Tribunal Internacional de Desalojos urge atender la crisis de vivienda en Guayaquil

El derecho a la vivienda no está garantizado para todos. “Nos están desalojando de la noche a la mañana (...) nos sentimos todos los días amenazados por la autoridad municipal", esas fueron las palabras de la representante del barrio Las Delicias, Mayra Márquez, durante la sesión del Tribunal Internacional de Desalojos (TID), el pasado jueves 4 y viernes 5 de noviembre.

El encuentro reunió a expertos en materia de vivienda, Derechos Humanos, así como autoridades a nivel nacional e internacional para tratar la crisis habitacional en Ecuador. En especial en Guayaquil, donde el 65% del suelo urbano residencial está ocupado por asentamientos informales o irregulares.

Es que la problemática de desalojos en el noroeste de la urbe afectaría a familias repartidas entre los barrios Las Delicias, el Bloque 22 de Flor de Bastión, Ciudad de Dios y Nuevo Guayaquil.

La asambleísta Patricia Sánchez (PK) quien lideró la iniciativa expuso que la ausencia de política habitacional ha incidido en la crisis, "eso hace que la informalidad siga existiendo (...) hoy estos desalojos se replican en la zona noroeste de Guayaquil, esta vez a cargo del Municipio que también ha desarrollado al interior de su estructura una unidad para desalojar a la informalidad".

En esa misma línea, Sánchez expuso que la municipalidad al impulsar obras y regeneración urbana en esas zonas "la gente está siendo desalojada de esos territorios y alrededor de 3.000 familias están siendo afectadas".

Ofertas de vivienda inaccesible

Por otro lado, Sánchez señaló la falta de oferta de vivienda social, pues los planes habitacionales que ofrece el municipio, por ejemplo, no son una opción para muchas familias. "¿Cómo vamos a pagar un plan habitacional cuando a veces no tenemos ni para comer?", preguntó Mayuri Parraga, representante del Bloque 22 de Flor de Bastión durante la sesión.

En ese sentido, Fernando Bastias miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), agrega que "la dinámica de privatizar la oferta de vivienda ocasiona que las personas busquen otras alternativas como los asentamientos".

Desalojos forzosos

En lo que va del año, según la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, han realizado 815 operativos de control, 1.838 estructuras notificadas, mientras que, 5.535 estructuras han sido retiradas.

Bastias cuestiona el rol de la Secretaría "está presente en todos los lugares donde se ejecutan los desalojos forzosos y están en la obligación de recomendar, crear y ajustar el proceso de acuerdo a las recomendaciones de Naciones Unidas".

Aunque Bastias reconoce que existen desalojos legales, como es el caso de la usurpación de tierras, sin embargo expone que "debe ser una medida de última instancia y estudiar la condición de la familia", reitera.

¿Salidas?

Entre las propuestas derivadas del encuentro se propuso establecer una mesa técnica donde participen varios mecanismos nacionales para verificación de normativa y seguimiento de casos. Además, desde la Defensoría del Pueblo, Marco Pacheco, expuso que "se está haciendo un estudio si la normativa se adecua o no a los estándares internacionales”.

Balakrishnan Rajagopal, relator especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, insistió a las autoridades a concertar mesas de diálogo y formular políticas públicas que eviten la violación de Derechos Humanos.

Mientras las propuestas encuentran rumbo, en la Asamblea Nacional se debate el proyecto de Ley de Vivienda de Interés social y se prevé que esta semana sea aprobado el borrador.