estado, en 2018 se registraron 465 denuncias por abuso sexual en las aulas, en 2019 fueron 378, mientras que en 2020, cuando por la pandemia la educación fue virtual, se registraron 66.

Así, en Ecuador, entre 2018 y 2020, las denuncias por abuso y acoso sexual en instituciones educativas llegaron a ser 1.399. Mientras que, en 2021, la Fiscalía reportó 52 denuncias entre ambos delitos y en lo que va del año ya son siete.

Así, el caso suscitado en Quito ocurre casi dos años después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una sentencia, el 14 de agosto de 2020, donde determinó que Ecuador era responsable de la muerte de Paola Guzmán, una joven de 14 años, que se suicidó en 2002, tras sufrir abusos y violencia sexual por el vicerrector de su colegio.

La sentencia fue considerada un hito para la Región por ser el primero caso condenado por violencia sexual en el contexto educativo. Pero, ¿qué medidas ha cumplido el Estado?

Varias obligaciones de no repetición dispuestas por la Corte IDH aún están pendientes, asegura Valeska Chiriboga, técnica de Incidencia Política y coordinadora del Observatorio Paola Guzmán Albarracín del CEPAM Guayaquil.

"Son cuatro medidas que establece la Corte que son de carácter más estructural para que los hechos que vivió Paola no se repitan", describe Chiriboga.

Entre esas, consta levantar estadísticas actualizadas sobre situaciones de violencia sexual en las aulas, dar capacitaciones a los docentes y también establecer una ruta clara de canales de denuncia.

Otro eje del cumplimiento de la sentencia empezó en el actual Gobierno con la creación de una Mesa Interinstitucional, liderada por la Secretaría de Derechos Humanos, encargada de generar e implementar una política pública de Prevención y Erradicación de la Violencia Sexual en el Ámbito Educativo.

"Aún no está terminada por parte del Estado, se han presentado avances que hemos podido revisar, pero hay muchísima tarea pendiente", sostiene Chiriboga. Además, resalta que en los avances no se ve reflejado la integración de la educación de sexual integral en las aulas, tal como solicitó la sentencia de la Corte.

Este medio consultó a la Secretaría sobre el estado de la elaboración de la política pública, y la institución aseguró que el documento está terminado en su totalidad. Se prevé que sea público en junio una vez culminado el proceso de retroalimentación con la sociedad civil.

Mientras tanto, frente al caso sucedido en Quito, las autoridades ya reconocen que no se cumplió con el protocolo que correspondía. Andrés Chiriboga, viceministro de Educación, en un Ecuavisa 'Space' a través de la red social Twitter, reconoció que hubo errores tanto con la víctima como con su familia.

También fue claro al decir que se revictimizó a la víctima. Con ello concuerda Valeska Chiriboga, quien expone que en esa materia hay mucho trabajo por hacer, según los establecido por la CIDH, "hay muchísima revictimización, no hay canales de atención adecuados para que tengan el conocimiento y protocolo de la denuncia".

Por su parte, el viceministro recordó que la ministra de Educación, María Brown, se reunió con los padres de la víctima y se disculpó por los errores que se han cometido en el colegio.

Este caso deja en evidencia que la violencia sexual en las aulas aún está lejos de ser erradicada en Ecuador. ​​​​​​